En conjunto con el Decreto 601 (expedido en abril), el gobierno traza una ruta de tránsito individual a la legalidad que en esencia solo busca el desgranamiento progresivo de los denominados Grupos Armados Organizados (GAO). Entre estos grupos se incluyen el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros y las disidencias de las Farc.
A pesar que en años recientes el ELN fue calificado como un GAO por parte del Consejo de Seguridad Nacional; esta guerrilla se encuentra excluida de esta ruta porque sus integrantes se deben regular por la establecida en el Decreto 128 de 2003 que sigue reconociendo a sus desmovilizados el estatus de rebeldes. Tampoco sería de gran interés para el ELN participar de esta “nueva” ruta porque su insistencia como organización se ha concentrado en la reactivación de la mesa de diálogo o la concertación de condiciones para iniciar un nuevo proceso de negociación (de ahí su llamado a un cese bilateral).
Con la presentación de esa ruta de sometimiento el gobierno pretende incentivar las deserciones individuales en las diferentes GAO (que según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz cuentan con 13.600 integrantes) haciendo un llamado al cuidado de la salud en medio de la pandemia. No tiene presente el alto comisionado Miguel Ceballos que estos grupos armados están reforzando su control en las poblaciones y en algunos territorios fungen como una auténtica autoridad sanitaria.
En medio de la pandemia el asesinato a líderes sociales, exguerrilleros, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado no han entrado en cuarentena; antes se evidencia un mayor proceso de expansión y consolidación de estas estructuras a instancias de las antiguas área de influencia de las Farc-Ep. Así se puede notar en el norte de Antioquia donde los firmantes de la paz que residían en el espacio de reincorporación de la vereda Santa Lucia (Ituango) no tendrán más alternativa que desplazarse ante el asedio del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.
Aunque resulta particular que en la ruta de sometimiento el gobierno retomé categorías presentes en la Ley 1908 o ley de sometimiento colectivo (priorizada en la implementación del acuerdo) o le asigne una función específica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (instancia creada en el acuerdo y que poco ha sido convocada en el actual gobierno), resulta evidente que esta “nueva” ruta implica volver al pasado reencauchando la modalidad de incentivo a la deserción individual con la otorgación de beneficios a cambio de información estratégica.
Esa modalidad que en su momento resultó muy favorable a los objetivos de la seguridad democrática; sin embargo, a diferencia de los años más intensos del gobierno Uribe, estas organizaciones armadas no se encuentran arrinconadas en zonas de frontera o militarmente debilitadas; todo lo contrario, desde hace varios años se viene alertando sobre su expansión y consolidación a instancias de los territorios dejados por las Farc-Ep.
La propuesta de Duque de apostarle al desgranamiento progresivo de las GAO resulta ilusoria y poco práctica. Desconoce su fortalecimiento militar, la diversificación de sus fuentes de ingresos y hasta ciertas condiciones que les han permitido construir cierto nivel de relacionamiento social. Algo que, sumado a una implementación precaria en lo relativo a la reforma rural y el programa de sustitución, no propicia las condiciones óptimas de confianza para promover masivas deserciones individuales. Será un canto a la bandera mientas llega un gobierno que sí genere condiciones y le vuelva a apostar a una salida negociada al conflicto con el ELN, pues esa posibilidad con Duque ya no fue.
