Emilio Tapia volvió, una vez más, a La Picota en la madrugada del sábado, 9 de octubre. Deberá enfrentar un nuevo juicio por su implicación en el entramado de corrupción entre la Unión Temporal Centros Poblados y el ministerio de las TIC por la pérdida de 70 mil millones de pesos. Hasta hoy, su abogado, Alejandro Sánchez, quien se ha encargado de su defensa en el caso, se dirigió a la cárcel para reunirse con el contratista. Tras esperar una hora afuera del recinto, le prohibieron el ingreso debido a que Tapia deberá hacer un aislamiento obligatorio de 14 días como protocolo de bioseguridad por su viaje de Barranquilla a Bogotá. Alejandro Sánchez y Emilio Tapia deberán tratar todos los pormenores por teléfono hasta el 27 de octubre.
La petición de Alejandro Sánchez para que Tapia fuera recluido en el Batallón Militar en Malambo, Atlántico para resguardar su seguridad tras amenazas de muerte en su contra y también poder estar cerca a su núcleo familiar en Barranquilla fue declinada por la Fiscalía. El contratista fue enviado a La Picota, un centro de máxima de seguridad en donde será tratado como un recluso común y corriente tras la orden del juez en la que también le aclaró a Tapia que las cárceles no eran una cadena de hoteles.
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