Mi nueva gestión en el derecho me había puesto en la necesidad de conseguir un registro civil para un cliente, lo que no contaba es que el bendito documento reposaba en un municipio del Cesar, algo distante de Barranquilla y muy cercano a Norte de Santander.
En la titánica labor, y digo titánica porque lo único con lo que contaba era el número de serie, se me dio por llamar a la alcaldía del municipio para buscar recomendaciones de algún tramitador; sin embargo, la labor fue infructuosa: nunca contestaron el teléfono, y a pesar de que dejé un mensaje en sus redes sociales, jamás respondieron.
Desafiando la lógica, se me ocurrió llamar a la estación de policía del lugar a ver si me daban información de otros teléfonos de la alcaldía, de algún tramitador o de un negocio que hiciese este tipo de gestiones. Muy amablemente fui atendido por un patrullero de la policía nacional, a quien le expliqué lo que me pasaba, que en últimas terminó ofreciéndome su ayuda.
El patrullero me manifestó que cuando pudiese salir de la estación me colaboraba. A los dos días me llamó y dijo que ya lo había tramitado, pero faltaba la firma del registrador, que debía regresar; colgamos, pasaron dos días más y lo llamé a preguntarle sobre el registro, me comentó nuevamente que no había podido salir.
Era la segunda vez que advertía de mi interlocutor una cierta imposibilidad en su desplazamiento, situación que me llevó a preguntarle qué pasaba en ese lugar. Es entonces cuando me dice: "Es que estamos en una zona de orden público, aquí si pongo un pie fuera de la estación, me matan; cuando salimos debemos hacerlo en grupos, porque en este pueblo hay Bacrim, ELN y disidencias de las Farc. Es más, doctor, hace como tres meses casi que nos toman la estación, y un mes atrás un francotirador nos mató a un compañero, aquí dentro de la estación hacemos todo".
A pesar de que continué la conversación con él, por dentro sentí terror e impotencia ante una situación que experimentan no solo los militares y policías, sino miles de ciudadanos que habitan decenas de municipios en Colombia. Esta situación descrita es el escenario en el que hoy está nadando nuestro país; esta es la paz que muchos políticos defienden a capa y espada, mientras que la realidad avasalla las regiones con el narcotráfico, el terror guerrillero y de las Bacrim, sembrando dolor y muerte en la población.
No me resultó nada grato escuchar cómo una persona que cumple un deber constitucional y legal sienta que camina sobre la cornisa y que al mínimo error o descuido, puedan terminar metiéndolo en una bolsa negra, mientras la sociedad se mofa y los desprecia.
Solo este año, según lo documentó recientemente un periódico de la capital, entre enero y septiembre han sido asesinados 110 uniformados en todo el país, que pareciera son muertos que solo les duele a sus familiares y amigos, porque todavía no advierto de la sociedad que dice exigir respeto por los derechos humanos, reclamo alguno en defensa de la vida de policías y militares.
La cifra es escandalosa si se tiene en cuenta que nos embarcaron en una paz que nos dividió, que gasta miles de millones de recursos, que nos muestra el rostro de la indolencia cada vez que asesinan cobardemente a policías y militares, en contraposición a una clase política que saca réditos en reconocimientos, con el agravante de que quien soporta la violencia sigue siendo la gente del común.
