La única manera como no se pueden arreglar los conflictos sociales es a las malas. O se puede intentar hacerlo, para descubrir que el remedio es siempre peor que la enfermedad. Si el origen del problema no es de orden público, la solución no puede ser de orden público. El caso de proceso de paz con las Farc es muy ilustrativo: se combatía una guerrilla armada cuyo propósito era tomarse el poder. Ninguna negociación hubiera tenido éxito, como había sido reiteradamente demostrado, mientras la guerrilla considerara que podía ganar esa guerra. Las negociaciones solo fortalecían ese propósito y dejaban a los negociadores en una posición desairada ante la opinión pública, en el papel de representantes de gobiernos débiles que iban perdiendo el control del territorio. Solo cuando una ofensiva militar exitosa las debilitó en el terreno militar fue posible una razonable negociación de paz.
El conflicto militar se solucionó en el campo militar. La paz social que iba a nacer del acuerdo, con una negociación. Aún estamos en ese parto tan difícil, con tantos adversarios y recriminaciones, pero en el camino de una solución política al problema social que había gestado el conflicto como era la concentración de la propiedad rural y la pobreza campesina.
En el camino de ese conflicto tan dilatado el país se urbanizó, que es una manera aséptica de decir que los conflictos sociales pasaron del campo a la ciudad, motivados por la migración campesina en busca de mejores oportunidades y la violencia misma. Un trasplante. Y todavía hay quienes manifiestan su asombro porque en respuesta a necesidades acumuladas por decenios en los cinturones de miseria de las ciudades estalle la indignación en las calles.
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Todavía hay quienes manifiestan su asombro porque en respuesta a necesidades acumuladas por decenios en los cinturones de miseria de las ciudades estalle la indignación en las calles
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Y volvemos al mismo problema, solo que esta vez es urbano. El componente de subversión política de esa rebelión, que existe sin la menor duda, debe ser tratado como lo que es, con los instrumentos legales del Estado. El vandalismo urbano organizado es un asunto serio de orden público y debe ser tratado como un problema de orden público; es justificada la inconformidad de muchos por la manera torpe como a la seguridad del Estado la han cogido con los calzones abajo. Pero las marchas de protesta por la falta de oportunidades para la gente joven, que son casi todos los colombianos, no hay manera de acallarlas si se tratan como si fueran un problema de orden público.
Los llamados directos o subliminales a que haya un gobierno fuerte, que no se pare en pelillos en el tema de los derechos humanos, para recuperar el control de las ciudades, no hace sino echarle gasolina al fuego, aunque es una proclama política fácil de vender. No es sino decir que se trata de una conspiración de la izquierda internacional, con cómplices apátridas internos, para destruir la democracia y presentar los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela (y ahora Chile y Perú) como ejemplos exitosos de ese propósito.
La principal víctima de esa andanada ideológica, que busca además réditos electorales, es el diálogo social. Solo en el contexto descrito se puede entender que los esfuerzos para establecer esos diálogos de los alcaldes de Bogotá y Cali, sedes principales del estallido social, ambos líderes con arraigo popular, sean considerado parte del problema y no su solución. Y a ambos, que están lejos de ser perfectos, les ha caído el mundo encima. De hecho, fue una combinación de acciones de fuerza para levantar los infames bloqueos a vías urbanas y carreteras, con diálogos con la gente que por una razón u otra estaba en ello, lo que permitió volver a la relativa e inestable normalidad de antes.
Lo que ha sucedido es notable. En Cali, por ejemplo, una vez levantados los bloqueos y adelantadas las conversaciones, lo que se ha encontrado es que los protestantes tenían razón; que existe un límite para la resignación y la paciencia. Han sido la propia administración municipal y el sector productivo los que se han volcado a tratar de solucionar con programas de emergencia las graves situaciones personales y familiares creadas por la pandemia. Cali es una ciudad pobre, rodeada de un enorme cinturón de miseria, que vive del mercado informal que llevaba más de un año cerrado. Allí está la explicación del estallido de lo que sigue siendo un barril de pólvora.
Por eso, ni en Cali ni en las demás ciudades de Colombia, esa súbita toma de conciencia puede limitarse a colocar humanitarios paños de agua tibia en las laceraciones sociales. Se requiere un esfuerzo de largo aliento de parte del Estado, que es con su ineficiencia y su corrupción el responsable de lo que ocurre, con el concurso de la empresa privada que es mucho lo que puede ayudar, principalmente con la creación responsable de empleo y el pago efectivo de sus impuestos. Santo y bueno. Solo que a las malas no.
