El pasado domingo 11 de septiembre vi el programa “Los Informantes” emitido por el canal Caracol y dirigido por María Elvira Arango, en el que mostraban un reportaje sobre las carreteras improvisadas hechas por las FARC, que en consecuencia de esta actividad produce un daño ambiental crítico y que con razón se pone la lupa a esta problemática con el objetivo, supongo yo, poder llegar a soluciones, para que en un futuro, y lo que va significar el posconflicto, no se vuelva a repetir, pero sobre todo cómo hacer para que los técnicos del Ministerio de Ambiente, a través de sus entidades o la búsqueda de asesorías técnicas, puedan empezar una investigación para reforestar estos caminos.
Pero el problema del programa no fue que hicieran la denuncia, que es un trabajo que hay que agradecerle al periodismo, pues las autoridades judiciales o la vigilancia ambiental del país parecen no existir, sino la manera en que la periodista La Nena Arrazola abordó su investigación. Yo no sé mucho ni de la formación y mucho menos de la vida periodística de la presente, pero creo que se equivocó.
Desde las ciencias humanas, la academia promueve asignaturas que se relacionen con el trabajo social, y desde luego tiene la Antropología como carrera universitaria, que tiene entre sus especialidades la etnografía, que consiste en desarrollar un trabajo integral para entender las comunidades humanas. Trabajo que no es sencillo y que requiere una metodología, que muchas veces puede ser un fracaso o tener éxito, pero lo que es seguro es que si se encuentra una gran bibliografía para no morir en el intento.
No sólo es suficiente esa búsqueda intelectual, pues no es de obligatorio conocimiento, pero lo que si es cierto es que en cualquiera de esos libros o artículos, mencionan que, se debe realizar un ejercicio de observación, básico. Por otro lado, tener conocimiento previo de la comunidad a la que se va abordar; no es lo mismo el acceso a una comunidad negra que una indígena, o, no es lo mismo ingresar a un establecimiento público que privado. Por hablarse de comunidad, éstas cuentan con unos códigos que no se inventaron de la noche a la mañana, sino que por razones culturales y sociales se establecieron, razón por la cual hay que respetarlos, sean lógicos o no, sean reales o no, pero de lo que nunca se deba pensar es que tenemos las mismas realidades.
Y fue en eso en lo que falló la periodista, en no comprender que más allá de que exista una problemática ambiental, que sí, es muy preocupante, no debe ignorarse a la comunidad que vive allí, más cuando ésta ha estado sumergida en el conflicto armado. Además hay que añadir que la actitud desafiante de la periodista, confirma que no tuvo el más mínimo respeto por la comunidad. Ojalá y de la misma forma hiciera sus investigaciones en las regiones carboníferas o petroleras, en las que también hay daños ambientales, como en la Guajira con la desviación que hizo cierta mina al río Ranchería y que ha dejado a los Wayúu sin agua y como consecuencia fatal es que no pueden abastecerse; por eso la desnutrición y la muerte de cientos de niños. Denuncia que no hago yo, lo hace Gonzalo Guillén en su documental “El Río que se Robaron”.
Ahora, ¿secuestro? con los anteriores argumentos, no existe ni la más mínima violación al derecho de libertad de prensa, sino una falla metodológica de la investigación. Sólo hubo enfrentamientos con la comunidad, porque el equipo periodístico violó sus códigos, no por el hecho que hayan contactado a una persona que quizás sea del pueblo, ni siquiera la nombraron, no significa que puedan entrar y salir cuando quieran, ni mucho menos hacer una investigación que les incumbe, les afecta y es su territorio, más allá de que la periodista advirtiera que son espacios públicos, es una violación a la realidad de la comunidad.
@luciomart89
