Ya el país conoce de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia, con relación al senador Álvaro Uribe Vélez. Medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de residencia. La providencia, de acuerdo con el comunicado de la Sala Especial obedece a:
“Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.
Al mismo tiempo, el comunicado aclara:
“La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga”.
Así que si nos atenemos a la resolución judicial, resulta obvia la falsedad de la argumentación exhibida por todos los voceros del Centro Democrático, en el sentido de que nos encontramos frente a una persecución política. La radio y la televisión han entrevistado repetidamente a importantes figuras de ese partido que sostienen, no se sabe fundados en qué, que no existen pruebas de ninguna naturaleza contra el expresidente.
Hasta el presidente de la República se atreve a considerar que su opinión tiene más valor que el riguroso estudio de la realidad procesal cumplido por la Corte. Para él no existe ningún riesgo de que el senador detenido pueda de algún modo obstruir la justicia. Asegura que Uribe es un hombre honorable, por encima de los elementos materiales probatorios incorporados al proceso.
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Hasta el presidente de la República se atreve a considerar que su opinión tiene más valor que el riguroso estudio de la realidad procesal cumplido por la Corte
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Con toda razón el procurador general de la Nación salió a recordarles a todos los funcionarios uribistas, el imperativo de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. A ese respecto añadió que ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. El uribismo intenta posicionar la consigna de que la justicia no se respeta cuando no es justicia, en una peligrosa idea que pone en riesgo la institucionalidad del Estado Social de Derecho.
El día antes de hacerse pública la providencia que ordenó la detención del senador Uribe, todas las altas cortes del país se habían pronunciado en un severo comunicado, previendo lo que sucedería: “Las providencias judiciales tienen instancias para ser controvertidas (…) no sólo los ciudadanos y funcionarios de todo orden y jerarquía, sino las instituciones y quienes las representan tienen el deber de salvaguardar la integridad de las decisiones judiciales”.
Así que si hay alguien procediendo de manera ilegal y arbitraria son todos esos personajes, de las ramas legislativa y ejecutiva del poder público, de los gremios y jefaturas políticas afines al uribismo, que se rasgan las vestiduras proclamando la inconveniencia de la medida judicial o su carácter aberrante. Son ellos quienes están poniendo en peligro la estabilidad de la nación.
Simplemente sucede que esta vez el exgobernador, expresidente y senador Uribe no consiguió borrar el rastro de sus acciones ilícitas, como está acostumbrado a hacerlo, y no pudo conseguir que su enorme influencia política pesara sobre el ánimo de sus investigadores, tal y como viene ocurriendo desde hace muchos años con la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Son más de doscientas las denuncias por múltiples hechos punibles de los que se acusa a Álvaro Uribe, que reposan en sus archivos sin conseguir el mínimo adelanto procesal. Además de que tratándose de procesos penales ante las cortes competentes, siempre se ha presentado la curiosa paradoja de que resultan condenados sus subordinados más inmediatos, sin que sea posible procesar penalmente al seguro determinador de sus acciones.
Del mismo modo los argumentos de los apasionados defensores del senador Uribe se valen de su eterno caballito de batalla, las Farc y sus aparentes aliados, a quienes del modo más rebuscado pretenden culpar de lo que le ocurre a su jefe político. Hay que decirlo de frente y sin temor, Álvaro Uribe se enredó solo en sus propias artimañas, aquí nada tiene que ver la izquierda. Ni la guerrilla ni el partido político surgido de los Acuerdos de La Habana.
Lo afirma la Corte Suprema de Justicia, las conductas punibles reprochadas al senador Uribe ocurrieron después del 16 de febrero de 2018, luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte ordenara el archivo de la denuncia presentada por él contra el senador Iván Cepeda. Uribe quiso vengarse, pero las cosas no le salieron. Al mejor cazador se le va la liebre, dicen.
