"La élite mafiosa y el terrorismo de Estado son el monstruo que inventa monstruos para justificar sus salvajadas".
Las acciones y discursos de Diego Molano ministro de defensa, el monstruo creador de monstruos, revelan la mentalidad y la estrategia fascista operada en Popayán y otras ciudades de Colombia, para implantar el estado de excepción como proyecto de una elite mafiosa. El estado de excepción es un proyecto de destrucción de los derechos fundamentales del ciudadano, y de toda posibilidad de expresión y organización democrática popular. Como técnica de gobierno, opera mediante el terrorismo de Estado abierto e indiscriminado para acallar la protesta social y aterrorizar la sociedad; junto a una matriz de propaganda orientada a generar pánico en la sociedad frente a supuestas amenazas terroristas, legitimando la violencia estatal y la vulneración de derechos humanos. El monstruo es el Estado de excepción, un proyecto de Estado que pretende reducir a los ciudadanos a objetos sin voz, a una población sin derechos, cuya muerte se puede administrar a voluntad de las elites, y que espera configurar una población dócil.
En Colombia, la implantación del estado de excepción permanente como proyecto político y como técnica de gobierno, ha tenido avances en gobiernos autoritarios, y en particular en los precedidos directa e indirectamente por Álvaro Uribe. Se trata de un proyecto de elites mafiosas que concentran el poder, cooptan las instituciones estatales; y que agencian el terrorismo de eEstado de forma abierta o encubierta para desarticular la sociedad y la protesta social. Élites que pretenden gobernar desconociendo los derechos fundamentales y los procesos democráticos populares.
En los años 2000, el estado de excepción se procuró convertir en orden jurídico permanente, mediante la política de “seguridad democrática” que se impuso con un discurso fascista del miedo y el odio contra los terroristas que polarizó la sociedad y excluyó toda crítica democrática. Dicha política, implantó el terrorismo de Estado mediante las estrategias del paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres de líderes sociales, la persecución de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, y la criminalización de la protesta social. Uribe intentó convertir estás estrategias en políticas de Estado, y perpetuarse a sí mismo en el poder.
El gobierno Duque da continuidad al proyecto de estado de excepción permanente, lo que se refleja en sus pretensiones de: cooptar todas las instituciones estatales y hacer trizas el acuerdo de paz; amordazar la protesta social, sostener el asesinato permanente de líderes sociales (57 en lo corrido del 2021), las masacres (33 a mayo de 2021), y perseguir a defensores de derechos humanos (cifras Indepaz). Además, Uribe ha dado el nombre al monstruo que necesita el discurso fascista del miedo y el odio para implantar el estado de excepción, la denominada revolución molecular disipada, como doctrina inventada por el neonazi chileno Alexis López. Este es el proyecto aclamado por ciertos sectores dominantes que piden la declaración del estado de conmoción interior. Es este proyecto, el gestionado por Duque, en medio del paro iniciado el 28 de abril, usando varias estrategias de terror contra los habitantes de las ciudades colombianas, como Popayán y Cali, entre otras.
No es vandalismo, “no son unas manzanas podridas, es terrorismo de Estado”
De forma diáfana, se pueden observar dichas estrategias de terrorismo de Estado, en los acontecimientos de la última semana en la ciudad de Popayán, registrados por medios de comunicación y denuncias públicas.
Desde el inicio de las movilizaciones, el terrorismo de Estado afectó a los ciudadanos de Popayán, como sucedió también en otras ciudades; los manifestantes fueron objeto de agresiones brutales por el Esmad y la policía, que entre otras causaron muertes y lesiones oculares; barrios como la Paz fueron agredidos con gases y con daños a las casas. El miércoles 12 de mayo, cuando se convocó una nueva jornada de movilización, se reiteró el despliegue desproporcionado, ilegal e innecesario del Esmad contra los ciudadanos, como quedó grabado en videos donde se observa el arma Venom siendo usada contra el cuerpo de los manifestantes.
