La Procuraduría general de la Nación ha abierto una nueva investigación preliminar contra el alcalde de Funza, Daniel Felipe Bernal Montealegre, por su presunta responsabilidad en la violación del estatuto de contratación pública. Con esta pesquisa se suman tres en lo que va corrido de su mandato: la primera es por su presunta responsabilidad en sobrecostos en la adquisición de mercados y elementos de bioseguridad con ocasión de la pandemia; la segunda es por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en la entrega de computadores para víctimas del conflicto en Funza.
El contrato por el cual la Procuraduría General de la Nación le abrió la indagación preliminar al alcalde
Un contrato suscrito entre el alcalde de Funza y el Fondo de proyectos de Cundinamarca (Fondecun) podría dejar en apuros al burgomaestre si se comprueba que pudo haber incurrido en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Estado colombiano, e incluso en violación de la ley “antisoborno”.
El contrato en cuestión es el número 288 de 2020, suscrito el 4 de junio pasado, por un monto de $449’422.947, y cuyo fin es que la entidad departamental, Fondecun, realice la gerencia integral del proyecto denominado “Funza, movilidad inteligente”. El contrato en el que la Alcaldía de Funza regida por Daniel Felipe Bernal Montealegre (Cambio Radical) entregó este monto a la entidad departamental se suscribió entre el alcalde y el entonces gerente de Fondecun Francisco Javier Salcedo, ambos actuando en su calidad de representantes legales de cada ente público. Sin embargo, dentro de la Junta Directiva de Fondecun se encuentra el propio hermano del alcalde, Carlos David Bernal Montealegre, quien se desempeña allí como el subgerente técnico de esta empresa.
El hermano del alcalde aparece en Cuentas Claras como donante de la campaña de Daniel Bernal. En el documento que hace alusión a los créditos o aportes del patrimonio de sus cónyuges o parientes, Carlos Bernal figura con un aporte a la campaña por $33’000.000 (treinta y tres millones de pesos). La Procuraduría General de la Nación a través de la Directiva No. 024 había advertido sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas que hayan superado el tope del 2%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1778 de 2018, conocida como Ley Antisoborno. En el caso concreto de Funza, el Consejo Nacional Electoral en 2019 dictaminó que por tratarse de un municipio con un censo electoral entre 50001 y 100.000 ciudadanos, el tope de la campaña estaba en los $654’437.075. Así pues, el hermano del alcalde en su momento aportó un 5% del monto máximo, lo que lo cobijaba con la inhabilidad contemplada en la ley que se ha citado.
Violación del Estatuto de contratación de la administración pública
La Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, estipula en su artículo octavo que no podrán celebrar contratos “las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”. Pues, precisamente, el hecho de que el ordenador del gasto de Funza, el propio alcalde, contrate con la entidad en donde su propio hermano es miembro de la junta directiva podría considerarse como una clara violación de este régimen especial de contratación pública. Sería beneficiar a su hermano indirectamente con presupuesto público del municipio. Todo esto en tiempos en los cuales es apremiante el buen uso de los dineros públicos, la austeridad y la atención prioritaria de recursos para atender la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
En la cuenta de Twitter de Fondecun el 15 de julio se dio cuenta de la celebración del contrato entre la entidad y el alcalde Bernal. ¿En qué se ha ido casi medio billón de pesos de la alcaldía de Funza ejecutados por Fondecun, donde está el hermano del alcalde, en este tiempo de pandemia? De acuerdo con Colombia Licita, un poco más de 78 millones de pesos fueron usados del Contrato No. 288 de 2020 para la adquisición de elementos de seguridad y bioseguridad para el apoyo a la regulación del tránsito. La propia alcaldía dio cuenta de la adquisición y entrega de estos elementos a los gestores viales en una publicación realizada el 22 de junio.
Curiosamente, el contrato 288 es uno de los más costosos que en toda su historia haya realizado el municipio de Funza con Fondecun. Por ejemplo, en 2017, los Estudios y Diseños del Parque lineal del Gualí costaron un poco más de 308 millones de pesos.
