La espina dorsal de la política de seguridad del gobierno Duque podría desvertebrarse en las altas cortes. En el Consejo de Estado y la Corte Constitucional cursan sendas acciones que buscan tumbar la figura de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), también conocidas como zonas futuro. Las ZEII engloban una limitada estrategia de estabilización creada mediante el Decreto 2278 de 2019 en las cinco macroregiones más afectadas por la persistencia del conflicto armado, la presencia de cultivos de coca y altos niveles de deforestación; son en total 44 municipios ubicados en el Catatumbo, el Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y el Pacífico nariñense.
En el papel, el objetivo de las zonas futuro, mediante los Planes de Respuesta Inmediata, consiste en ampliar la oferta de servicios y facilitar el aterrizaje de la institucionalidad en los territorios afectados por la expansión del ELN, la arremetida del Clan del Golfo o las disidencias de las Farc (GAO residuales); sin embargo, sectores de la oposición han argumentado que solo es su fachada, pues su objetivo real consiste en intensificar la presencia de la fuerza pública; militarizando las comunidades y desconociendo las instancias de participación creadas por el acuerdo de paz en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Precisamente, a ese corto circuito entre las Zonas Futuro y los PDET, hace referencia una acción de nulidad al Decreto 2278 que cursa en la sección primera del Consejo de Estado. La acción fue interpuesta por el senador Roy Barreras y pretende tumbar las zonas futuro bajo el argumento de que destruyen o transforman los PDET. No obstante, vale aclarar que los PDET se integran por 170 municipios ubicados en 16 macrorregiones, y ninguna incluye el Chiribiquete o los parques naturales.
Una movida en igual sentido podría ser admitida en la Corte Constitucional, pues a instancias del magistrado Alejandro Linares, se ha insistido en seleccionar una tutela interpuesta por el senador Iván Cepeda. La tutela pretende declarar la inconstitucionalidad de la estrategia de intervención con un argumento similar al empleado por Barreras; es decir, por la transformación de los programas de desarrollo en un modelo de consolidación basado en la presencia militar y que recuerdan el utilizado por Uribe en las zonas de rehabilitación y consolidación, creadas mediante un decreto que luego fue tumbado por la Corte Constitucional en 2003.
El gobierno Duque se la ha jugado a fondo con las zonas futuro, es su principal política de intervención en el 2,4 % del territorio nacional e institucionalmente la presenta como una estrategia de “aceleración” de los PDET; inclusive, el pasado 22 de julio aprobó una inversión de 195.500 millones para ocho Planes de Respuesta Inmediata: siete de alcance regional y uno transversal a todas las zonas futuro. De esa forma, el gobierno considera que no solo es una estrategia de presencia militar, sino que su objetivo es más amplio y se enmarca en la ampliación de la oferta de servicios en sintonía con lo dispuesto en el acuerdo.
Sin embargo, desde algunas comunidades se percibe la estrategia como una medida para desincentivar los espacios de articulación diseñados con el acuerdo de paz y así debilitar el capital social constituido en el diseño de los PDET (desde las asambleas comunitarias y los grupos motores). Es más, en un reciente informe al Congreso, la Procuraduría instó al gobierno a avanzar en la asociación entre las acciones de las zonas futuro y las iniciativas priorizadas por las comunidades en los PDET.
Tampoco hay que desestimar que, a dos años de su creación, los niveles de vulneración a los derechos humanos no se han reducido en los territorios priorizados, algunos de los más militarizados del país y que siguen siendo los más violentos. Entonces, ¿Qué tan efectiva ha sido la estrategia?
Nuevamente, como si de una reminiscencia histórica se tratase, la principal estrategia de intervención territorial de un gobierno uribista se encuentra en manos de las altas cortes. Con la novedad de que las comunidades claman por la implementación de un acuerdo de paz, no por la deriva autoritaria que conlleva la militarización de la sociedad.
