El fiscal encargado Jorge Perdomo y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cristina Plazas tienen en la mira a varios políticos con cuotas en el ICBF en todo el país. Las investigaciones se han concentrado en la Costa Atlántica, donde la semana pasada fue capturada la ex directora del ICBF Yolanda Ruiz y otros altos funcionarios, de los cuales la mayoría fueron nombrados por Cambio Radical y serían cercanos al representante Luis Eduardo Díaz Granados. La Fiscalía encontró irregularidades en un contrato para la alimentación de 1.800 niños de 1 a 5 años y sigue revisando la contratación de cientos de entidades y fundaciones a través de las cuales alcaldías y gobernaciones contratan el suministro de alimentos para los niños en las escuelas públicas. En el Atlántico, Cambio Radical ha controlado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del representante Díaz Granados, fórmula del senador de Arturo Char y quien hizo elegir diputado en las pasadas elecciones a su primo Stefano González Díaz Granados con apoyo de las cuotas en el ICBF que ahora están en el radar de la Fiscalía. Su padre, Joaquín Díaz Granados tiene un alto cargo directivo en la cadena de almacenes Olímpica de propiedad de la familia Char.
