La forma como se cubren las vacantes de los magistrados de las Altas Cortes da para que no se pueda confiar mucho en la imparcialidad con que pueden actuar los elegidos, sobre todo en aspectos relacionados con el ordenamiento político e institucional.
El caso de la impugnación a la terna de la que ha de salir el nombre del nuevo fiscal general de la nación es solo un ejemplo que evidencia tal anomalía. Al doctor Gerardo Botero Zuluaga, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, se le ocurrió entutelar porque dicha terna no contiene el nombre de un solo caballero, lo cual, a su juicio, viola el principio de la equidad de género y su derecho a votar por un hombre.
La normatividad que se ha desarrollado en torno a la equidad de género, que tuvo su punto de partida en la Ley 581 del año 2000, mejor conocida como Ley de Cuotas, ha estado orientada ni más ni menos que a reconocer y subsanar el histórico e ilícito aprovechamiento que ha hecho el hombre de su posición dominante en la sociedad, y que se ha expresado en discriminación a la mujer, subvaloración de sus aportes sociales y laborales, exclusión de las altas esferas de decisión y condena a trabajar en oficios menores o con menor remuneración, entre muchos otros signos de violencia ejercidos contra ella. Es de anotar que de igual tratamiento han sido víctimas también, y en materia más grave aún, las personas que no encajan en el modelo heterosexual, que es el que históricamente ha gozado de reconocimiento social.
¿Será que el magistrado Botero desconoce el carácter reparador de esa normatividad y por ello su actitud contra la terna para seleccionar al fiscal? ¿Será que interpreta esa normatividad como un simple ejercicio matemático que le garantiza la mitad de las postulaciones a los de un sexo y la otra mitad a las del otro? ¿Nos podrá decir el honorable magistrado qué tienen que hacer para acceder a algún cargo público, especialmente de alta jerarquía, quienes no encajan en tan excluyente clasificación binaria? ¿Habrá que mantenerlos privados de tal derecho?
No, por supuesto que el magistrado no desconoce dicho propósito reparador, no está en contra de él ni lo ve como una mera ecuación matemática. Lo que pasa es que está haciéndole la tarea al fiscal, Francisco Barbosa, que no quiere ser reemplazado al gusto de Gustavo Petro, sino perpetuarse en el cargo a través de Martha Mancera, su vicefiscal, en quién tiene puestas todas sus complacencias y a quien quisiera ver como su sucesora. Esa es la cuestión.
