Hay administradores de lo público que creen que la corrupción solo se presenta cuando se actúa de manera dinámica, activa, para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado; son los corruptos por comisión. La mayoría.
Pero, a veces olvidan que también hay corrupción administrativa cuando el detrimento patrimonial se causa por omisión, por el uso pasivo del poder, por negligencia.
Parece ser que esto es lo que ha ocurrido en el Municipio de Corinto, al norte del Cauca, aunque no se han establecido las responsabilidades por el detrimento patrimonial que se causó. Aún no existe pronunciamiento por parte de Fiscalía, ni de Procuraduría, ni de Contraloría.
En un debate de control político a la Administración Municipal de Corinto, realizado en la sede del Concejo Municipal el pasado miércoles 25 de mayo, quedó en evidencia, según sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 16 de junio de 2021, que el Municipio de Corinto, representado legalmente por su alcaldesa Martha Cecilia Velasco Guzmán, es responsable por conductas negligentes que causaron un detrimento patrimonial de más 975 millones de pesos.
Este fallo, que decidió recursos de apelación contra sentencia de primera instancia de la Superintendencia Financiera (Delegatura para Funciones Jurisdiccionales) dictada el 25 de noviembre de 2020, ratificó igualmente la culpa compartida del citado detrimento con el Banco Agrario, al permitir que delincuentes cibernéticos extrajeran $795’564.455, desde cuentas de ahorro y corriente de la Alcaldía Municipal de Corinto.
Esta situación obligó al concejal Jefferson Rivera Fernández a anunciar solicitud de intervención urgente de la Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación porque a pesar del fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, esa platica se perdió y no hay responsables sancionados. Muy mala notificación porque estimula el incremento de la corrupción administrativa.
Aviesa lección: los dineros públicos se pueden hurtar y no pasa nada. Es el mensaje que se deduce o permite suponer la negligencia, la lentitud, la falta de resultados que demuestran la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, instituciones que por esta razón principal han perdido la credibilidad y confianza públicas.
Un rápido resumen de los hechos que causaron el detrimento patrimonial es el siguiente:
El 12 de febrero de 2020 Blanca Nidia Correa Vásquez, tesorera municipal, al realizar una conciliación bancaria, se percató que durante los días 15, 16, 17, y 20 de enero de ese año se efectuaron desembolsos irregulares (41 transacciones) por valor de $795’564.455 desde cuatro cuentas de ahorros y una corriente que el Municipio de Corinto maneja en el Banco Agrario.
Un mes después la alcaldesa Velasco Guzmán denunció el hecho fraudulento ante la Fiscalía Local de Corinto e instauró demanda verbal de protección al consumidor financiero contra el Banco Agrario ante la Superintendencia Financiera, pretendiendo que se le declarara responsable al no garantizar la seguridad de aquellas transacciones.
El 25 de noviembre de 2020 la Superintendencia dictó sentencia declarando que las transacciones se efectuaron con el incumplimiento de los deberes por parte del consumidor financiero (Alcaldía Municipal) y encontró irregularidades en la gestión del Banco Agrario por lo que le ordenó reintegrar a la Tesorería del Municipio la suma de $193’230.088. Es decir que siguen perdidos, o en bolsillos de los delincuentes, la suma de $602’334.367.
Lo singular de la investigación realizada por la Superintendencia es que quedó demostrado que las transacciones fueron efectuadas desde la dirección IP (Internet Protocol) oficial (equipo de cómputo de la Tesorería) y que fueron usados los mecanismos de autenticación de las operaciones a cargo de la Tesorería. Igualmente, que “está demostrado que el ingreso a la banca virtual fue con los usuarios creados por la Alcaldesa y Tesorera de ese municipio el día 8 de enero de 2020, en tanto que, las alertas de las mismas se realizaron al correo y numero celular informados por aquéllas, sin que exista algún medio de prueba que permita colegir de forma inequívoca que la seguridad del Banco haya sido vulnerada…”.
En resumidas cuentas, la sentencia indica: “se puede colegir que la persona que realizó las transacciones conocía la metodología y claves personales las cuales debieron digitarse o por lo menos obtenerse por descuido no solo de la IP desde donde se realizaban habitualmente este tipo de operaciones sino de cada uno de los elementos transaccionales necesarios para que las mismas cursaran de manera exitosa, es decir, que la parte actora no acreditó que fue diligente en la reclamación ya que como se advirtiera tan solo presentó reclamación el 29 de enero de 2020, en tanto que en el informe rendido por la demandante claramente se indica que tuvo conocimiento de los hechos aquí debatidos el 20 de ese mismo mes y año, es decir, que como mínimo podía pensarse que se trataba de un hackeo”.
También resalta el Tribunal citado: “resulta inexcusable la negligencia con la que actuó la demandante (alcaldesa municipal) pues a pesar que las transacciones se realizaron los días 15 a 21 de enero de 2020, aquella tan sólo puso en conocimiento el hecho ante el Banco Agrario de Colombia S.A. y la Fiscalía Local del Municipio de Corinto (Cauca) el 12 de febrero de esa misma anualidad, es decir, casi un mes después, sin que se haya arrimado ninguna prueba que permitirá colegir que en verdad la Banca Virtual venía presentado fallas, porque en todo caso, como mínimo debió acercarse a la entidad financiera demandada para solucionar el impasse, pues resulta poco creíble que durante esos veintisiete días que transcurrieron no haya requerido llevar a cabo ningún movimiento financiero, máxime cuando al final de mes como mínimo debía cancelar los sueldos a los empleados a su cargo”.
Derechos de Petición
Teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil de Decisión, simplemente ratifica los conceptos emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero que no tiene efectos vinculantes sobre los responsables del detrimento patrimonial causado a los habitantes del Municipio de Corinto, nos corresponde solicitar a las autoridades competentes la información que reclama la sociedad sobre este caso de corrupción administrativa.
Una vez tengamos las respuestas que estamos solicitando a través del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, a la Fiscalía General de la Nación (investigación penal), la Procuraduría (investigación disciplinaria) y las entidades de control fiscal responsables (Contraloría), presentaremos un nuevo informe sobre los resultados de las investigaciones y las decisiones tomadas.
Las respuestas serán señal muy potente que pueden ayudar a prevenir la corrupción: la honestidad implica no solo cuidar el dinero de la caja, sino sancionar eficazmente a quien lo toma de manera criminal.
