El abogado tolimense Orlando Arciniegas escogió la ciudad de Valencia en España para escampar a la persecución judicial que había iniciado la Fiscal regional del Tolima Epifanía Cárdenas, comprometida en no dejar reinar la impunidad frente a un robo evidente a los ojos de todos. Ella, como todos los tolimenses, vivía indignada al ver el estado de unas obras en las que se invirtieron cerca de 12 mil millones para los Juegos Nacionales y no solo no sirvieron como escenario en las contiendas del 2015 sino que ahora son unos esqueletos de cemento ofensivos en el corazón Ibagué.
Con la justicia respirándole cerca, Arciniegas dejó de contestarle el celular al ex alcalde Luis H. Rodríguez, quien le había entregado toda su confianza como coordinador de los juegos. Empacó en cuatro maletas los objetos personales que pudo de su casa en el conjunto campestre Rincón del Vergel y tomó el avión rumbo a España, a donde se requería de visa para aterrizar.
El efectivo que llevó se le quedó cortó y en mayo del año pasado estaba reventado en Europa. Atrapado por las dificultades económicas no vio escenario distinto a adquirir tiquetes para él y su familia de regreso a Bogotá. Llevaba pocos días en Colombia cuando lo sorprendió la orden de captura que lo sindicaba de haberle otorgado de manera directa y como único proponente a las empresas españolas Typsa, Grupo Ortiz y el Grupo Vera la construcción de los escenarios deportivos de la Calle 42 como contraprestación a un giro de $ 1.000 millones de pesos, el equivalente al 10% del valor total de la obra que no se concluyó y dejó a su ciudad muy mal parada de cara a los Juegos nacionales deportivos. Pesaban sobre Arciniegas los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos producto de la investigación iniciada en el 2015 por la fiscal Epifanía Cárdenas y que se convirtió en un ejemplo para la política de Bolsillos de cristal que la Fiscalía está implementando en todo el país. Arciniegas solo pensó en huir y vio en el Ecuador un refugio.
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En Ibagué todos le tenían miedo a la lengua viperina de Orlando Arciniegas cuando tomaba el micrófono en la emisora Ecos del Combeima y golpeaba a diestra y siniestra al político que no lo complaciera en sus pretensiones. En el 2003 logró tumbar al gobernador Jorge García Orjuela al propiciar, a punta de micrófono, una investigación disciplinaria por violación del régimen de inhabilidades y doble militancia, que le significó la destitución por parte de la Procuraduría. Arciniegas, después de pactar con García Orjuela, terminó siendo su abogado en el mismo proceso que lo dejó por fuera de la Gobernación. El alcalde Jesús María Botero también pasó por la lupa radial de Arciniegas por la creación de la empresa de aseo Ibagué Limpia y terminó inhabilitado por once años. Ambos políticos pagaron por un pecado común: no haber nombrado a ningún recomendado del litigante Arciniegas.
Nacido en Roncesvalles en 1960, creció en el humilde campo tolimense en una familia que vivía de hacer enjalmas para mulas y caballos. Aunque estudió primaria en un colegio público de El Líbano, logró completar estudios en la Universidad Libre de Bogotá donde se graduaría en 1989. Arciniegas miraba para adelante y con el apoyo del Partido liberal ocupó el primer puesto público como personero de Guataquí en Cundinamarca. Completó tres especializaciones: en instituciones jurídicas políticas y derecho público en la Universidad Nacional, y en penal y procesal en la Universidad de Ibagué.
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En el estudio de las leyes encontró las claves para violarlas. Desde entonces fue denunciado penalmente por haber cancelado tres cuotas de su primer carro con cheques sin fondo y se embolsilló el dinero que recibió un cliente de Espinal por la reparación que le había reconocido el Estado en un pleito en el que Arciniegas lo representó.
