El 28 de septiembre es el día de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito. Un tema tan controversial en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, pero que requiere total atención de los gobiernos de la región, porque aunque existen leyes restrictivas estas no garantizan la no realización de abortos y por el contrario las mujeres exponen sus vidas en procedimientos clandestinos e inseguros. Según el informe de Guttmacher Institute 760.000 mujeres en América Latina y el Caribe reciben tratamientos por complicaciones en abortos inseguros. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “en los países donde al aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro; por el contrario, en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. Restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos”.
Podría continuar con las sorprendentes cifras de abortos inseguros en América latina y el Caribe, pero creo pertinente detenerse en las mencionadas cifras y hacer un análisis a la situación de la penalización del aborto en nuestra región. Es evidente que la restricción lo que produce no es la disminución sino el aumento de abortos inseguros, hecho que coloca en riesgo la vida de las mujeres. Esta es la manera como los Estados y la gubernamentalidad ejercen poder sobre las mujeres, es su forma de obligarnos a ser madres y no permitir la autonomía sobre nuestros cuerpos.
Quienes se oponen al aborto legal, seguro y gratuito y que con su posición avalan el aborto inseguro (porque podrán oponerse los Estados y sociedades pero las mujeres seguirán practicándolo y al ser clandestino es aprovechado por manos inescrupulosas en muchas ocasiones) podrían decir que existen métodos anticonceptivos y de esta forma recriminar a la mujer que tiene un embarazo no deseado, pero las preguntas serían: ¿Acaso existen cátedras de educación sexual en los colegios como plan de estudios institucionales ordenado por los gobiernos? ¿Tienen todas las mujeres, aún en condiciones económicas de pobreza, acceso a métodos anticonceptivos? Lo que las argentinas con el pañuelo verde en el cuello gritaban en las marchas a favor del aborto legal, seguro y gratuito en los pasados debates del 8 de agosto por la despenalización del aborto es el grito de todas las feministas de Latinoamérica y el Caribe: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Sin embargo, la situación es mucho más grave. En países como Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Surinam y República Dominicana donde el aborto está completamente penalizado, donde las niñas, adolescentes y mujeres que sin importar la causal —como el hecho de ser violadas, tener abortos espontáneos o que el embarazo ponga en riesgo su vida— tienen que cargar además con ser criminalizadas. El Salvador, por ejemplo, es uno de los países con leyes más severas en relación con el aborto, las mujeres que sufren complicaciones en sus embarazos y terminan con un aborto espontáneo son encarceladas y acusadas de homicidio agravado, así como le sucedió a Mariana López condenada a 25 años de prisión por homicidio agravado por supuestamente abortar y que este 2018 fue liberada tras conmutar su pena y pagar 18 años de prisión, también es el caso de Elsi Rosales quien también fue liberada este mismo año luego de ser acusada de supuestamente abortar.
Las mujeres que se encuentran en situación de pobreza son quienes ponen en más riesgos sus vidas tras pasar por procedimientos de interrupción del embarazo inseguros, puesto que, no cuentan con los recursos económicos para someterse a un procedimiento seguro en una clínica responsable o en su defecto salir de sus territorios y viajar como las mujeres que sí precisan de recursos.
La única forma de prevenir las muertes de miles de mujeres es evitando los embarazos no deseados que según la OMS “La gran mayoría de abortos son el resultado de embarazos no planeados… Las tasas más altas en 2010–2014 ocurrieron en América Latina y el Caribe (96 por 1,000) y en África (89 por 1,000)”. Estos se evitan con una educación sexual laica, con el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos y por supuesto, con la despenalización del aborto, permitiendo así la autonomía de las mujeres en sus decisiones personales sobre sus cuerpos, en elegir si son madres o no, o en decidir cuándo desean tener sus hijos e hijas.
La imposición de leyes patriarcales a las mujeres no debería ser una realidad en ningún país, nosotras debemos ser tratadas como ciudadanas con los mismos derechos que el resto de la población que compone la sociedad. Las cifras investigadas por organizaciones feministas y organizaciones internacionales que velan por los Derechos Humanos muestran que la penalización no es la respuesta.
Este 28 de septiembre las feministas de Latinoamérica y el Caribe exigimos a todos los gobiernos de la región la despenalización del aborto, la marea verde inició en Argentina, causando efecto y entusiasmo en el resto de los países de América latina. Así que lo que gestamos no va a parar hasta que el aborto sea ley, porque si algo sabemos las mujeres es resistir y organizarnos para luchar por nuestros derechos hasta obtenerlos.