En horas de la noche, una joven de 17 años, quien salía del trabajo y se dirigía a casa de un amigo, fue detenida por el Esmad, y posteriormente denunció por redes sociales haber sido víctima de abuso sexual por miembros de la Policía; ulteriormente la joven se suicidó. Según, el general Ricardo Alarcón, como lo registra El Espectador, afirmaba que se trataba de “una noticia, aparte de falsa, vil y ruin” y aseguraba que la menor “nunca pisó instalaciones policiales”, pero horas después se conocían videos que comprobaban lo contrario y se retiraba del servicio a cuatro policías vinculados al caso. Otra menor, denunciaría abusos sexuales, como se lee en El Espeactador, que registra las declaraciones de la mamá de la joven, denunciando la violencia verbal ejercida contra ellas cuando “miembros del Esmad la amenazaron con “lamerla y “violarla””. La estrategia del terrorismo de Estado opera negando el salvajismo estatal, revictimizando a las víctimas y silenciando los hechos criminales.
El 13 de mayo la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz emite alerta en Popayán por rondas de “limpieza social” que se planificarían contra manifestantes, siguiendo el modo operandi de policías-paramilitarismo usado en la ciudad de Cali. La comisión señala que “la estrategia consiste en usar los vehículos policiales con modificaciones y ocultamiento de los colores verdes, y de los símbolos de la institución con pintura y polarizando todos los vidrios”, así como en el ocultamiento de placas. Se hace evidente, que la estrategia del terrorismo estatal, usa “formas paramilitares” para asesinar y masacrar a los ciudadanos, sean manifestantes o no.
El viernes 14 de mayo, las calles de Popayán se llenan de manifestantes indignados por los hechos de violencia sexual. En medio de esta jornada de indignación, se da la quema de la sede de la Unidad de Reacción Inmediata-URI, en una acción donde incluso podrían estar involucrados infiltrados. El Esmad, nuevamente adelanta acciones ilegales, desproporcionadas y violentas, como la arremetida de una tanqueta contra un grupo de jóvenes, con la consecuencia de que un joven es herido de manera grave y presenta lesión ocular, entre otras fracturas. Uno de los jóvenes afectados, ese día en horas de la noche, caminaba en busca de un medicamento, cuando un miembro del Esmad le golpeó generándole la perdida de la visión en uno de sus ojos. Así mismo, es asesinado un joven de 22 años después de que un miembro del Esmad le propinara un impacto con un objeto que “cayó en la vena aorta”, según versiones de medios de comunicación. De igual manera, se conoce que el resultado de estas acciones es al menos 40 personas heridas. En medio de estas situaciones, organizaciones de derechos humanos denuncian que los agentes policiales del Goes esconden sus placas de identificación; y agreden a periodistas (impidiéndoles grabar), a personal médico y a defensores de derechos humanos
El 15 de mayo el ministro de defensa Diego Molano Aponte, se reúne con el gobernador del Cauca y el alcalde de Popayán entre otros, en un consejo de seguridad. Al finalizar dicho consejo, de manera falaz y temeraria, señala y difama a reconocidos líderes sociales del departamento, e inventa una matriz mediática, según la cual la quema del edificio, antes mencionado, fue un acto vandálico que involucra el supuesto hurto de “procesos de 38 indiciados del ELN y las Farc”, armas y cocaína. Así mismo, sin ningún decoro el ministro ofrece “recompensa de hasta $50 millones” por información sobre “responsables de los actos violentos”.
Con esta matriz, el ministro pretendió manipular los hechos y establecer la matriz de odio y desinformación según la cual vándalos, terroristas urbanos y guerrillas estarían detrás de las movilizaciones, al paso que estigmatizaba a líderes sociales. Dicha estrategia involucra la judicialización de los líderes sociales y su conversión en objetivos del aparato sicarial del gobierno. Esto incluye allanamientos y retenciones ilegales de jóvenes para crear falsos judiciales. Justo en la madrugada del 16 de mayo, se reportaba el allanamiento de la casa de un líder juvenil, bajo so pretexto del hurto de munición de la URI, en los hechos del 14 de mayo.
Al mismo tiempo el ministro, Diego Molano Aponte, guardó silencio total sobre los abusos sexuales, asesinatos, agresiones y desapariciones ejecutadas por las fuerzas policiales contra los ciudadanos payaneses. Así, en la misma línea del mencionado general, el ministro Diego Molano Aponte revictimiza a las victimas tergiversando los hechos con dolo y saña, al denigrarlas a la condición de vándalos e invisibilizar su sufrimiento. Se anuncia, igualmente, la militarización de la ciudad.
