“Nuestra intención es sacarlo todo”. Así se ha pronunciado en los últimos días el presidente de Colombia Gustavo Petro, respecto del cargamento del Galeón San José, precisando que la Armada Nacional tiene la orden de “ya sacar una parte”.
Un imperativo categórico de extracción que viene expresando desde el inicio de su mandato, y sobre el que se ha venido pronunciando críticamente la RUPCS, por los riesgos que dicha directriz representa para la preservación y mejor conocimiento del patrimonio cultural sumergido-PCS, además de agravar los procesos jurídicos de demanda que empresas cazatesoros han interpuesto ante el Estado colombiano, animadas por el valor económico que esperan tenga dicho cargamento (ver los comunicados de la RUPCS en https://opca.uniandes.edu.co/red-universitaria-de-patrimonio-cultural-sumergido/).
Hay que llamar nuevamente la atención de la opinión pública y los funcionarios del Estado sobre las consecuencias de este mandato presidencial y sus avances, teniendo en cuenta que, para los próximos meses de abril y mayo, tienen previsto “ya sacar una parte” del Galeón. Las palabras del Presidente fueron pronunciadas el pasado 28 de febrero, en la apertura de la 43° Vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo-ANATO, en un lenguaje que debe estar preocupando mucho a los funcionarios encargados de sacar adelante su orden (Ver a partir del minuto 32, en: https://www.youtube.com/watch?v=inACIY6kcLI&ab_channel=90SegundosNoticias).Tal vez hayan logrado que, por resultar políticamente inconveniente, ya no hable más de tesoros, sino de patrimonio cultural, incluso que no vuelva a mencionar a Roger Dooley (reconocido cazatesoros), ni la figura de una asociación público-privada-APP para sacar mediante contrato los restos del Galeón. Pero, mientras que no se ha vuelto a decir nada de esos posibles negocios, siguen siendo nítidos el carácter y el afán extractivo del Presidente, lo cual contrasta con la campaña publicitaria de la iniciativa, recubierta estratégicamente de ciencia, tecnología y cultura, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH, y, por supuesto, la Armada Nacional.
Y es que, apenas cinco días antes del pronunciamiento presidencial, entre el 22 y 23 de febrero, tales entidades habían realizado en Cartagena de Indias un evento ampliamente publicitado denominado “Perspectivas y Desafíos del Proyecto de Investigación en el BIC Galeón San José”, transmitido en directo por tv y redes sociales (Ver: https://www.youtube.com/watch?v=MlezbQBMJ-U&ab_channel=InstitutoColombianodeAntropolog%C3%ADaeHistoria). Este se anunció como la “presentación en sociedad” de lo que hasta el momento sólo se había mencionado de paso en redes y medios de comunicación, y que el propio ministro de las culturas Juan David Correa denominó el “trabajo silencioso” que venía haciendo la Armada Nacional. En este evento, que fue presentado como evidencia de un espíritu participativo e incluso de la aplicación de un enfoque decolonial, no hubo espacio para preguntas del público, y sólo se concedió un espacio de 30 minutos a las posturas críticas frente a la intención de extracción del pecio Galeón San José, luego de la presentación de seis ponencias por parte de invitados internacionales. Estos últimos, además de la presentación de generalidades y algunos casos sobre arqueología subacuática, básicamente se dedicaron a exaltar la iniciativa del gobierno, contribuyendo a darle un sello científico internacional. No se invitó a ningún investigador con experiencia confirmada en arqueología de yacimientos profundos, y, en general, no se ha tenido en cuenta el contexto de la arqueología subacuática colombiana, en particular la falta de políticas activas de protección y gestión del PCS costero, más amenazado que el del San José.
Tal despliegue sólo fue interrumpido antes del almuerzo del primer día, por la intervención de Paula Robledo Silva, ex directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE, en la que
anunció que “el litigio arbitral con Sea Search Armada por los derechos patrimoniales del Galeón San José, acaba de iniciar formalmente”. Se trata de una amenaza jurídica “real y latente” -tal como dijo-, que enfrenta el país, entre otras causas, por el inadecuado tratamiento que sucesivos gobiernos han dado al PCS, como objeto de mercantilización. En este litigio, valga recordarlo, la empresa cazatesoros Sea Search Armada reclama el pago de USD $10.000 millones correspondientes a lo que considera su mitad del botín representado en el cargamento del Galeón San José, que dice haber descubierto en 1982, con licencia del gobierno de turno.
