En Colombia, varios candidatos han iniciado su correspondiente campaña, para conquistar el voto de los ciudadanos como aspirantes a reemplazar a Juan Manuel Santos, quien el 7 de agosto de 2.018, cumplirá ocho años de mandato, como presidente de los colombianos.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, estos aspirantes hacen promesas de todo tipo y los insultos descalificatorios se multiplican.
La pregunta que es necesario hacer es la siguiente: ¿Que atributos debe llenar la persona que reemplace a Juan Manuel Santos, para que el país salga de la larga noche de violencia, de corrupción y de desesperanza?
Para un grupo importante de líderes políticos, esa persona, se encuentra entre los bandos en el que, según ellos, se divide el mundo de la política en Colombia: los que apoyan el acuerdo suscritos entre las Farc y el Gobierno Nacional y que votaron por el SI, en el plebiscito realizado el pasado 2 de octubre, y los que no apoyan el acuerdo y votaron por el No, en dicho plebiscito.
Entre quienes hacen esta división, se encuentran líderes de izquierda, que consideran con razón, que este acuerdo marcó un hito en la historia del país, por cuanto permite acabar con una organización guerrillera que lleva más de 50 años combatiendo al estado utilizando todas las formas de lucha, atizando un conflicto que ha generado costos inmensos para la vida de las personas, especialmente de los más humildes, para la economía del país y para la institucionalidad democrática. Estos líderes le dan importancia determinante a los acuerdo para el futuro del país, por cuanto consideran que permitirá a los integrantes de las Farc, hacer política sin armas y obligará al estado a reconocer los derechos sociales y políticos a quienes habitan en las zonas de conflicto y además, porque el país, especialmente las víctimas, sabrán la verdad sobre lo que pasó en los años de violencia entre el estado y las Farc. Llaman a quienes votaron por el SI a unirse para escoger el candidato que los represente.
También se encuentran, entre quienes dividen el mundo de la política entre los del SI y los del NO, connotados líderes de la derecha colombiana, que califican a todo el proceso de paz, como un apaciguamiento del estado colombiano en su lucha contra el terrorismo, liderado por un traidor que se hizo elegir con los postulados de la seguridad democrática y que luego se alió con las Farc, para construir un estado Castrochavista, que acabó la confianza inversionista y colocó a los terroristas y narcotraficantes, en igualdad de condiciones con las fuerzas armadas. Estos líderes consideran que el único camino que debe seguir el gobierno para acabar con las Farc, es el fortalecimiento del ejército, con más armas y más presupuesto para la guerra, para doblegarlas y obligarlas a elegir entre la muerte o la cárcel; entre la tierra arrasada o la rendición. El próximo presidente, según esta postura, debe ser un líder que provenga de este bando y se comprometa a cambiar los acuerdos, de tal manera que los líderes guerrilleros, no tengan elegibilidad política, acepten entregar las armas y estén dispuestos a pagar cárcel por sus delitos.
Ambas posturas, desconocen la importancia de las decisiones de los políticos en la vida de las personas, en la construcción de las instituciones y en la existencia o no de una sociedad democrática. Desconocen también la importancia de la institucionalidad para la defensa de los derechos de los habitantes de los territorios y para impartir justicia, cuando se infringen las reglas de juego establecidas en la sociedad. De hecho, consideran que los males de la sociedad son causados exclusivamente por el líder que gobierna, o por las personas que en algunos periodos lideran las acciones delincuenciales. Olvidan que la historia republicana de Colombia, está construida sobre la captura de las instituciones por los grupos de poder que las han utilizado para su beneficio personal o de su grupo. Cada gobierno tiene su escándalo y cada opositor su rabo de paja. En pocas ocasiones nuestros gobernantes o quienes han aspirado a gobernar han pensado en la construcción de instituciones inclusivas para beneficio de la sociedad y para que los ciudadanos se sientan representados y estén dispuestos a defenderlas y a asumir los sacrificios que sean necesarios para defender un orden institucional que nos beneficie a todos.
Esta son las razones por las cuales los líderes de estas posturas, se han equivocado al plantear el problema central que el próximo gobierno debe resolver, el cual no es derrotar a un contrincante o acabar con un grupo delincuencial. El próximo gobernante debe liderar la institucionalidad del país para derrotar la desigualdad y la ilegalidad que estimula la violencia y la corrupción. El próximo gobierno debe ofrecer más oportunidades todos los ciudadanos garantizando el derecho a la educación y estimulando el talento que todo ser humano tiene.
En las actuales circunstancias, los colombianos debemos elegir gobernantes y legisladores, que con sus posturas y sus acciones hayan demostrado, en toda las circunstancias, coherencia en los principios y valores que dicen tener y que defienden las instituciones, como instrumentos para garantizar derechos y para sancionar a quienes infringen la ley y nunca para enriquecerse, ni para beneficiar a grupos específicos o para que haya impunidad para sus actos delincuenciales. Que entiendan que si bien la violencia y la corrupción han sido un cáncer que ha carcomido a la sociedad, esta se ha incubado por la debilidad de las instituciones, que han sido utilizadas por gobernantes y políticos corruptos que las han hecho funcionales a sus intereses mezquinos.
Necesitamos elegir a un líder que demuestre que sus luchas a lo largo de su vida, se han orientado a transformar los vergonzosos índices de desigualdad de nuestro país y la falta de oportunidades para los más débiles. Un líder que haya demostrado que en sus periodos de gobernante nunca hizo maniobras para manejar los organismos de control o para limitar las acciones de las instituciones del estado, en función de sus intereses personales. Que promueva la educación, la ciencia y la tecnología, la justicia y la inversión privada con contenido social.
Necesitamos un líder que entienda, que en la mayoría de quienes votaron por el SI y por el NO o que se abstuvieron, existe un anhelo de paz, una esperanza de vivir en una sociedad democrática y en un país de oportunidades. Necesitamos un líder capaz de reconciliar a la nación y de lograr la unidad de los ciudadanos en torno a la construcción de un país educado, respetuoso de las minorías, defensor del medio ambiente y comprometido en honrar los acuerdos de la Habana, pero que no olvida que en el país rural, además de las víctimas de la violencia, viven y trabajan personas emprendedoras que el estado debe apoyar y que allí, existen áreas estratégica para nuestra sobrevivencia, que es necesario proteger.
Sergio Fajardo reúne los atributos del líder que se necesita para reconciliar al país y para forjar la unidad nacional contra la corrupción. Su coherencia genera confianza: su alcaldía y su gobernación, demostraron que como se hace campaña se gobierna. Que no es cierto que el candidato en campaña es distinto al que es elegido para gobernar. Que el que paga para llegar, llega para robar. Fajardo ha demostrado que la corrupción está muy relacionada con las campañas electorales y que, en la persistencia y el fortalecimiento de este cáncer, tienen mucha responsabilidad los electores: “la mejor manera de acabar con la corrupción es evitar que los políticos corruptos gobiernen”. Si evitamos que los corruptos gobiernen, los dineros públicos serán sagrados, las ramas del poder público serán limpias y transparente, el estado será garante de los derechos de los ciudadanos, impartirá justicia y será legítimo.
Sergio Fajardo, es la esperanza.
