La empresa Centrales Eléctricas de Nariño, manejada centenariamente por Myriam Paredes y en gran tramo del tiempo en compañía del senador Eduardo Enríquez Maya, es la gallinita de los huevos de oro de estos dos personajes que han utilizado a la empresa como gran fortín electoral.
Por estos días, se conoció algo que para los sectores corruptos puede ser normal. Sucede que Luis Armando Delgado Sánchez, jefe de la oficina jurídica de Cedenar, aparece en la lista de abogados sancionados por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por espacio de ocho meses a partir del dos de marzo del presente año, según aviso divulgado por la Secretaría del CSJ de Nariño.
El sancionado abogado goza del respaldo total del senador Eduardo Enríquez Maya, connotado dirigente del partido conservador salpicado de corrupción en sus más altas esferas de dirección, a su vez el parlamentario es socio de Carlos Albornoz, el director de la saqueada Dirección Nacional de Estupefacientes, puesto en libertad por vencimiento de términos. Además con su copartidaria Myriam Paredes, quien también está relacionada con los desfalcos de la DNE, son los que manejan el poder burocrático de Cedenar.
La cercanía del jefe de la oficina jurídica de la empresa de energía eléctrica con el senador Enríquez es evidente, puesto que es sobrino del diputado conservador Leonel Sánchez y es a la vez hermano del alcalde de Funes, Julio Delgado. Funes es la cuna del parlamentario godo.
El cargo del señor Delgado Sánchez es el segundo en poder y el que maneja la contratación en la empresa, que como Cedenar tiene un alto índice de contratistas.
Con todos los casos de corrupción que se están ventilando en el país, este puede ser de marca menor, pero no lo es. Todo lo que trasgreda la ley y vaya en detrimento del bien público es corrupto y este caso cobra especial importancia, habida cuenta que el implicado cuenta con el respaldo de un “padre de la patria”. Varias son las personas e instituciones salpicadas: el gerente quien lo nombra, posiblemente la Junta Directiva, quien acepta. Los entes de control como la Procuraduría y Contraloría que se hacen los de la vista gorda, porque los avisos sancionatorios contra los abogados son de su conocimiento pleno, puesto que el CSJ les compulsa copia de los mismos.
La opinión pública nacional está asqueada de tanta corrupción, todos los poderes del estado infiltrados, los institutos descentralizados, las empresas estatales igualmente, esperemos que en este caso, que es de conocimiento público, los entes de control asuman una actitud digna y actúen con ética y en defensa de los intereses generales. Esta es una notificación.
