En medio de una permanente cascada de información, muchísima desinformación y un desmedido afán por mostrar resultados, se pasa por alto que, en pocas semanas y para sorpresa de muchos expertos y analistas, Petro alcanzó dos hitos que desactivaron eventuales escenarios de confrontación.
Primero, desestimuló la intensa polarización incubada en la disputa Uribe y Santos, propiciando nuevos espacios de confrontación democrática en una incipiente “paz política”.
Segundo, despolitizó, o más bien, desuribizó a las fuerzas militares, convertidas por Duque en una institución recalcitrante y percibidas en medio de la carrea presidencial como una imprevisible extensión del Centro Democrático.
Estos dos hitos resultan claves para comprender la emergencia de la paz total como la principal apuesta del gobierno del “cambio”.
Y a pesar de que la paz total se viene posicionado como el referente que medirá el legado o el fracaso del gobierno Petro, hasta el momento no se le ha atravesado una férrea oposición política. Las voces del uribismo ya no retumban como en los años del santismo y ni Federico Gutiérrez, la “cara amable” de la derecha y que sigue gateando en Twitter en su intención de proyectarse como el principal baluarte de la oposición, ha centralizado su oposición en la paz total.
Paradójicamente, las posturas más críticas y mediáticas en torno a la paz total provienen de analistas y expertos en procesos de negociación que descreen de su improvisación —asimilada por el canciller Álvaro Leyva a una interpretación jazzística—, la metodología del “hacer sobre la marcha” y sus inciertas pretensiones totalizantes. Hasta la guerrilla del ELN, con un proceso de paz recientemente descongelado y que se precia de ser la insurgencia con más experiencia acumulada en procesos de negociación, no escatima espacio para defenestrar de la principal apuesta política del gobierno.
Aunque los cuestionamientos de los expertos y académicos no se podrían interpretar como una avanzada para implementar una estrategia de “guerra total” o reactivar modelos de intervención similares a los empleados en los años más sombríos de la seguridad democrática, sí parten de consideraciones muy pertinentes que abogan por claridad y método en los planteamientos que dinamizan la compleja naturaleza de una paz totalizante.
Para Sergio Jaramillo y Luis Fernando Trejos, si la paz total no se apoya en una efectiva política de seguridad que reduzca las capacidades de los actores con los que está negociando o se pretende someter colectivamente a la justicia, el gobierno podría caer en la ingenuidad de entregar mucha zanahoria y poco garrote. Abriendo un espacio proclive al oportunismo en el cual los actores armados podrían instrumentalizar las loables expectativas del gobierno a expensas de fortalecer su accionar y poderío.
Además, también se debe tener absoluta claridad de con quienes se está negociando o se busca someter. Y esto también pasa por el dinámico escenario de lo mediático. Cuando el presidente anunció un cese al fuego bilateral con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, les otorgó un punto de carácter identitario que nunca habían encontrado en los gobiernos anteriores y que posiblemente (y esto solo lo planteó como suposición) distorsionó la autopercepción de sus narrativas.
Básicamente, las AGC asumiéndose como una estructura armada de “auténtica” inspiración gaitanista con capacidad de regulación social y política —que sí la tienen en algunas regiones del país—; y con las renacidas FARC-EP a mando de Iván Mordisco, claramente desnacionalizadas y nutridas de nuevos reclutamientos, presentándose como las legítimas continuadoras del clásico programa agrario de los guerrilleros.
Considero que reconocer la sigla y resucitar la sigla fue un craso error en el discurso oficial. No es un tema menor y va más allá de afirmar, como lo expresa reiteradamente el comisionado Danilo Rueda, en que “así se autodenominan”.
Todavía faltan varios meses para conocer los verdaderos alcances de la paz total o comprender su totalidad; sin duda, es una política que se sigue construyendo, con expectativas e incertidumbres. De ahí que las posturas críticas de los expertos y académicos solo respondan a ese espacio de incertidumbre y se deban amoldar a las “justas proporciones”.
El gobierno las debe apreciar como preocupaciones legítimas de sectores comprometidos con la paz como un imperativo ético.
