Desafortunadamente Bello volvió a ser noticia por el atroz ataque delincuencial realizado este martes 30 de julio, sobre las 6:00 de la tarde, en un conjunto residencial del sector de Niquía, dejando heridas dos personas, un niño de 5 años, alcanzado por un proyectil en su cabeza, mientras jugaba en la zona verde y un transeúnte, además de dos fallecidos, de los que informa la Policía eran personas con antecedentes judiciales, pertenecientes a la llamada “banda de los Pachelly”.
La situación de inseguridad es grave y afortunadamente la Gobernación de Antioquia ha nombrado a la secretaria de Gobierno, doctora Adriana Salas Moreno, como alcaldesa del municipio, en reemplazo de César Suárez Mira, condenado a pena de prisión por fraude documental; afortunadamente, decimos porque la doctora Salas Moreno conoce la problemática por haber sido una de sus funciones precisamente, promover y ejercer las acciones que faciliten y aseguren la gobernabilidad local, la convivencia y seguridad ciudadana, la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales.
¿Qué es lo que está pasando en Bello? Los titulares de los medios no son justos con el municipio; decir que no para la violencia en Bello y hablar de factores externos de violencia como la aparición de las llamadas autodefensas Gaitanistas AGC, las mafias mexicanas y otros de ese corte sin consultar la realidad fáctica. Hay una situación de amenaza y de inseguridad creada por el enfrentamiento criminal de dos grupos de la delincuencia organizada, el Pachelly (enfrentada internamente), y el Mesa; que con acciones como las registradas en los últimos meses han traído la zozobra y la intranquilidad a los habitantes.
Lo anterior, sin menospreciar las amenazas en ese ambiente convulsionado contra un candidato a la alcaldía y la Juez 2 del Circuito, como ya lo habían hecho con algunos comerciantes y pobladores, contenidos en pasquines y grafitis difundidos presuntamente por las AGC o Clan del Golfo (antes Urabeños o Clan Úsuga), y que según información de mayo de este año, han hecho presencia en los barrios El Cairo, El Cóngolo, Bellavista, Niquía, Pachelly, Goretti, el Mesa y otros, donde anunciaron que ya el comercio no tendría que pagar más “vacunas”, de donde se tendría que han entrado en alguna disputa con Los Mesas y Los Pachelly por el manejo de la actividad criminal.
Este conflicto entre los grupos delincuenciales es de vieja data. Desde el 7 de diciembre de 2015 han circulado mensajes anónimos en el municipio de Bello, donde se hablaba claramente de un toque de queda y una inminente guerra entre Pachelly, al mando de Perika, y los del Mesa coordinados por Carlitos, trabajador del Montañero. Al parecer estos últimos estarían asociados a los Chatas, una banda reconocida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como una de las más poderosas del Valle de Aburrá, y que su jefe Carlos Chata o Tom, era el jefe militar de sus 10 municipios a nombre del acuerdo criminal denominado el Pacto del fusil, que se puso en funcionamiento el mes de julio del 2013, por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos también como los Urabeños, y la llamada Oficina (Análisis Urbano, 13 de diciembre de 2015); pacto que evidentemente nunca se cumplió, pero unos y otros han negado su responsabilidad en los hechos criminales sucedidos desde entonces.
Lo que si está claro es que entre Pachelly y los Chatas no se estaría presentando la confrontación armada, pero que entre el Mesa y Pachelly sí se han presentado choques armados que han dejado varios de sus integrantes muertos o heridos. Dicha confrontación la habría iniciado el Montañero a través de Carlitos. Al parecer el Mesa, aunque suscribió el comunicado de 2015, estaría detrás de los rumores de guerra buscando el enfrentamiento militar entre Pachelly y los Chatas.
Aunque en mayo de 2019, las autoridades dieron un duro golpe al capturar a 17 integrantes de los grupos delincuenciales ‘La Viña’, ‘El Mesa’, y ‘Pachelly’, entre los que se encontraban los conocidos con los alias de ‘mundo malo, flechas, bolas, budas, garbanzo y pipe’, aún están pendientes por esclarecer muchos de los homicidios que han sido cometidos desde esas organizaciones criminales y que ya ascienden a 77, delitos relacionados con el microtráfico.
Las autoridades han identificado un eje central de las organizaciones criminales, constituido por las Autodefensas Gaitanistas y la Oficina, al igual que las bandas que trabajan para ellas como son los Pachelly, Chatas, Trianas, Cóngolo, La Oficina del Doce de Octubre, el Mesa, Camacol, entre otros, al igual que las más de 500 bandas que operan en el resto del Valle de Aburrá; por lo que se requiere un gran trabajo coordinado por el poder judicial, la Fiscalía General y la Policía de Colombia para reducir y neutralizar estas redes delincuenciales, responsables de la situación de inseguridad en Bello; sabemos que la alcaldesa Adriana Salas tiene el coraje y la decisión para encarar este reto.
