En la actualidad jurídica colombiana, se denota que por los senderos donde divaga la exacerbada y protuberante agenda jurisprudencial se acrecientan las voces que señalan una posible despenalización absoluta del aborto.
Es de conocimiento público que la despenalización del aborto ha causado furor en la región latinoamericana, que tuvo como gran inicialista a la Argentina, donde se llevó a buen recaudo la legalización y regulación en el marco de este tema; eso sí, como todo cambio, pasó por innumerables debates, manifestaciones, y porque no, un sinfín de páginas que coparon las distintas gacetas del aparato legislativo argentino.
Sin embargo, y a diferencia de nuestros vecinos, la realidad colombiana es bastante distinta. Existe demasiado tabú y un respeto sacramental a las disposiciones religiosas e inmaculadas dictadas por la iglesia. Pero cada vez más se van acrecentando los clamores de diversos sectores de la sociedad, a tal punto que actualmente existen dos ponencias de magistrados pertenecientes a la Corte Constitucional en donde se defiende una despenalización del aborto, enmarcado en el precepto del derecho a la salud y la libertad de decidir.
Se hace necesario acotar que el debate no debe ser meramente jurídico/jurisprudencial o religioso, más bien, debemos ver esta circunstancia desde la perspectiva de una política de salud pública eficiente. No es desconocido para nadie que existen clínicas dedicadas exclusivamente a realizar abortos de forma ilegal, amén de las graves consecuencias que esto puede implicar para la salud de la mujer, actuando de manera indiscriminada y sin vigilancia alguna; problemas como el precitado anteriormente son a los que debemos combatir, regular este tema es una labor urgente.
Por consiguiente, se aclara que la regulación del aborto no arregla el problema de fondo, ya que la práctica de este procedimiento no impide que las mujeres tengan relaciones sexuales; por ende, esta política de despenalización debe ir acompasada con un robusto plan de educación sexual, con el fin de proteger los derechos sexuales y reproductivos de todos los habitantes del territorio nacional.
En conclusión, es un debate que debe estar despojado de cualquier forma de moralidad o buenas costumbres, debe ser mirado desde una perspectiva de salud pública, que, si bien puede llegar a ser efectiva, debe ir acompañada de programas educativos en torno a la sexualidad.
Por ahora, la decisión está en la sala de la corte constitucional, los designios de esta iniciativa están en manos del número impar de magistrados que la componen, de ellos depende si se le da trámite o no a las ponencias; mientras tanto, lo que nos queda por hacer es mirar esta afrenta sin idealismos y observar todo con un racero objetivo para no permear las opiniones de sentimentalismos. Una política pública que ayude a las mujeres a abortar es necesaria, hay que tener en cuenta el derecho que cada una tiene para decidir si quiere o no tener un hijo, y además de todo, debemos ayudarlas a que lo hagan dentro de la legalidad, sin ningún tipo de miramiento o sanción por parte del estado colombiano.
Los tiempos en este país están cambiando, las ideas están evolucionando, y cuando esto pasa las revoluciones jurídicas son más profundas. No nos olvidemos que: “La modernidad de un Estado se mide por las normas jurídicas que este posee”.
