El Colectivo José Alvear Restrepo, que debe su nombre a un abogado paisa que fue cercano al caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, es una organización de derechos humanos que lucha contra la impunidad, por la defensa del territorio y por la construcción de paz en Colombia y cuya labor ha desencadenado el recibimiento de amenazas hacia varios de sus miembros, varias de las cuales fueron coordinadas desde entidades estatales.
Justamente, hace 22 años comenzó un proceso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de evaluar la responsabilidad que tuvieron agentes del Estado en la persecución sufrida por este colectivo de abogados en las décadas de los 90 y de los 2000. Ayer, 18 de marzo, el vicepresidente de la CIDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, leyó el fallo que condenaba al Estado por haberles hecho inteligencia y luego haberle pasado esa información a grupos paramilitares, lo cual fue celebrado fervorosamente por estos abogados, especialmente por la presidenta Yessika Hoyos Morales.
Ella es abogada especializada en derecho penal y filosofía del derecho de la Universidad Libre de Colombia y tiene una Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado durante muchos años por los derechos humanos representando víctimas de crímenes de Estado y ha estado especialmente vinculada a casos de desapariciones forzadas y de asesinatos de líderes sindicales.
Este trabajo le ha traído reconocimientos como el premio de derechos humanos George Meany-Lane Kirkland que entrega la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, pero también le ha traído dolores de cabeza y amenazas, estando relacionadas las más recientes con el caso de Jenner Alfonso Mora, una de las víctimas de la masacre de Mondoñedo. Pero, esto no la ha detenido en su lucha.
Una de las razones por los que es más recordado el Colectivo José Alvear Restrepo es por haber denunciado crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ante lo cual el exmandatario se refirió a ellos como “el brazo jurídico de las FARC”. Ellos, junto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), presentaron una acción judicial ante un juez federal argentino, por lo que Uribe tendrá que responder en dicho país.
En total, el Estado colombiano habría violado 14 derechos, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad de pensamiento, la honra, entre otros. Ahora, estarán obligados a investigar los hechos, depurar los archivos de inteligencia en los que aparecen los integrantes del colectivo, pedir disculpas públicas, hacer un documental sobre la importancia de la labor de los defensores y reparar a las víctimas.
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