No obstante, ante las presiones de diversos sectores sociales, culturales y defensores de derechos humanos, en horas de la noche el gobernador del Cauca Elías Larrahondo Carabalí, junto al alcalde de Popayán quien en todo momento ha guardado silencio, públicamente rechaza las declaraciones del ministro de Defensa Diego Molano; señala, el gobernador Larrahondo, que los presentados como alias por el ministro son reconocidos líderes sociales, y que el ofrecimiento de recompensas jamás fue conversado en el consejo de seguridad citado.
Estas mismas estrategias desplegadas por el terrorismo de Estado se dieron en la ciudad de Cali donde se reportan los abusos policiales en barrios como Melendez, Puerto Resistencia o Siloé, en donde la represión policial desproporcionada se acompañó con cortes en el servicio de energía y la señal de Internet. También se conocieron denuncias con imágenes donde camiones de la policía llevan hombres armados que disparan contra manifestantes, en el oeste de Cali; y denuncias de retenciones ilegales de ciudadanos que son paseados por distintas estaciones de policía siendo objeto de tratos crueles. Allí, civiles armados en una acción planificada disparan contra la guardia indígena en el sector de Ciudad Jardín, como lo denunció el representante John Jairo Hoyos quien “estaba en el lugar del ataque a la minga y relata que vio camionetas con placas tapadas que andaban con la policía”. Casos similares de carros de alta gama desde los cuales, en las noches, se disparaba de forma indiscriminada contra los jóvenes de los puntos de resistencia y la guardia indígena, fueron denunciados por organismos de derechos humanos y por el Consejo regional Indígena del Cauca (Cric).
Igualmente, las estrategias de terrorismo de Estado se dieron en la ciudad de Buga, donde según El Espectador, se observan videos donde miembros del Esmad disparan gases lacrimógenos contra barrios residenciales, la comunidad denuncia graves atropellos y además se conocieron grabaciones donde a los ciudadanos se les disparó desde helicópteros de la fuerza pública. Y justo en fecha del domingo 16 de mayo en horas de la noche, en Yumbo, se habrían presentado disparos indiscriminados de la policía; como resultado 25 personas resultaron heridas y tres asesinadas. Y el 17 de mayo se reitera el ataque a barrios residenciales en Cartago. Situaciones similares han sido reportadas en distintas ciudades del país. Además, El Espectador, dio a conocer una reunión entre políticos del partido Centro Democrático y empresarios de Pereira en la cual se “justifican el uso de la fuerza, el decreto de conmoción interior y el porte de armas con el argumento de la legítima defensa, entre otros”. Justo en dicha ciudad donde fuera asesinado Lucas Villa mediante practicas paramilitares.
Al revisar las situaciones presentadas, se observa que el despliegue del terrorismo de Estado ha sido a plena luz del día, pero se recrudece en horas de la noche. Las muertes, lecciones y violaciones contra los ciudadanos persiguen aterrorizar a quien desee manifestarse. En todos los casos defensores de derechos humanos y misiones medicas reportan ataques y amenazas de la fuerza pública. Según cifras de la ONG Temblores, el resultado es de más de 39 homicidios cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública, más de 30 personas con lecciones oculares, más de 20 victimas de violencia sexual, y más de 500 desaparecidos, entre otras alarmantes cifras. Tanto por los victimarios, policías y paramilitares, como por los hechos expuestos es evidente que estamos asistiendo fundamentalmente a acciones propias del terrorismo de Estado, cuyo fin es aterrorizar y desmovilizar.
Terrorismo de Estado y discurso del terror
Los hechos citados, muestran de forma clara el modus operandi de la estrategia uribista planificada y sistemática, se trata llanamente de terrorismo de Estado. Al tiempo, este terrorismo, se acompaña de un discurso de terror, racismo y odio, cuyos objetivos son: criminalizar la legítima protesta social y los bloqueos de vías; legitimar las violaciones patentes de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; legitimar los abusos sexuales y el asesinato de ciudadanos; normalizar el sicariato contra líderes sociales, las masacres contra manifestantes y sectores urbanos populares.