Cuando recién se posesionó el alcalde liberal Luis H. Rodríguez, Arciniegas enfiló baterías contra su administración cuando ésta apenas comenzaba. Usó el mismo método de doblegar con el micrófono y la emprendió contra sus dos asesores de cabecera Agustín Angarita y Carlos Orlando Pardo, a quienes insultaba llamándolos conspiradores, rasputines. Su táctica, probada en otras ocasiones, le resultó nuevamente eficaz y en pocos meses Arciniegas formaba parte del grupo que rodeaba al alcalde. Conversaban fuera de oficina; empezaron en las mañanas a hacer ejercicio en bicicleta. Los asesores Angarita y Pardo, compañeros de largos años del alcalde, pasaron a un segundo plano y Arciniegas pasó a un ser la voz cantante dentro de la administración. El alcalde Rodríguez mordió el anzuelo y cometió el error de su vida: nombrarlo asesor de la Secretaria de hacienda y por esa vía entregarle el manejo del programa estrella de la ciudad: los Juegos nacionales del 2015.
En el 2013 aparecieron los $120 mil millones del gobierno nacional que a través de Coldeportes le asignó a la administración de Rodríguez para la construcción de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales; una oportunidad única de despegue para Ibagué que se convirtió en un hueco negro por cuenta de Arciniegas. En un par de horas, logró convencer al alcalde Rodríguez de darle los poderes para ser el arquitecto jurídico de la contratación de las obras. La figura del abogado –al que llamaban “Botellón” por su obesidad- quien además dictaba clases de ética y moral en la Universidad Cooperativa de Colombia, despertaba resquemor dentro del equipo de gobierno. Los choques con el secretario de Infraestructura, Jorge Pérez, con el de Planeación, Juan Gabriel Triana y con la secretaria Jurídica, Sandra Gómez, no tardaron en llegar. Se repetían diariamente. Los secretarios le advertían al alcalde las anomalías pero Rodríguez hizo siempre oídos sordos.
La fórmula de Arciniegas era sencilla. Identificar constructores y lograr sacarle coimas ofreciéndole como contraprestación contrato seguro a través de la manipulación de los pliegos de licitación. El modelo lo replicó en todas las obras. Al gerente del Instituto municipal de deportes y recreación de Ibagué le aseguró $300 millones por cederle el manejo del pliego que direccionó hacia la española Typsa, cuyo gerente en Colombia Luis Rodrigo Uribe está colaborando con la justicia, que le entregó a Arciniegas $ 1.2000 millones por la gestión para entregarles el contrato, colocando una cláusula de experiencia que solo cumplían los españoles. El ingeniero de la constructora Jorge Orlando Navarrete, interlocutor con Arciniegas, también está detenido. Las obras nunca se concluyeron.
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La Fiscal de la regional del Tolima. Eufemia Cárdenas, se empeñó en descifrar la trama delincuencial. El primero que cayó fue Amaury Elías Blanquicet, quien operaba como testaferro de Arciniegas, a quien condenaron a seis años de cárcel; igual que Wilmer Manchola y Gloria Inés Martínez.
En junio del 2016, de huida hacia el Ecuador, Arciniegas fue capturado. Con gran cinismo negó los delitos de aceptar los delitos de fraude, blanqueo, peculado, conclusión y enriquecimiento ilícito. Había hecho una fortuna ilegal que trascendía los escenarios de Los Juegos Nacionales y cubría los acueductos del Líbano, Honda y Villahermosa cuando era gerente suplente de la firma Asesoría y consultoría legal –Asnegal- contratados por de la Empresa de aguas del Tolima durante la gobernación de Luis Carlos Delgado Peñón.
El juicio, que duró ocho meses, en el que pesaron las pruebas documentales que aportó la fiscal Cárdenas, lo siguió desde la casa, condición privilegiada de detención que logró apelando a una enfermedad mental: depresión y apnea de sueño. El juez primero especializado de Ibagué lo encontró culpable de corrupción, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y sin cumplimiento de requisitos legales y concusión, lo condenó a 36 años de cárcel y a pagar una multa que supera los $ 22 mil millones. Arciniegas, derrotado por la justicia, intentó inútilmente recurrir a su insomnio para permanecer en su cómoda casa de la urbanización Rincón del Vergel, pero terminará encerrado en la Cárcel La 40 de Pereira. La pena otorgada al profesor de ética y moral la tiene reservada el código penal colombiano para violadores y asesinos; con ésta el juez busca un castigo ejemplar en un momento en que pareciera no van a alcanzar las cárceles para tanto corrupto en Colombia.