Tan alarmante mensaje, que se suma a otras demandas efectuadas en el pasado por la misma empresa y otras de origen semejante que podrían avecinarse, no volvió a tocarse en detalle durante la presentación del proyecto de extracción del Galeón San José, efectuada durante la mañana del 23 de febrero, con la participación de oficiales de la Armada Nacional y funcionarios del Ministerio de las Culturas y del ICANH. Se trató de una serie de ponencias sobre la sofisticación de los equipos marinos y submarinos que ha adquirido el Estado colombiano para llegar al pecio, así como aspectos generales de investigación en arqueología subacuática, entre los cuales se mencionó, cada vez que se pudo, el principio de conservación “in situ”, para justificar cómo podría extraerse por ahora una parte de este. Básicamente, estas ponencias entraron en detalles del borrador de Plan de Manejo Arqueológico previamente publicado en diciembre por el ICANH, cuyas inconsistencias y pendientes ya hemos presentado públicamente en un examen crítico.
Este bloque de ponencias técnicas fue combinado en la media mañana con un acto de agradecimiento del representante de la nación Qhara Qhara de Bolivia, Samuel Flores, al presidente Petro, por la inclusión en la exploración del Galeón San José. Acto que, sumado a la visible presencia del embajador español en Colombia, Joaquín de Arístegui, llama la atención acerca de cuál es y cómo se está definiendo el posicionamiento oficial de Colombia en relación con actores internacionales que, en el pasado reciente, han manifestado tener derechos sobre la suerte del pecio, y que podrían complicar y agravar los riesgos ya señalados por la directora de la ANDJE. Esta pregunta, al igual que otras que expresamos en este comunicado, exige una respuesta clara y oportuna por parte del gobierno nacional. Por ahora, sólo se tienen declaraciones de prensa efectuadas por el ministro Correa y la directora del ICANH, Alhena Caicedo, en el sentido de crear un escenario de cooperación entre ambos Estados para gestionar y pensar el galeón San José como parte del patrimonio no sólo de España y Colombia, sino también de otros pueblos. ¿Se firmará un acuerdo de cooperación con España? Y con ello, ¿se despejará la duda sobre una eventual disputa en estrados internacionales argumentando el principio de inmunidad soberana? ¿Qué sucederá con el complejo proceso que tendrá que adelantar el Estado colombiano para defenderse de Sea Search Armada en la Corte Internacional de Arbitraje? ¿Qué acciones legales se esperan de la otra empresa cazatesoros, Maritime Archaeology Consultants, a quien no se le adjudicó la APP estructurada durante el gobierno de Juan Manuel Santos para saquear el pecio? ¿Cómo avanzan las acciones interpuestas por la comunidad Qhara Qhara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
La presentación efectuada por el arqueólogo Juan Guillermo Martín, en representación de la RUPCS, expresó el posicionamiento crítico que desde esa instancia se ha venido indicando frente a varios temas, entre los cuales cabe mencionar algunos que, ante la insistencia, afectaron visiblemente las intervenciones de altos cargos del Gobierno, durante el evento o ya en su cierre. Mientras que el ministro Correa informó públicamente que se procederá a modificar la Ley 1675 de 2013, la directora Caicedo dijo que para finales de año se tendrá una política pública sobre PCS. Han sido estas dos exigencias que la RUPCS ha hecho a este y otros gobiernos, y sobre las cuales es menester interrogar a las entidades competentes: cuál es concretamente el proyecto de modificación de la ley 1675 y cuál la agenda legislativa prevista, teniendo muy presente que lo que se requiere es la eliminación de todas las anomalías jurídicas que, con la expedición de dicha ley, se introdujeron para permitir la comercialización del PCS. En cuanto a la política pública sobre PCS, es absolutamente necesario que prontamente se indique, con claridad, los responsables, facilitadores, recursos, convocatoria y agenda de trabajo para garantizar un proceso que, al tratar con un asunto de Estado y no sólo de gobierno, debe ser, como lo ha indicado la Red, democrático y ampliamente participativo.
También parecen haber tenido algún tipo de efecto los reclamos de la RUPCS acerca de la absoluta necesidad de contar con el concepto positivo del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural al Plan de Manejo Arqueológico antes de intervenir el yacimiento arqueológico del pecio Galeón San José. Lo anterior, porque éste fue declarado en 2020 Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, mediando, como exige la normativa, el concepto de dicho Consejo. La directora del ICANH se refirió por primera vez a esta exigencia, pero lo hizo para darle largas al trámite, suponiendo que la intervención del pecio, programada para abril o mayo próximos, no la requiere. Con ello, además, postergó la agenda de los ajustes, correcciones y adiciones que indudablemente necesita el borrador del Plan, tal y como ya se indicó en su momento.
Lo que en todo caso no se puede postergar, es la necesaria autorización que, por ley, debe expedir el ICANH antes de cualquier intervención sobre el patrimonio arqueológico, sea en tierra o en agua. Este Instituto, que no hay que olvidarlo, es la máxima autoridad nacional en materia de protección del patrimonio arqueológico, debe hacer la evaluación previa y rigurosa de una propuesta de investigación, un documento en el que, además de los aspectos estrictamente científicos, deben estar claramente consignados los cronogramas, los presupuestos y la conformación del equipo humano. En este sentido, urge que desde las entidades responsables se haga público el documento científico que soporta la intervención anunciada para abril o mayo próximos, así como la autorización de intervención concedida por el ICANH, y el nombre, registro nacional de arqueología-RNA y credenciales académicas de las personas que conforman el equipo.
