Recientemente la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha anunciado que mediante Resolución 0113 del 4 de marzo de 2022, se declaró desierto el proceso de adjudicación del contrato de asociación público-privada-APP que el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos había diseñado y puesto en marcha para permitir que bienes que conforman el contexto arqueológico del naufragio del galeón San José fueran utilizados para sufragar los costos de su extracción y generar ganancias a la empresa encargada de llevarlo a cabo.
Si esta decisión implica la cancelación definitiva de tal iniciativa, es sin duda una esperada noticia por parte de varios sectores de la comunidad científica, nacional e internacional, que desde 2011, cuando comenzó la estrategia jurídico-política del gobierno Santos, han exigido un tratamiento responsable y científico del patrimonio arqueológico subacuático.
En consecuencia, desde la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido, consideramos positivo que tal fuera la decisión de fondo, lo que se sumaría a aquella otra de la declaratoria del Galeón San José como Bien de Interés Cultural (Resolución 0085 del 23 de enero de 2020), para ir contrarrestando los riesgos que sobre el patrimonio arqueológico subacuático generaron la Ley 1675 y el proceso de APP para la extracción de las evidencias del Galeón San José.
De hecho, ambas acciones están en sintonía con las recomendaciones jurídicas, técnicas y científicas que se hicieron a la vicepresidencia en reunión sostenida con miembros de la Red, en octubre de 2018.
No obstante, se han producido últimamente otra actuación legislativa y esporádicos pronunciamientos públicos que, dada la ausencia de una comunicación de carácter oficial, pública y fluida sobre el estado de avance de los asuntos ligados al patrimonio cultural sumergido de la Nación, llevan a guardar reserva sobre el posicionamiento del actual gobierno al respecto.
En primer lugar, está el Decreto 204 del 8 de febrero de 2022, cuyo objeto es reglamentar las competencias, trámites y actividades que deben adelantar las autoridades nacionales competentes para garantizar la protección del Patrimonio Cultural Sumergido.
Esta norma procura nivelar en varios aspectos el régimen legal del patrimonio arqueológico subacuático, con aquel que se ha venido desarrollando para contextos arqueológicos terrestres, por ejemplo, en lo referido a hallazgos fortuitos, inventario de bienes arqueológicos, programas de arqueología preventiva y declaratoria de áreas arqueológicas protegidas.
No obstante, este tipo de desarrollos legislativos dejan intactos aquellos artículos de la Ley 1675 de 2013 que fueron redactados para permitir que empresas privadas orientadas por intereses fundamentalmente económicos, exploren, extraigan y comercialicen bienes del patrimonio arqueológico que son de la Nación.
Es decir, que, aun cuando en la teoría el contexto del galeón San José se encuentra protegido, siguen a merced de cazatesoros, los numerosos pecios que yacen en el fondo marino en aguas colombianas.
Por ello, reiteramos lo que en la citada reunión y en varios pronunciamientos públicos hemos dicho al respecto: la Ley 1675 y su reglamentación, deben ser objeto de una modificación de fondo con la finalidad de eliminar aquellos apartados que posibilitan el cuestionable tratamiento de parte de los bienes que integran el patrimonio cultural sumergido como si fuesen mercancías.
Adicionalmente, deben sumarse, con suficiencia, tópicos sobre la participación de las comunidades en los procesos de investigación y puesta en valor de dicho patrimonio, así como el apoyo estatal a programas y proyectos de iniciativa nacional para generar conocimiento y poner en marcha acciones de conservación y divulgación del patrimonio cultural sumergido.
Justamente, en relación con este último aspecto, es que resulta preocupante que, en días recientes desde la vicepresidencia se haya publicado que “En coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y el Ministerio de Cultura, se abrirá una nueva convocatoria para hacer un contrato de extracción del galeón, con expertos y arqueólogos internacionales, que tengan toda la capacidad técnica para sacarlo” (https://www.cancilleria.gov.co/galeon-san-jose-no-entregara-pago-especie-prioridad-su-preservacion-patrimonio-cultural-sumergido). Nota de prensa que resume el sentido de algunas alocuciones realizadas en estos días por la Vicepresidente, y de la cual surgen numerosos interrogantes, entre los cuales destacamos:
¿Está preparando el Gobierno otro contrato de “extracción” para “sacar” los bienes que integran el contexto arqueológico del galeón San José?
