Una incursión del Ejército el pasado 28 de marzo terminó con la muerte de 11 civiles en Puerto Leguízamo, Putumayo, supuestamente en un intento por neutralizar a un cabecilla de las disidencias de las FARC que operaban en la zona. Una de las muertas fue la de una mujer embarazada y su esposo, un líder de acción comunal y un indígena de 16 años. Ante la presión de las investigaciones de medio de comunicación como Vorágine, el Ejército emprendió una investigación a cargo de su inspector, el general Helder Fernán Giraldo.
Todos los soldados de las fuerzas armadas llevan, a la hora de hacer una operación de esa envergadura, cámaras Gopro en sus cascos de combate para grabar las incidencias de sus acciones. Lo primero que se debe hacer es pedirle a los uniformados implicados esas grabaciones pero en la investigación el general Giraldo, quien forma parte del círculo íntimo de Zapateiro, y que se ha caracterizado por estar siempre a favor de sus compañeros, no ha pedido el material a los soldados. Después de que se cayó la moción de censura en el Congreso al Ministro de Defensa, la investigación se encuentra congelada.
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