Estamos entre que se cae y no se cae la Ley de Financiamiento. La Corte Constitucional tiene la última palabra y cualquiera que sea esa última palabra nos lleva por los callejones de la desesperación y de la angustia.
Si la ley se cae, el quebrado fisco nacional perderá más de siete billones de pesos este año, hueco imposible de tapar. La debacle, el desastre, la catástrofe dicen el Presidente y su Ministro de Hacienda. También se rasgan la vestiduras algunos gremios, porque la Ley contiene rebajas de impuestos, deducciones y premios para los que traen sus capitales.
Pero vamos a suponer que la Corte, enternecida por estas desdichas, se pone otra vez de ruana la Constitución y decide que la Ley se dictó con el cumplimiento de todos los requisitos formales. Pues se salvó el fisco, dirán con la boca hecha agua los fiscalistas. Pero miremos a quién se le cobran esos impuestos y discutamos su conveniencia.
A los que toman cerveza y gaseosa les quitan más de novecientos mil millones de pesos. ¿Y quiénes son ellos? En muy buena medida, los más pobres. La cerveza no es el licor de los ricos, claro está. Muchos de sus adeptos de hoy, hace años se emborrachaban con chicha y guarapo. Nadie aplaudiría el regreso a esas aficiones. Los que estudien esa vieja historia, recordarán lo que costó cambiar la chicha por la cerveza. Y verán con horror el peligro de ese retorno.
Algún optimista pensará que vencido el consumidor de cerveza por el nuevo precio, guardará su dinero para comprar más ropita a sus niños o divertirse con su familia. Bella posibilidad, pero remotísima, nos parece.
El IVA a la cerveza puede afectar, por baja en el consumo a los Santo Domingo. Pero ese no es el caso. Por desgracia.
Valga otro tanto para los consumidores de las bebidas gaseosas. Después de una dura jornada de trabajo, o a la hora de un desayuno frugal, el obrero o el empleadito quiere su Postobón y su pedazo de pan. Pues a reducir otros gastos, porque la Ley del absurdo va a por ellos, como dicen en España.
A los que quieren una casita por primera vez o esperan mejorar la que tienen, el legislador del absurdo los aguarda con una factura de un billón setecientos mil millones de pesos, por impuesto al consumo por venta de inmuebles. Rara manera para estimular la construcción, cuyo descaecimiento es responsable, en grave medida, del desempleo que padecemos. Y más rara manera, si cabe, de convencer a la gente para que gaste menos y ahorre más con la ilusión del inmueble cuya venta se castiga.
La Ley del absurdo vuelve lanzas contra el patrimonio, el más absurdo de los impuestos conocidos. Porque significa castigar el ahorro y por el ahorro la inversión. A los que no botaron su platica, sino que la guardaron para desarrollar el país, les meten una paliza de ochocientos mil millones de pesos. ¡Quién lo creyera!
No se sabe si es peor que la Corte declare exequible la Ley para que contribuyan
a la salvación de la Patria los que toman cerveza y gaseosa,
los que quieren tener casita propia, los que convierten la platica en patrimonio
Esta absurda Ley, llamada de financiamiento, también mete mano al dril de los que tienen platica en las bolsas de valores. Porque a pesar de los Interbolsas y de tantos otros engaños y fraudes, queda gente que tiene acciones y por tener acciones reciben dividendos. A esos insensatos, en su mayoría gente retirada que conserva algún capital para la vejez, los agarran a zurriago y les quitan cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos, para contribuir al loable propósito de cuadrar las cuentas del doctor Carrasquilla.
Hemos oído decir, todos los días y varias veces cada día, que es preciso atraer capitales del exterior porque los que tenemos son insuficientes para que crezca la economía, se desarrollen las tecnologías nuevas, aumenten las exportaciones y se multiplique el empleo. Pues a los que inocentemente trajeron su platica a Colombia, y a los que piensen venir, que son tan pocos, la paliza por remisión de utilidades sería de trescientos sesenta y ocho mil millones de pesos, en este año, solamente. Recordamos que todos estos números valen para un año, porque en los siguientes las cosas pueden venir peor.
Por manera, como dicen ahora ciertos clásicos, que no sabe uno qué preferir. Si que la Corte declare inexequible la Ley y el roto fiscal sea de los mil demonios, esto es, peor que el actual y el de mañana, o que la declare exequible para que contribuyan a la salvación de la Patria los que toman cerveza y gaseosa, los que quieren tener casita propia, los que no se gastan la plata sino que la convierten en patrimonio, los que reciben dividendos para sobrevivir, los que quieran trabajar en Colombia y producir utilidades. Por eso es la Ley del absurdo. Porque es malísima inexequible y pésima vigente. ¿De qué palo ahorcarnos?
