Aunque se han registrado varios avances en la atención a la población venezolana en Bucaramanga, con el censo y caracterización que se viene adelantando desde hace unas semanas aún es incierto el número exacto de estos extranjeros en nuestra ciudad.
Sin embargo, este es un factor clave a la hora de definir un plan de acción serio frente a esta problemática, tal como aseguró Jaime Andrés Beltrán, concejal de Bucaramanga.
Si bien hoy nuestro país y ciudad no gozan de una bonanza económica, se deben garantizar mínimamente los derechos básicos de los venezolanos que por razones humanitarias han tenido que abandonar su país. Además, hace falta darles un tratamiento desde la óptica de refugiados, para lograr de este modo apalancar recursos de organismos internacionales que nos permitan brindar un mejor y mayor acompañamiento.
La ciudad debería acogerse a la propuesta de ACNUR que conlleve a tratar como refugiados a los venezolanos en Bucaramanga. De hecho, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los estándares mínimos que deben garantizarse a los refugiados son:
a) Legalidad: la garantía de la expedición de un documento oficial conocido por todas las autoridades gubernamentales.
b) Accesibilidad: independientemente de la fecha de entrada al país la accesibilidad a mecanismos que garanticen la estancia legal, no deben generar costos o sus costos deben ser mínimos. Además, ni la entrada/presencia irregular ni la falta de documentos de identidad serían vistos como una razón válida para denegar el acceso a dicho mecanismo.
c) Acceso a los derechos básicos: los mecanismos basados en la protección también deben garantizar el acceso a los servicios básicos y a los derechos fundamentales.
Pues bien, dichos derechos incluyen: Atención médica, acceso a la educación, unidad familiar, libertad de circulación, acceso a albergue y derecho al trabajo. Todos estos deben garantizarse de manera igualitaria y no discriminatoria.
d) Garantías de no retorno: En vista de la situación actual en Venezuela, el ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que les garanticen a las personas beneficiarias de estas formas complementarias de protección, protección temporal o acuerdos de estancia, o visados o mecanismos migratorios laborales que no sean deportados, expulsados, o de cualquiera otra manera forzados a retornar a Venezuela.
Así las cosas y entendiendo que esta población tiene un estatus diferente por su condición de salida (obligada) del país de origen, es cierto que todos sin distingo alguno deben ser atendidos como ciudadanos del país receptor. Con esto en mente, este es un llamado de solidaridad y apoyo a unas personas que, por causas ajenas a su voluntad, abandonaron el país que los vio nacer.