Tal discurso de terror, racismo y odio se difunde mediante una matriz mediática, con el objetivo de llenar de miedo y odio a la sociedad, polarizándola en contra de supuestos “terroristas urbanos” y otros monstruos inventados (los vándalos, Cuba, Venezuela, el castro chavismo, el ELN, las Farc). También analistas señalan que desde los tweets de Uribe y las bodegas uribistas se sigue incitando a la violencia, al paramilitarismo y al terrorismo de Estado. El fin de dichas estrategias de terrorismo y discurso del terror es la implantación de un estado de excepción permanente.
En suma, en medio de las movilizaciones sociales asistimos a la pretensión de consolidar un estado de excepción permanente. Este surge de un orden político cleptocrático, que se expresa en lo económico en el despojo de derechos y la extracción de rentas de los trabajadores hacia un puñado de oligarcas y multinacionales. Este orden, genera exclusiones radicales; empobrece y excluye poblaciones enteras. Cuando los ciudadanos excluidos revindican derechos y exigen transformaciones en dicho orden, la respuesta de las élites mafiosas, es una exclusión más radical; se declara a los ciudadanos excluidos como monstruos, vándalos, terroristas, no humanos sin derechos, y sin nombre; vidas desechables. Todo ciudadano que revindique sus derechos y haga uso de la democracia es representado discursivamente por estas elites como amenaza a eliminar.
Con esta representación discursiva buscan manipular la sociedad para implantar el miedo y el terror al monstruo a fin de legitimar el despliegue del terrorismo de Estado y la violación de derechos humanos. El monstruo objetivo es el proyecto del estado de excepción es el terrorismo de Estado, pero dicho monstruo se sostiene con la propaganda manipuladora y paranoica que convierte a los ciudadanos en monstruos, sin derechos y sin voz.
La democracia popular en las calles: estamos en resistencia por la vida
Estamos bajo una dictadura mafiosa un gobierno cuyo objetivo es el estado de excepción permanente y su modus operandi es el terrorismo de Estado. En contraposición al gobierno Duque que no respeta la vida y los derechos humanos, y que es indolente a las necesidades del pueblo fingiendo diálogos sin dar soluciones, deben profundizarse los procesos democráticos populares y fortalecerse las organizaciones sociales, desde asambleas directas. Hoy no es momento de callar, la estrategia uribista ha sido develada en toda su criminalidad y salvajismo, y el pueblo ha salido con indignación y fuerza a defender la vida, a buscar cambios anhelados por un mejor vivir.
Un pueblo indignado que se reúsa a que silencien su voz y sus derechos; un pueblo que ha aprendido que el terrorismo de Estado es también la respuesta de una élite ilegitima, corrupta y mezquina, que ha empobrecido y robado al país. Su indignación, se expresa en las movilizaciones masivas por la defensa de derechos a la vida, la salud, la educación, al trabajo digno y el anhelo a mejores condiciones de vida; esas movilizaciones expresan el deseo inquebrantable de todos los colombianos a tener futuro, y, sobre todo, nos han enseñado que el terror se vence con organización popular.
Tan claro es el terrorismo de Estado que hoy distintos analistas coinciden en señalar que se requiere una reforma a la policía y a su doctrina que desconoce los derechos humanos y el derecho humanitario; y para que quienes han dado las órdenes respondan ante la justicia ordinaria; adicionalmente señalan se requiere la eliminación del Esmad. También, se requiere superar las representaciones del lenguaje fascista y racista, que incitan crímenes de odio, avalan el terrorismo de Estado y promueven el paramilitarismo. Y, sobre todo, develar que las prácticas de terrorismo de Estado y del proyecto uribista del estado de excepción permanente, son contrarias a la democracia y a los derechos humanos.
Hoy es inaceptable la pretensión oscurantista e infame del uribismo de reducir los ciudadanos a una población dócil, más aún destruir la ciudadanía como sujeto de derechos y aniquilar el legítimo derecho a la protesta. Este pueblo ha despertado y no acepta que sus derechos y su dignidad sean aplastados.
Aún en esta horrible noche, la indignación y la esperanza colombiana se fortalece. Si las herencias de la dictadura pinochetiana, en Chile, están siendo derrotadas, los colombianos tenemos que profundizar la organización y los procesos democráticos con manifestaciones masivas y asambleas populares, que permitan derrotar la dictadura mafiosa. Solamente la resistencia, la organización y la solidaridad popular podrán detener la dictadura mafiosa, y su proyecto de muerte y terror.
