La Universidad Nacional de Colombia, máximo centro educativo, científico y cultural del país hoy se encuentra en una disputa por quién asumirá la rectoría durante los próximos 3 años. El mecanismo para su designación consiste en un proceso de difusión de las propuestas, un sondeo de opinión a la comunidad universitaria con el fin de escoger una terna y finalmente un proceso de designación a cargo del Consejo Superior Universitario (CSU). De los 9 miembros de este Consejo el presidente Duque elige directa o indirectamente a 7. Es decir que cuenta con una mayoría aplastante en la designación rectoral, que le permite alinear a las personas aspirantes con la política educativa del Gobierno. Este proceso, reglamentado por la Ley 30 de 1992 y el decreto 1210 de 1993, es una violación a la autonomía y a la democracia universitarias.
La UN no solo está mal en democracia universitaria, sino que conectados con esta falencia, hay otros asuntos en los que también está muy mal. Producto de la mencionada Ley 30 de 1992 y de la intención de los gobiernos colombianos de profundizar la desfinanciación y privatización de la educación superior, nuestra Alma Mater se encuentra en una crisis financiera estructural: tiene un faltante presupuestal de 77 mil millones de los cuales 24 mil millones son de funcionamiento. Esto ha conducido, también en contra de la voluntad de la comunidad universitaria, al endeudamiento para la construcción de infraestructura que debería estar a cargo del Gobierno Nacional, a edificios con peligrosos deterioros por falta de adecuado mantenimiento y otros en ruinas, cursos sin docentes y hacinamiento en las aulas, producto de un faltante de 10 mil millones para planta docente. También hay un bienestar universitario precario, una política de equidad de género desfinanciada y con pocas personas profesionales para su implementación. Los laboratorios sobreviven de los convenios que puedan realizarse, dejando los fines misionales y la autonomía supeditada a los intereses de las administraciones municipales, departamentales, nacionales y de empresas privadas, con las cuales se dificulta una relación en condiciones de igualdad y se da, en cambio, una relación de subordinación debido a su crítica situación presupuestal, entre otros problemas derivados de la desfinanciación estatal.
Con este contexto es clave analizar si las aspiraciones rectorales de Montoya, Hernandez, Bula, y Cetré responden a los intereses de la comunidad universitaria y resuelven los problemas estructurales y urgentes de la Universidad o si responden a otros intereses y prioridades.
Después de estudiar sus programas, es evidente que no cuentan con mayor análisis sobre la crisis financiera de la UN ni establecen una posición sobre la política educativa que la ha causado. Sus propuestas sobre autonomía y democracia no pasan de ser medidas transitorias e insuficientes, como la autonomía en las sedes sobre los asuntos académicos y la horizontalidad en la toma de decisiones. No se comprometen con la democratización de la toma de decisiones ni con el fortalecimiento de los órganos de representación estudiantil y profesoral. En las propuestas sobre la financiación no se plantean resolver el problema estructural de la ley 30 en sus artículos 86 y 87, que conducen a congelar el presupuesto asignado por parte del Gobierno Nacional a las universidades públicas o desconocen el movimiento social que conquistó avances esenciales en el 2018. Tampoco se apartan del modelo de endeudamiento a las familias propuesto por la OCDE y el Gobierno de Duque. Por el contrario, avalan y fomentan la lógica neoliberal de focalizar los apoyos a algunos estratos socioeconómicos y profundizar la autofinanciación de la universidad.
Es pertinente entonces preguntarse: ¿a quién le sirven el mecanismo de designación y actuales aspirantes a rectoría?.
El mecanismo está diseñado para que sea el Presidente de la República quien imponga a la persona que mejor implemente su política y los programas de las personas aspirantes no apuntan a resolver los problemas estructurales de nuestra Alma Mater, sino a congraciarse con el Gobierno e implementar su política. En consecuencia, desde la Organización Colombiana de Estudiantes hacemos un llamado a los docentes, estudiantes y personas egresasdas, a que apoyemos masivamente el voto en blanco en la consulta del próximo 18 de marzo. Por esta vía expresamos también nuestro apoyo a la exigencia hecha por la representante estudiantil al CSU, Jennifer Pedraza, de reglamentar por medio de un acuerdo la designación rectoral, de manera que este cuerpo colegiado acoja los resultados de la consulta y que en caso de ganar el voto en blanco haya de nuevo elecciones vinculantes.
*Estudiante de Ciencia Política
Representante Estudiantil UN Sede Medellín
Miembro del Grupo de trabajo de LoQueNosUNe
