Desde hace más de un año y, en particular, desde el 28 de abril de 2021, los colombianos manifiestan su inconformidad social a través de protestas sociales numerosas, diversas y permanentes. Inconformidad, causada por un modelo económico que en treinta años ha generado: concentración de riqueza para pocos, mediante el pillaje y la corrupción; y miseria, pobreza y hambre para el pueblo. Inconformidad, atizada por las políticas y los proyectos que en esa misma línea impulsa el nefasto gobierno actual, en cabeza de Iván Duque; gobierno, que en plena pandemia no ha hecho más que precarizar la vida de los colombianos. Estas son algunas raíces de la movilización de la gente digna, que ya no aguanta más.
Por su parte, el gobierno de Iván Duque ha dado una respuesta siniestra y sanguinaria, un tratamiento militar ilegal, violando los derechos humanos y masacrando a quienes justamente se movilizan y participan de la protesta social. Estas masacres, ejecutadas por el gobierno, son impulsadas por la mafia en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, continuando sus estrategias de paramilitarismo, los mal llamados falsos positivos, las masacres de líderes sociales, y ahora, las masacres urbanas. Una caravana de la muerte, que busca silenciar dicha inconformidad, postergar un modelo económico nefasto y garantizarle impunidad a Uribe Vélez y sus secuaces.
Estos sectores mafiosos atizan un discurso manipulador y polarizador, tratando a los manifestantes como “vándalos” que siguen los planes de una “revolución molecular” del terrorismo; afirmando, que se trata de planes del “castrochavismo” y otras invenciones propias de un discurso de extrema derecha, irreal, pero que genera odio y desinformación. Usan la violencia, para provocar un nuevo conflicto interno, que polarice y divida a la sociedad; pretenden declarar conmoción interior y centrar la agenda pública en el terrorismo, en el vandalismo, para postergar esta dictadura mafiosa en el poder.
La cifras de las organizaciones de derechos humanos muestran la realidad de un gobierno asesino, que en los 6 días de movilización ha dejado más de 21 muertos; más de 1000 heridos, mujeres violadas por la policía; 12 casos de jóvenes cegados. Las imágenes de estos asesinatos son horribles, y reflejan el tipo de narcoestado al cual estamos hoy sometidos. Para algunos senadores estamos asistiendo a una situación grave de régimen de terrorismo de Estado, un intento de demoler los procesos democráticos, estado de excepción, estado de sitio y toques de queda.
Son varias las estrategias de terror, que le gobierno ha desplegado, bajo un esquema reiterado en todas las ciudades, donde el Esmad y la policía adelantan acciones como las siguientes: disparan de manera indiscriminada contra los manifestantes; disparan o agreden, contra el cuerpo y cabeza de los manifestantes, con armas no letales, pero con un uso imprudente y doloso; entran a las casas donde se refugian quienes participan en la protesta social, y las vandalizan arrojando gases, granadas aturdidoras y destruyendo la infraestructura, sin importarles la presencia de menores de edad y adultos mayores. Así mismo, civiles armados desde carros de alta gama y motocicletas, sin placa, disparan o secuestran a los manifestantes. Son constantes las amenazas, agresiones, tratos crueles, abusos sexuales, desapariciones y torturas. En estos abusos, se repite un patrón de vínculos entre Esmad, Redes de Vigilancia Privada y fuerzas siniestras del paramilitarismo.
Así, el gobierno Duque ha criminalizado y militarizado la protesta social, violando el derecho a la vida, la integridad, la libertad de asociación, de expresión, la legalidad y los derechos humanos. Al tiempo, ha construido un discurso de odio contra los manifestantes señalándolos como vándalos, castrochavistas y propagando dicho discurso para polarizar la sociedad. Es esto, lo que se ha presentado en particular del 28 de abril al 3 de mayo, con la militarización de la ciudad de Cali, y el accionar ilegal y desproporcionado de policías, Esmad y militares, que disparan de manera indiscriminada y despliegan todo el repertorio violento señalado anteriormente, generando muerte y dolor.
Dada la concentración de poder, durante el gobierno Duque, los organismos de control y de defensa de derechos humanos fueron cooptados, Congreso de la República, Defensoría, Ministerio Público, lo que explica su inacción frente a la situación actual de violación a los derechos humanos. Por el contrario, niegan los abusos policiales, no reconocen las masacres producto de las acciones policiales y desconocen el carácter sistemático de este accionar. Ratificando lo anterior, el 4 de mayo de 2021 desde algunas de estas instituciones, se emite un informe falaz e indignante sobre la situación de las masacres en Cali. Además, no hay cifras oficiales sobre las personas masacradas, heridas, torturadas y desaparecidas; la Fiscalía no lleva cifras y bloquea las páginas oficiales para que no se puedan subir las denuncias.
De otro lado, los defensores de derechos humanos nacionales, internacionales y de la ONU han sido atacados, los funcionarios heridos, amenazados por la policía y el ejército. Les han impedido hacer observación, documentación y reportes. La policía y el ejército, no respetan protocolos de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. A la misión médica, se les agrede y dispara, por parte de la policía, el ejército y civiles paramilitares; varios paramédicos y ambulancias han sido baleados y se les ha impedido recoger a los heridos. Llanamente, el gobierno no brinda garantías para las labores de los defensores de derechos humanos, los convierte en objetivo militar. Pero, tergiversando la realidad, endilga la violencia a los manifestantes.
En síntesis, asistimos a una dictadura mafiosa militar, en cabeza de Iván Duque, el general Zapateiro y el ministro de defensa Diego Molano, quienes están masacrando al pueblo colombiano; estos son los responsables. La Policía, Ejército y Esmad son responsables por las personas masacradas, las heridas a fusil, desaparecidas, detenidas, abusadas y torturadas. También, por su negligencia y omisión de funciones, los órganos de control y ministerio público son cómplices y responsables.
Además, los medios de comunicación RCN y Caracol han promovido el odio a partir de noticias falsas y han silenciado la realidad de las masacres; son cómplices y promotores de estas masacres. Es innegable que el gobierno en cabeza de Iván Duque, es el responsable de este proyecto de terror y violación de los derechos humanos, de las libertades civiles y políticas más básicas, del derecho internacional humanitario y la destrucción de lo que quedaba del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática.
Finalmente, lo que estamos observando, es la implantación de una dictadura mafiosa, bajo el estado de excepción. Este es el estado de conmoción interior que Uribe exige declarar a Duque. Hoy el sentido de humanidad, nos impela unirnos contra un gobierno indolente frente a las necesidades del pueblo colombiano y que no respeta la vida y los derechos humanos. Un gobierno, que responde a los intereses de los grupos mafiosos y paramilitares, desesperados por llenar de sangre a Colombia, polarizar la sociedad con discursos de odio, para borrar sus crímenes, en cabeza de Uribe y dar continuidad a un modelo económico basado en el pillaje y perpetuarse en el poder. Solamente la resistencia, la organización y la solidaridad popular podrá detener este proyecto de muerte y terror.
