Hay suficiente evidencia de los negativos resultados que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) ha tenido para Colombia. No es necesario adelantar mayores investigaciones para determinar su inconveniencia. Bastarían los testimonios vivos que durante estos diez años han suministrado empresarios, campesinos y habitantes de ciudades afectados por las privatizaciones de los servicios públicos y por políticas tales como la eliminación del crédito de fomento y el desmonte de instituciones estatales que de alguna forma suministraban salud, acopio de cosechas o vivienda social.
En los diez años del TLC pasamos de importar 110.000 toneladas de maíz a 3.858.000. Se triplicaron las importaciones de soya y las importaciones de trigo pasaron de 389.000 toneladas a 592.000, siendo que la producción nacional de este cereal proporciona menos de uno por ciento del consumo nacional. Las exportaciones tradicionales de productos agrarios en un 97 % corresponden a café, banano y flores y el restante 3 %, a pequeños envíos de frutas tropicales, plantas aromáticas y condimentos. El país compró más de seis veces la cantidad de productos agropecuarios de la que vendió a Estados Unidos.
En el terreno manufacturero completamos 70.931 millones de déficit acumulado. Han llegado por raudales lacto sueros, usados para rendir la leche en forma fraudulenta y leche en polvo con la cual se ha incluso producido mantequilla, afectando miles de lecheros colombianos. Colombia exporta petróleo e importa derivados del petróleo con mayor valor agregado, lo que explica la mayor parte del déficit del sector petroquímico.
Entre 2002 y 2011 la IED proveniente de Estados Unidos creció a un ritmo promedio de 22 % anual, mientras que entre 2012 y 2021 el ritmo de crecimiento promedio fue de solo el 10 %. Al comparar los 10 años previos al tratado con los 10 posteriores, el total de la IED apenas aumentó en USD 3.400 millones. Así mismo, la IED pasó de representar el 7 % del PIB a sólo el 4,3 % en los últimos años. La anunciada llegada de inversión no fue real y mucha de ella se explica, no por efectos del TLC, sino por la estrategia de las multinacionales de invertir en minería y en el sector financiero
El enorme déficit comercial se ha sumado al fiscal y al aumento de la deuda externa para cubrirlos. La economía es cada vez más vulnerable a las variaciones de la economía mundial. E incluso eventos catastróficos como la pandemia del coronavirus no han podido ser tratados con políticas de emergencia, porque los gobiernos colombianos se han apegado a la letra del Tratado, que exige unas políticas macroeconómicas que ante todo preservan los intereses de los inversionistas extranjeros. Los informes presentados por el Ejecutivo al Congreso sobre la política comercial evidencian el recurrente déficit comercial, el aumento desmesurado de las importaciones, la pérdida de la soberanía alimentaria y la concentración de las exportaciones en productos mineros cuyo incremento no necesita del Tratado.
El comercio es solamente una parte del Tratado. El capítulo de inversiones ha permitido que empresas de Estados Unidos hayan colocado siete demandas multimillonarias hoy sometidas a tribunales internacionales, sin que pasen por la justicia colombiana. El capítulo otorga todos los derechos a los inversionistas y ninguno al Estado colombiano. El Tratado establece que muchas de las actividades del gobierno son anticompetitivas, pero las de las empresas extranjeras no. El capítulo de propiedad intelectual ha estimulado la arbitrariedad de los grandes laboratorios internacionales en los precios de los medicamentos y colocado obstáculos a la industria farmacéutica nacional.
Así algunos arguyan que el TLC es intocable, muchos ya reconocen, ante la gravedad de los perjuicios, que amerita ser replanteado. Crece la opinión de que quedó mal negociado, que las concesiones de Colombia fueron desmesuradas y que lo que se hizo fue adherir a todas las exigencias estadounidenses.
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Como todo contrato entre dos partes, el TLC puede ser modificado, denunciado o renegociado
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Como todo contrato entre dos partes, el TLC puede ser modificado, denunciado o renegociado. Para ello solamente se requiere voluntad. Es un problema político y no técnico y bastaría la decisión presidencial. En el texto del Tratado, los gobiernos de ambos países establecieron una Comisión Administradora del Acuerdo, sobre cuyo funcionamiento el gobierno nada ha informado a la opinión pública. La Comisión tiene unas funciones muy limitadas, ya que se le faculta para acelerar las listas de eliminación arancelaria, pero no para retardarlas. También para cambiar algunas reglas de origen, especialmente en textiles, a fin de establecer qué parte de contenido extranjero puede ser incorporado a un producto para ser considerado nacional. Se le permite “considerar” eventuales modificaciones al Capítulo de Contratación Pública, pero no decidir, siempre y cuando apunten a fortalecer las capacidades comerciales de Colombia en pro del libre comercio. En suma, dentro del marco institucional del Tratado, los delegados de los presidentes solo pueden hacer modificaciones menores. Los temas gruesos, como los de propiedad intelectual o inversión, no pueden tocarse. Son las disposiciones del Tratado que afectan el conjunto de la economía, limitan el ámbito de acción del Estado y la prestación de servicios públicos, entre muchas otras cosas
También se creó la Comisión de Libre Comercio, conformada por el ministro de Comercio de Colombia y el representante comercial de Estados Unidos, escogidos y dirigidos por los presidentes, y los coordinadores del acuerdo serán estos mismos o sus delegados, lo cual pone la responsabilidad en la decisión política de los primeros mandatarios.
Según María Claudia Lacouture, “no se pueden hacer modificaciones en materia de tiempos, montos y porcentajes para subir aranceles”. Significa que propósitos como elevar los aranceles al maíz o al arroz o diferir los tiempos para la desgravación de productos como el pollo o los lácteos están excluidos de las atribuciones de la Comisión Administradora e incluso de la Comisión de Libre Comercio, la cual actúa en representación de los respectivos gobiernos y dentro del marco de los establecido en el texto del Tratado. Una modificación tendría que hacerse mediante un acuerdo entre los presidentes y surtir los trámites correspondientes, como es la aprobación por los respectivos Congresos, como cuando se aprobó en ellos el Protocolo Modificatorio del Acuerdo, a mediados de 2007.
Es necesario oír los reclamos de la población víctima y consultar a los sectores productivos y sociales. Es el momento de que se pronuncien no solo los que padecen los efectos comerciales, sino también toda la sociedad, para que conozca las disposiciones lesivas y los impactos negativos.
