El 12 de marzo, mediante Resolución 385, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por la propagación del virus denominado como SARS-COV-2 (comúnmente conocido como COVID-19 o coronavirus). Así mismo, como medida para contener la propagación de la enfermedad, el gobierno del presidente Iván Duque ordenó el aislamiento preventivo mediante el Decreto 457 (marzo 22 de 2020) desde las 00:00 horas del día 25 de marzo hasta las 00:00 del día 13 de abril de 2020.
Muchos colombianos creimos que las medidas de protección y aislamiento estarían dadas hasta esa fecha y que luego todo se normalizaría, pero no fue así. Esta medida ha tenido que ser prorrogada de forma sucesiva, aunque en la materialidad no existe desde que el gobierno se inventó las llamadas excepciones. Primero, exceptuó de la obligación de cumplir la llamada cuarentena a 34 actividades y sectores económicos, que posteriormente se fueron ampliando a otros sectores. Hoy, de conformidad a las disposiciones del Decreto 749 (mayo 28 de 2020) son en total 43 actividades permitidas.
Pasados tres meses y siete días desde que se realizó la declaratoria en la primera ocasión de la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales con menor capacidad no lograron ampliar la capacidad hospitalaria en un momento donde los contagios aumentan de forma acelerada. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, al 18 de junio, en el país se reportaron 60.217 personas contagiadas y 1950 personas fallecidas. Esto sin tener en cuenta que somos uno de los países con menor realización de pruebas de Latinoamérica per cápita por habitante.
La cosa es tal que en los últimos días, que hemos ampliado la capacidad de nuestros laboratorios (que están su máxima capacidad), se están procesando cerca de 12.000 pruebas diarias, mientras que Perú (que solo tiene treinta y dos millones de habitantes, dieciocho millones menos que Colombia) está procesando más de 21.000 pruebas. Eso tal vez explica por qué es el segundo con más contagios de América Latina, con cerca de 244.388 personas contagiadas, según el reporte de la Universidad de Johns Hopkins, además de ser el primer país en prohibir la llegada de vuelos internacionales desde el 17 de marzo (aquí esa medida se tomó tan solo siete días después y no fue materializada de forma inmediata).
La anterior descripción de la grave situación que enfrenta el país por este severo problema de salud pública la hago con la finalidad de hacer énfasis en la difícil situación por la que a traviesan los municipios ubicados a orillas del río Atrato, tanto en su cuenca alta, media y baja, en los departamentos de Antioquia y Chocó. En la actualidad resido en el municipio de Murindó, Antioquia, lugar que si bien oficialmente no ha reportado su primer caso de COVID-19, sí tiene varias personas con sintomatologías similares a las de esta enfermedad. Para la gente de este municipio y sus administradores locales y regionales parece que no ha pasado nada. Luego de haber transcurrido el tiempo ya mencionado desde la declaración de la emergencia sanitaria, este municipio no ha contado con asistencia estatal para poder enfrentar las posibles afectaciones que pueda generar la enfermedad en la comunidad.
De verdad, pasado tanto tiempo, a Murindó no ha llegado una cama nueva para hospitalización general. De hecho, su hospital solo cuenta con cuatro camas de hospitalización general y una sola habitación en urgencias para atender a sus pacientes. Así mismo, a Murindó no llegó una planta de tratamiento de aguas portátil, tan necesaria para depurar los contaminantes del agua del Atrato y para que su población pase tranquila el aislamiento en sus viviendas. Cabe recordar que municipios vecinos como Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bojayá (Chocó) ya reportaron sus primeros contagios y se encuentran en una situación similar a la de Murindó, con tal vez la única ventaja de que cuentan con acueductos. Y como dice la popular frase, para acabar de completar, desde el pasado 11 de junio estamos sin fluido eléctrico por un daño que se presentó en el transformador de la subestación del vecino municipio de Carmen del Darién y a la fecha no se tiene certeza de cuándo será restablecido el servicio.
