Estuve buscando la palabra adecuada que calificara con precisión las tarifas eléctricas en la Costa Caribe y a donde las va a llevar el Gobierno nacional con las dos últimas Resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y con el régimen especial tarifario legado por el gobierno anterior y ratificado por el actual, y no encontré una mejor que ¡IMPAGABLES!
Es la única región del país en la cual el costo unitario del kilovatio hora está por encima de los mil pesos. Veamos las alzas de AIR-E aplicadas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira durante el último año: de enero de 2023, $858,37 el kwh, a diciembre de 2023, $1137,22, un aumento del 32.48%, más de trescientos por ciento por encima de la inflación de 2023, que fue de 9,28%. (Fuente: https://www.air-e.com/hogares/mi-factura/conoce-nuestras-tarifas)
Ahora, si se aplican las nuevas Resoluciones de la CREG, la situación pasaría de castaño a oscura. La 101-018 de noviembre de 2023 aprobó aplicar la llamada opción tarifaria que, según las empresas comercializadoras de energía, les debemos los usuarios por la energía gastada durante la pandemia en el año 2020, y que se va a cobrar en la tarifa general durante diez años para recuperar más de cinco billones de pesos. Air-e en su página internet informa que ese aumento será de $193 por kilovatio hora a partir de enero de 2024. ¡Una barbaridad!
Pero falta la Resolución 701-028 de diciembre de 2023, con la cual el gobierno piensa ponerle techo a la compra de energía en bolsa durante el fenómeno del Niño, la que se negocia a diario en el mercado energético, lo cual acarrearía nuevas alzas, según todos los agentes de la cadena eléctrica. ¿Nuevas alzas de qué magnitud? El viceministro de Minas y Energía, Javier Campillo, intentando dorar la píldora, arguye que “las tarifas de energía no tendrán aumento excesivo” y el director de la CREG, Omar Prías, manifiesta que “este aumento podría ser del diez por ciento”. Pero las empresas de energía y los comités intergremiales de la Costa prenden la alarma y afirman que el aumento puede ser del 25 al 30%. ¡La locura!
La Costa Caribe no aguanta más alzas. Las fuerzas vivas vienen exigiendo que se derogue el régimen especial tarifario o se modifique sustancialmente al tenor del artículo 126 de la Ley 142 de 1994, que permite modificar la normatividad tarifaria cuando “en forma evidente se lesionan injustamente los intereses de los usuarios”. Este pernicioso régimen ya tiene muchas demandas ante los altos tribunales del país, como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo del Atlántico, demandas que han sido coadyuvadas por la Liga Nacional de Usuarios. Las actuaciones de la CREG, como las dos resoluciones comentadas, van a contrapelo de los derechos de los usuarios.
Hay que tener en cuenta que cuando se adoptó como opción tarifaria el congelamiento de pagos en el año 2020 durante la pandemia del covid-19, las empresas AIR-E y AFINIA no estuvieron en buena parte de ese fatídico año porque iniciaron labores el 1° de octubre de 2020. Además, miles de usuarios no hicimos uso de esa opción tarifaria porque pagamos las facturas mensualmente, como es mi caso, por tanto, no puede ser un cobro generalizado.
Siguen subiendo las tensiones sociales por las política erráticas de los últimos gobiernos en cuanto a la política pública del sector eléctrico y de servicios públicos, lo que ha llevado a que se realicen importantes asambleas de usuarios, como la del 30 de noviembre pasado en el teatro de la Universidad del Atlántico con cerca de 400 asistentes, plantones, reuniones barriales y en iglesias. La protesta unánime de la ciudadanía muestra el camino en el año que se inicia de acumulación de fuerzas, de unificación de criterios de amplios sectores sociales, gremiales, corporaciones y academia, que llevarán a grandes movilizaciones para exigir unos servicios públicos de calidad con tarifas justas y pagables.