En el referido Simposio, se dieron a conocer algunas de las personas que están involucradas en el proyecto, con una vaga idea acerca de sus roles, no siendo aún claro cuántos son los equipos de trabajo que se han conformado, ni quiénes y qué hojas de vida y experiencia los respaldan. Tampoco hay claridad sobre el rol de los invitados internacionales, pero se sabe, por una reciente comunicación suscrita por éstos, que hacen parte de un “Consejo Consultivo” o “Equipo asesor” (https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/expertos-internacionales-exaltan-plan-de-manejo-arqueologico-del-galeon-san-jose/). Solicitamos que el gobierno precise: ¿cuál es el alcance de esta instancia consultiva? ¿cuál su naturaleza? ¿cómo y cuándo se creó esa figura y, bajo qué normativa? ¿se trata de un consejo ad honorem? y ¿cómo se definieron los perfiles de los miembros y qué experiencia certificada tienen cada uno en proyectos de arqueología de profundidad?
Más ampliamente, tratándose de un asunto de país y de la inversión de recursos públicos, es menester que se presenten claramente las cuentas de los 18 mil millones de pesos (4.5 millones de dólares) que se ha dicho públicamente por parte del gobierno, se han dispuesto para la fase de extracción prevista para abril-mayo. ¿Cuál es su origen, destinación específica, cronograma y forma de ejecución? Igualmente, ¿qué tipo de contrataciones se van a realizar, si son directas, por concurso o licitación, y a qué rubros específicos corresponden?
Finalmente, hay que referirse a la idea del gobierno de crear un museo para el galeón San José en Cartagena. Esta iniciativa no parece tener en cuenta la dramática situación que viven muchos museos del país, incluyendo Cartagena de Indias: limitaciones presupuestales y elevados costos que exigen las tareas de mantenimiento, conservación, curaduría y exhibición de los bienes que resguardan. En tal sentido, esta idea de museo requiere, por sí misma, de la formulación de un proyecto que, contando con los sectores académicos y culturales afines, exponga con suficiencia y rigor las condiciones técnicas, científicas, institucionales y presupuestales, necesarias para garantizar su función y sostenibilidad.
La RUPCS no pretende hablar por todos los sectores académicos con dinámicas de investigación y formación para la conservación, divulgación y gestión de los patrimonios culturales y naturales. Sin embargo, es claro que el Gobierno no ha convocado la participación de estos sectores para lograr el diseño cuidadoso y la toma de decisiones mesuradas, oportunas, suficientemente informadas y responsables, en torno al pecio Galeón San José y el PCS en general. Para que, en realidad, se pueda hablar de un proyecto de País, tal convocatoria y participación tendría que haber comenzado desde el principio.
Con todo, esperamos que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el ICANH publiquen cuando antes la documentación solicitada, facilitando así una evaluación integral e independiente, del proyecto Galeón San José, como lo requiere cualquier proyecto que se considere científico.
Firman en orden alfabético, según su apellido:
Pedro María Argüello García, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUPCS
José Bettencourt, Universidade Nova de Lisboa
Sergio Andrés Castro Méndez, Universidad de Santander
David Cohen Daza, Universidad de los Andes, RUPCS
Mario Omar Fernández Reguera, Universidad de los Andes, RUPCS
Mónica Johana Giedelman Reyes, Universidad de Santander
Hernando Javier Giraldo Tenorio, Universidad del Cauca
Alba Nelly Gómez García, Universidad de Antioquia, RUPCS
Juliana Gómez Mejía, Universidad de Caldas
Luis Gonzalo Jaramillo Echeverri, Universidad de Los Andes, RUPCS
Roberto Enrique Lastra Mier, Universidad del Atlántico, RUPCS
Juan Guillermo Martin Rincón, Universidad del Norte, RUPCS
Santiago Ortiz Aristizábal, Universidad de Antioquia, RUPCS
Rodrigo Pacheco, National Museum of Royal Navy
Juan Felipe Pérez Díaz, Fundación Proyecto Navío, RUPCS
Carlo Emilio Piazzini Suárez, Universidad de Antioquia, RUPCS
Sneider Rojas Mora, Universidad de Antioquia, RUPCS
Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda, Universidad Nacional de Colombia
Manuel Salge Ferro, Universidad Externado de Colombia
Mónica Patricia Valentini, Universidad Nacional de Rosario
Juan Carlos Vargas Ruiz, Universidad del Magdalena, RUPCS
