Por estos días tanto en La Habana como dentro del país, se habla de revisar la estructura de nuestras instituciones como requisito para construir la paz. Esta es una buena oportunidad para analizar la organización del territorio a través de los departamentos, entes que en buena proporción se distinguen por politizados, corruptos e ineficaces. Y es que ya nadie se extraña que crezca esa oprobiosa lista de desfalcos de la que han hecho parte en uno u otro momento Guajira, Casanare, Meta, Caldas, Cundinamarca, Huila, Córdoba y muchos más.
Pero mientras el debate avanza, las administraciones departamentales están empeñadas en defender sus rentas y paliar los efectos de la desaceleración económica y de la reducción en las regalías. El ajuste intentado, sin embargo, no parece considerar medidas de disciplina fiscal, reducción de gastos, mejoras en la eficiencia y combate a la corrupción.
Por el contrario, esos entes territoriales están viendo cómo siguen en las de siempre, y trasladan a los ciudadanos del común el costo de la fiesta. La contribución adicional que ahora tendríamos que hacer pasa por impuestos al consumo de licores, y una sobretasa a la energía.
La contribución adicional que ahora tendríamos que hacer
pasa por impuestos al consumo de licores,
y una sobretasa a la energía.
Es ya conocido lo que puede venirse con la nueva ley sobre bebidas alcohólicas pendiente de último debate en el Congreso. El articulado se propone dos efectos: racionalizar el mercado, asunto que seguramente ayudaría a reflotar las ineficientes fabricas departamentales de licores, e incrementar en por lo menos $250 000 millones los recaudos de los entes territoriales.
El asunto tiene un aspecto indeseable. Según la información disponible gran proporción de las bebidas espirituosas proviene de actividades relacionadas con la adulteración o el contrabando, circunstancia propiciada por los altos precios. Siendo así las cosas, los impuesto adicionales al elevar esos precios darán incentivos y mejorarán el margen percibido por los hampones.
La carga adicional significaría de paso, un rudo golpe para el desarrollo del mercado local del vino en un país que como Colombia, exhibe bajísimo consumo per cápita de aquel producto. La situación tendrá implicaciones graves para los establecimientos gastronómicos, recreativos y hoteleros, así como para el comercio en general.
La creatividad fiscal de los departamentos está teniendo otras manifestaciones. Es el caso del gravamen a la energía, asunto acogido por el gobierno del Valle del Cauca en un proyecto de ordenanza que busca generar ingresos anuales al departamento por valor superior a los $60 000 millones.
Habida cuenta del interés que tiene la Federación de Departamentos en el asunto, es previsible que instrumentos impositivos de esta naturaleza busquen generalizarse en el resto del territorio. Es por eso que la opinión nacional debe prestar particular atención a la iniciativa.
El proyecto que se menciona pretende introducir una tasa especial de fomento a la seguridad y convivencia ciudadana. El texto propuesto en su versión original, determinaba que son sujetos pasivos del aporte como beneficiarios del servicio público de seguridad y convivencia, los usuario del servicio de energía eléctrica. En consecuencia establecía una tarifa orientada a gravar los estratos cuatro, cinco y seis de la población hasta con el 3 % del valor del consumo, al sector industrial con el 6 %, al comercial con el 4 %, al oficial con el 2 % y a los usuarios no regulados y auto generadores con el 8 %.
Aunque este tipo de aporte obligatorio ya ha tenido aplicación en algunos entes territoriales de la costa Caribe, hay serios indicios de que su legalidad se encuentra viciada.
¿Tiene sentido la actual organización del territorio
basada en entes ineficientes
y proclives a la corrupción?
Pero ante las ansias de recursos adicionales que tienen los departamentos; ante el conocido carácter politiquero de varias de sus administraciones; ante su ineficacia y la corrupción recurrente que los impactan surgen preguntas que debemos plantearnos los ciudadanos de Colombia: ¿Tiene sentido la actual organización del territorio basada en entes tan ineficientes y proclives a la corrupción? ¿No será que llegó la hora de encarar el asunto de la organización territorial del Estado para considerar esquemas de regionalización, federación o autonomía?
Países vecinos al nuestro han afrontado el tema con seriedad. En el Perú, por ejemplo, se expidió en el gobierno de Alejandro Toledo la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la cual vale la pena revisar. Como innovación importante esa norma crea en las regiones los llamados Consejos de Coordinación, conformados por los alcaldes municipales y representantes de la sociedad civil en proporción del 40 % del respectivo organismo. También establece el cargo de Gerente Regional, cuya tarea se encamina a garantizar una gestión eficiente y a dar resultados conforme a los planes de acción establecidos.
Pero revolcones de fondo como el mencionado no le gustan a los politiqueros ni a los manzanillos, ellos están felices con lo que hay. Por eso no es razonable esperar que el Congreso impulse transformaciones de tanta envergadura, por eso es necesario pensar en una constituyente donde los ciudadanos tengan el chance de proponer y decidir.