La decisión de intervenir y extraer en parte o totalmente estos bienes, es una decisión muy delicada, que debe ser el resultado de un análisis detallado, técnico y científico, de las condiciones actuales del mismo y de la capacidad de asumir el reto de garantizar su preservación para las generaciones futuras.
¿Cuáles son, por lo tanto, la información básica, los estándares y los protocolos científicos que se están contemplando para diseñar una nueva licitación orientada expresamente a contratar la extracción?
¿Cuáles son los objetivos de fondo de ese contrato: económicos o científicos y culturales?
De ser lo primero, no habría novedades respecto del negocio que se proponía el anterior gobierno, el cual, como se sabe, resultaba riesgoso para la integridad del patrimonio cultural sumergido, así como inconveniente y oneroso para el país.
Si fuera lo segundo, resulta preocupante que de entrada se esté hablando de “expertos y arqueólogos internacionales, que tengan toda la capacidad técnica para sacarlo”. Ya en el pasado reciente, con la figura de un “dream team”, el gobierno Santos quiso recubrir con un halo de cientificidad el proyecto comercial de extracción del San José. Se trataba, decía, de “las mejores mentes de expertos del mundo entero” (http://2020.anticorrupcion.gov.co/Paginas/comision-18abril-2018.aspx).
Más allá de las similitudes, el tono puesto en el ámbito internacional, para contar con las capacidades técnicas y científicas, da la clara impresión de que el actual Gobierno no está teniendo en cuenta o subestima la experiencia y potencialidades académicas, investigativas y tecnológicas que posee el país.
Como también hemos hecho público y recomendado a la vicepresidente en su momento, consideramos que cualquier tratamiento de los bienes que integran el naufragio del Galeón San José, debe hacerse con base en un Plan de Manejo Arqueológico que permita darles adecuado tratamiento científico, técnico y cultural.
Un Plan que debe ser claramente liderado por el Estado colombiano, con participación de las universidades del país, las comunidades situadas en los contextos geohistóricos de aplicación del Plan y las entidades estatales con capacidad técnica para apoyarlo.
Por su importancia para la humanidad, se debe convocar a centros de investigación de otros países, con reconocida solvencia científica y ética, para apoyar el diseño y ejecución del Plan, mediante esquemas de cooperación e intercambio científico y académico.
Para finalizar, recordamos y reiteramos que el contexto arqueológico del galeón San José es muy delicado, único e irrepetible.
Por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre su intervención o eventual extracción requieren de información sumamente detallada, que sea analizada y convalidada por miembros de la comunidad académica y científica, expertos en los diversos temas de arqueología, historia, conservación restauración y afines.
También recordamos que el contexto arqueológico del San José hace parte del patrimonio arqueológico de la Nación.
Por ello, tales decisiones deben ser sometidas oportunamente a consideración de los organismos nacionales que tienen injerencia en el tema, e igualmente comunicadas a la ciudadanía, tratándose de un asunto público, de interés nacional.
Lo que se haga con el contexto arqueológico del Galeón San José, será referente obligado para el tratamiento que a futuro se realice del patrimonio arqueológico sumergido en espacios acuáticos del país.
Francisco Javier Aceituno - Universidad de Antioquia
Pedro Argüello - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Alba Nelly Gómez - Universidad de Antioquia
Luis Gonzalo Jaramillo - Universidad de los Andes
Roberto Enrique Lastra - Universidad del Atlántico
Juan Guillermo Martín - Universidad del Norte
María Julia Ochoa - Universidad de Antioquia
Diógenes Patiño - Universidad del Cauca
Juan Felipe Pérez - Fundación Proyecto Navío
Carlo Emilio Piazzini - Universidad de Antioquia
William Andrés Posada - Universidad de Antioquia
Sneider Rojas - Universidad de Antioquia
