En Venezuela se viene hablando de fraudes electorales desde hace ya 25 años, sin que nunca se haya podido demostrar ninguno. Este ha sido el procedimiento utilizado por los adversarios de la Revolución Bolivariana en busca de sacarla del poder. Por eso no debe extrañarnos la gazapera que por dentro y fuera de su país han formado Corina Machado y Edmundo González ante las elecciones de este año.
Comencemos señalando en este comentario que el Consejo Nacional Electoral, días antes de los comicios, convocó a los diez candidatos que se disputaban la presidencia a firmar un compromiso de respeto a los resultados. Esta convocatoria fue atendida por todos, menos por González, quien alegó que ellos solo respetarían lo que dijeran sus propias actas electorales, de las cuales nadie sabía cómo las irían a obtener, ni qué grado de confiabilidad merecerían.
Obviamente que esta amenaza era para cumplirla, y, al anunciarse que él no era el ganador, se puso a la cola de María Corina para gritar fraude a los cuatro vientos, contando para ello con la complicidad de los grandes medios de comunicación, nacionales y extranjeros.
Lo de extrañar es que no pudieron mostrar todas las actas que prometieron. Escasamente, presentaron 9.468, es decir, el 31 por ciento, pero además tan cargadas de errores y falsedades que seguramente las buenas no pasarán del 15. Muchas de ellas carecen de los nombres de los miembros de las mesas, de la firma de los operadores de las máquinas y de los testigos, del número de votos presentado, en fin, actas que solo dejan ver una clara la intensión de mantener propicio el ambiente para una intervención militar norteamericana y un golpe de Estado.
Buscando solucionar tan caldeado ambiente, Maduro interpuso un recurso contencioso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que fuera tal organismo, actuando como instancia de cierre, el que tomara la decisión final.
¿En desarrollo del procedimiento legal, el TSJ convocó a los diez candidatos para que aportaran todo lo conducente al esclarecimiento de lo realmente ocurrido, pero, nuevamente, como ocurrió ante el CNE, acudieron todos, menos González, y lo de esperar es que tampoco reconozca el fallo de ese organismo.
Conocido lo anterior, algunos se preguntan: ¿A quién creerle? El problema es que no se trata de creer o no creer. El problema es que hay una estrategia orientada a producir un giro hacia el pasado, del cual los únicos ganadores serían la derecha y el Imperio. Ojalá que lo que decidan los tribunales sea lo más conveniente para el país, aunque sabemos que la oposición al proceso bolivariano no mermará sus decibeles.
