La tragedia de la periodista Jineth Bedoya, secuestrada y violada en el año 2000 por paramilitares, cuando adelantaba una entrevista en la Cárcel La Modelo en Bogotá, ha tenido finalmente una alentadora y merecida repercusión en el Congreso de la República, al aprobar un proyecto de ley que “crea el fondo ´No es hora de Callar´, para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género”.
Con un total de ocho (8) artículos –bajo la ponencia del Senador Carlos Alberto Benavides y la Representante Etna Támara Argote- la iniciativa legislativa cumple una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fijada en una sentencia del 26 de agosto de 2021 sobre el caso “Bedoya Lima y Otra Vs. Colombia”, siendo no solo un avance para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de la mujeres –en este caso de las que ejercen el noble oficio del periodismo- sino que además se ratifica la autoridad y discrecionalidad de un organismo internacional, en la inmensa tarea de promoción y protección de los derechos humanos.
El Artículo 1 crea entonces “el Fondo ´No es hora de Callar´ para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género”, que financia programas “para prevenir, proteger y asistir a las mujeres periodistas víctimas de violencia de género”, en donde se acoge una proposición del Senador José Vicente Carreño, para que esos “programas” no solo sean del orden nacional sino territorial –departamental, distrital y municipal- lo que abre las puertas para implementar la figura de la “cofinanciación”, en donde un determinado programa “municipal” aporte sus propios recursos, capte recursos de la Gobernación y –cumpliendo con todos los requisitos técnicos y legales- pueda recibir recursos del mencionado Fondo.
La idea de Carreño es promover –de manera literal y directa- la implementación de programas para mujeres periodistas de la región –con el aporte público y privado- quienes no tienen muchas veces los espacios y garantías suficientes para denunciar casos de violencia de género, por lo que en silencio deben soportar los embates de esta dura realidad, aún más cuando éstas ejercen su oficio en puntos neurálgicos del conflicto interno, en un gran porcentaje sin contar con un salario básico mensual, ni mucho menos con la debida seguridad social, dado la lamentable informalidad con la que se suele ejercer el periodismo en Colombia.
El Artículo 2 de esta iniciativa –que ahora tiene pendiente la sanción presidencial- fija que el Estado debe aportar mensualmente a este fondo la suma de 500 mil dólares mensuales, debidamente incluido en el Presupuesto General de la Nación y el Marco Fiscal del Mediano Plazo; y el Artículo 3 establece que la administración del Fondo será una cuenta del Ministerio de la Igualdad, y su reglamentación contará con la activa participación de los delegados de la campaña “No es hora de callar” –liderada por la periodista Bedoya- y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); mientras los Artículos 4, 5, y 6 se refiere a las fuentes de financiación, rendición de informe anual, investigación y seguimiento; como también la necesaria armonización de políticas.
*** Asesor Legislativo – Escritor.