El origen de la actual ola de criminalidad está también relacionado con la división ocurrida en la banda de los Pachelly; por un lado, la línea tradicional, cuyo líder es Alber Henao Acevedo (“Alber”); del otro, una disidencia abanderada por los hermanos Francisco y Alejandro Mazo Pulgarín (“Pocho” y “Titi”). Ambas facciones de la misma banda estarían en desacuerdo sobre la manera en que se están repartiendo las ganancias de los negocios criminales, que en los dos últimos años incluyeron un jugoso botín de extorsiones y narcotráfico, gracias a la expansión de las redes ilegales en las subregiones antioqueñas del Nordeste, Norte y Bajo Cauca (El Colombiano).
Las diferencias comenzaron a hacerse tangibles el 16 de enero de 2019, cuando “Titi” fue capturado en un operativo del CTI y el Ejército en una finca de San Carlos, Antioquia. Al parecer la información sobre su paradero provino de sus antiguos socios, quienes la suministraron a las autoridades. A esta “sapeada”, como se dice en el argot delincuencial, se sumó un hecho de sangre el 10 de febrero, en el barrio Niquía. Un grupo sicarial acribilló a tres personas que departían en la reja externa de una casa. Entre las víctimas estuvo Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), un cabecilla de “Pachelly” que al parecer se había alineado con la disidencia de los hermanos Mazo Pulgarín.
Al día siguiente circularon panfletos intimidantes por las redes sociales, en particular WhatsApp. Uno de ellos decía: “Muerte a extorsionistas, ladrones y monopolizadores del barrio. Hoy fue la chanda de Guerrero. El próximo es Juan Carlos Rivas”. La amenaza se cumplió el 21 de febrero, también en el barrio Niquía, cuando mercenarios motorizados mataron en una acera a Juan Carlos Rivas Vallejo, quien, presuntamente, era un mando medio de “Pachelly”.
De acuerdo con el análisis que han hecho las autoridades sobre esta disputa, la línea tradicional de “Pachelly”, o sea la comandada por “Alber”, cuenta con el apoyo de otros grupos como “el Mesa”, “Niquía Camacol”, “el Tapón” y “los Chatas”.
A los enfrentamientos reales se suma una guerra mediática, especialmente en las redes, haciendo circular múltiples audios de WhatsApp con información fraudulenta, al parecer difundida por orden de los bandos involucrados. Con aire de chisme, voces femeninas y masculinas hablan de balaceras diarias, toques de queda impuestos por bandidos que “no van a respetar a nadie”, patrullajes ilegales de “70 hombres encapuchados y con fusiles” y otra serie de fantasías que al parecer tienen un propósito claro: enviar a las autoridades al territorio de los combos rivales, para que capturen a los enemigos. Los diferentes panfletos que rondan por las redes buscan lo mismo: unos acusan de las muertes a las bandas “el Mesa” y “Niquía Camacol”, mientras otros le endilgan la culpa a “Pachelly” (Ibidem).
Debe insistirse en que en torno a la situación de Bello pesan mucho las fantasiosas historias de los mismos habitantes, por ejemplo, se habla de casas de pique y desaparecidos; la única desaparición denunciada hasta la fecha es la de Julián Velásquez, de 15 años, un joven con discapacidad cognitiva permanente que lavaba carros y motos para ayudar económicamente en la casa; desaparición que sucedió el pasado 25 de febrero, el mismo día en que la gente de los Pachelly mató a Juan Esteban Berrío Grisales, alias Pecueca, integrante del Niquia Camacol, para la banda de los Pachelly se trataba de un jíbaro que entregaba bolsas de droga y que además era primo del abatido alias Pecueca. Sobre las casas de pique no existe evidencia alguna y no hay reportes de desaparecidos que hagan presumir su existencia.
Sin duda, la Fiscalía, el CTI y la Policía Nacional deben redoblar sus esfuerzos, con las autoridades locales asumiendo el problema como prioridad de todos, para desarticular y reducir estas bandas que mantienen las gentes, inermes e indefensas ante el conflicto que protagoniza una parte minoritaria de la banda de Pachelly con la del Niquia Camacol y El Mesa, que delinquen en el municipio hace tres décadas. Unos pocos violentos desbocados no pueden condenar al miedo a toda la población, que ha sufrido este flagelo desde que comenzaron las andanzas de Toño Zapata y La Ramada, reclutadores de Pablo Escobar en los años 80.
Debe rodearse de garantías a la población, pues una de las razones por las que las autoridades prefieren no meterse de lleno, es la amenaza contra la comunidad, que es la que paga si hay operativos, capturas y bajas. Las represalias son contra los civiles y el deber del Estado se fundamenta en su papel de garante de la seguridad, la vida y la integridad de los habitantes de todo el territorio nacional.
