A principios de mayo Juan Pablo Barrientos, un incisivo y metódico periodista de Caracol Radio, denunció una serie de irregularidades que salpicaban a la gerente de Metrosalud (Martha Castrillón) y a su excuñado (Óscar Hurtado, secretario de Hacienda de Medellín). A pesar de la gravedad de las acusaciones, que concluyó con la caída de un corretaje multimillonario que Castrillón le había adjudicado a la empresa Seguros Hurtado Pérez y la suspensión de la designación de una sobrina del secretario en la dirección administrativa de la entidad (nada más y menos que a cargo de toda la contratación), las acusaciones de conflicto de interés o tráfico de influencias van pasando a los anaqueles del olvido.
Óscar Hurtado decidió guardar silencio y su único pronunciamiento público ante esa situación consistió en afirmar con cinismo que es “hombre muy feliz”. El mismo alcalde, Daniel Quintero, que solo se ha pronunciado ante el proceso de responsabilidad fiscal por casi mil millones que le abrió la Contraloría General, no se ha querido referir a esos hechos (ni siquiera para apoyar o exigirle claridad a su secretario) y seguramente no se va a pronunciar hasta que algún ente de control intervenga, así me lo hicieron saber personas cercanas a su círculo de mayor confianza.
Al interesarme críticamente en el tema y publicar una serie de textos donde le reclamaba a Quintero por su silencio y le exigía la coherencia que tanto pregonó en campaña, he sido víctima de ataques, hostigamientos e insultos. Hace algunos años trabajé en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista Óscar Hurtado, tenía el cargo de asistente grado 1 y mi función principal consistía en diseñar proyectos de ley (logramos algunas leyes), organizar audiencias, debates en comisión y coordinar con sectores sociales (incluyendo sindicatos) una agenda legislativa. Mi trabajo siempre fue exclusivamente técnico y renuncié a esa asistencia cuando Hurtado suspendió mis funciones tras las elecciones de 27 de marzo de 2018 y en la práctica me convertía en una de esas tradicionales “corbatas” que trabajan poco y les llega muy puntual el sueldo.
Por esa antigua relación laboral, muchas personas me han cuestionado. ¿Por qué escribes contra Óscar si trabajaste con él? Sin comprender que una cosa nada tiene que ver con la otra. Mucho más cuando mi labor ha sido y seguirá siendo el de hacerle control ciudadano a Quintero y porque nunca he atacado o atacaré a Hurtado como persona.
Por el contrario, el secretario se alteró y a los pocos días de publicar el texto Los nombramientos que enredan al secretario de Hacienda de Medellín, me escribió a mi WhatsApp en una actitud hostil. Me dijo que era una “lora” que repetía supuestos montajes del uribismo, también cuestionó mi formación académica y mi “dignidad”. Un episodio preocupante que no solo evidencia un cobarde intento por amedrentar mi libertad de opinión, sino que demuestra la actitud que han asumido Quintero y sus hombres hacia quienes hemos decidido tener una postura crítica a su gobierno. Nos ven como una supuesta amenaza.
A Hurtado se le está exigiendo es claridad: ¿qué tipo de injerencia tuvo en la designación de su excuñada como gerente de Metrosalud?, ¿a qué se deben los corretajes de seguros que favorecen a la empresa de su familia con contratos multimillonarios?, ¿qué tiene que decir del corretaje en Metrosalud y en los contratos que involucran a la cuestionada corporación Colombia avanza?, ¿tráfico de influencias?, ¿acaso es ético que la empresa familiar de quien maneja los recursos de la ciudad asuma contratos multimillonarios en varias dependencias de la alcaldía?
Obvio el secretario no va a responder. Tanto para él como para Quintero la estrategia ha sido el silencio. No se detienen a reflexionar que más que una consideración legal (eso de pronunciarse cuando solo un ente de control intervenga) los cuestionamientos se detienen en su responsabilidad ética frente a lo público. Del secretario creo (y me han dicho) que no tiene tiempo, seguro es un hombre muy ocupado, aunque sí dispone de un poquito de espacio en su apretada agenda para tratar de “lora” a un simple ciudadano que en uso de sus derechos constitucionales le está exigiendo respuestas.
