El servicio eléctrico en la sociedad moderna es un componente clave para garantizar la calidad de vida de los habitantes y para fortalecer la competitividad del aparato productivo. Son conocidos los traumatismos que en esta materia se presentan en la costa atlántica, principalmente desde que en los años noventa del siglo pasado los gobiernos que inauguraban las políticas neoliberales orquestaron un plan para desarticular a Corelca, la empresa comercial e industrial del Estado. Corelca estaba integrada verticalmente, ya que tenía todos los eslabones de la cadena eléctrica, a saber: generación, transmisión, distribución y comercialización.
Ahí fue Troya. Con los contratos leoninos PPA, las termoeléctricas privadas le pusieron una competencia desleal a la empresa oficial en cuanto a la generación, y las electrificadoras de los siete departamentos del norte del país encargadas de la distribución y comercialización de energía fueron entregadas a la corruptela de la politiquería oficial e intervenidas por la Superservicios, para luego enajenarlas al sector privado en 1998.
Los diez millones de habitantes de la costa son testigos del calvario que han padecido desde que la trasnacional española Gas Natural Fenosa se adueñó de Electricaribe a finales del año 2000. Desmanteló miles de kilómetros de redes de cobre y las vendió en Europa haciendo una gran fortuna; disminuyó el número de trabajadores idóneos vinculados e impuso la funesta tercerización laboral; y se embolsilló miles de millones de pesos de los subsidios Foes y de los programas Prone y Faer, desfalcos descubiertos por la Contraloría General de la República, entre otras “hazañas”. Tras el desastre que provocó, la Superservicios tuvo que intervenirla a fines de 2016.
La política oficial para el servicio eléctrico de la costa se basa en descargar la crisis en los millones de usuarios a través de tarifazos, incluso extendidos a todo el país. Se trata de una estrategia alevosa y dañina. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) contempla tres alzas, una de las cuales, como es la sobretasa de cuatro pesos el kilovatio hora, ya se empezó a cobrar hace cuatro meses, con lo cual se podría recaudar medio billón de pesos. Otro aumento se inició el primero de enero de 2020, consistente en una contribución adicional del uno por ciento sobre los gastos de funcionamiento de todas las empresas de servicios públicos domiciliarios y que se cobrará vía tarifas. Y el tercero es a través de un nuevo régimen tarifario especial para la región Caribe que está para ser expedido por la CREG. Lo anterior sin contar que en los meses de noviembre y diciembre de 2019, las empresas generadoras de energía cobraron otra alza con el argumento de que los embalses no tenían la suficiente agua, alza que fue del orden del 4,46%, además de que durante todo el año el aumento fue del siete por ciento. Todo por encima del IPC.
También en el PND, el gobierno nacional asumió el pasivo pensional de Electricaribe ($1.5 billones) sin ninguna contraprestación, todo un regalo para los defraudadores de Fenosa-Naturgy, los que tenían que pagarlo porque estaba a su cargo. Y en la reforma tributaria, Duque y Carrasquilla le impusieron a la ciudadanía un nuevo impuesto de tres billones en beneficio de dicha empresa.
Ahora el gobierno de Duque pretende completar la faena en febrero próximo en contra de los intereses de los habitantes caribeños dividiendo en dos lo que queda de la empresa para enajenarlas: CaribeMar y CaribeSol, un verdadero galimatías que elimina la economía de escala, en vez de consolidar una sola empresa eléctrica regional tal como existe en el interior del país, casos EPM de Medellín, Empresa de Energía de Bogotá y Emcali, integradas verticalmente.
Todas las fuerzas vivas de la región Caribe deben unirse para impedir este atropello que va contra la lógica económica y para exigir que se fortalezca una sola empresa eléctrica, y que no sea descargada la crisis en los usuarios, trabajadores y pensionados a través de tarifas. La empresa debe ser de naturaleza pública y utilizar las regalías mineras para las inversiones en infraestructura eléctrica sin afectar tarifas, como lo estipula el parágrafo primero del artículo 318 del PND. Para esto es necesaria una gran movilización social contra el zarpazo oficial en el marco del paro nacional, próximo a reactivarse.
