Han pasado más de dos meses desde el 18 de octubre en Chile, fecha homóloga del calendario al 21 de noviembre en Colombia, inicios de una inédita protesta. Una protesta que en ambos países se ha caracterizado por demandas postergadas por varios años desde varios sectores sociales y en contra de injusticias rampantes, y por la represión de las movilizaciones ciudadanas que hace recordar a los chilenos los episodios más tristes y grises de la dictadura militar instaurada por el general Pinochet en 1973.
En Chile están pasando situaciones políticas de interés. Por primera vez en el país un exministro del gobierno de Piñera, Andrés Chadwick, fue sometido a un juicio político por omitir de modo consciente medidas para evitar las violaciones a los derechos humanos durante la protesta. En Colombia el exministro de defensa, Botero, prefirió renunciar antes de someterse al mismo juicio por el Congreso, por los falsos positivos y la ocultada muerte de menores en bombardeos contra campamentos de la insurgencia.
El pasado domingo 15 de diciembre, hubo una consulta no vinculante promovida por la Federación de Municipios Chilenos. La consulta que se llevó a cabo en la mayoría de los municipios preguntaba a la población, como un ejercicio previo a la consulta por una nueva Constitución, si los chilenos estaban de acuerdo con una asamblea constituyente compuesta por los actuales congresistas, por personas y líderes cívicos distintos a aquellos o no estaba de acuerdo con la consulta. Según el diario La Tercera, el Congreso solo muestra un 11% de aprobación, un desprestigio acentuado de la institución que parece no haber tenido sintonía con la población en asuntos como la salud, la educación y las pensiones, una postergada agenda social que ha emergido después del estallido social. Los chilenos decidieron que no quieren ser representados en la Constituyente de abril próximo por los desprestigiados congresistas actuales, una decisión semejante a la que tomaron los colombianos en 1991. Los municipios aprovecharon para hacer preguntas a la ciudadanía sobre aspectos de convivencia y obras públicas, temas sensibles que deben ser tomadas en cuenta en las ciudades colombianas de caótico tráfico y el desprecio por los bienes públicos.
Piñera ha respondido mejor que Duque, al entender que es necesario salvaguardar y maquillar del capitalismo chileno. Duque parece cada vez más alejado del país real, y sus respuestas son vagas, con más desaciertos insulsos y ridículos que acciones concretas. Sin embargo, en este momento, antes de los días navideños, el Congreso chileno es el protagonista al determinar las reformas para impulsar la nueva Constitución en abril de 2020. Se están discutiendo asuntos como la paridad de género, las curules de lo que se llama en Chile los pueblos originarios, y el fomento a la participación de los sectores independientes. Pero no hay que perder de vista que las cosas que se dirimen durante este periodo único y de transformaciones radicales son demasiado importantes para el futuro para dejarlas solo en manos de algunos congresistas que han llegado a la institución de la mano de fuerzas oscuras y de la corrupción. Diseñar una nueva sociedad debe ser una tarea plural.
Quizás el aspecto más relevante es el cambio que se está proponiendo es el cambio de modelo en las AFP chilenas, las administradoras de los fondos de pensiones, que ha sido criticado de manera vehemente pues es un modelo que está dando pensiones miserables a los ciudadanos. Ha sido el modelo que de alguna manera ha sido copiado por las administradoras colombianas y que el gobierno de Duque propone extender, favoreciendo a los administradores y al gran capital. Este es un aspecto relevante de la crisis y es un punto de partida para repensar la sociedad, para pensar que el actual statu quo debe ser criticado a fondo, sin simulacros ni gatopardismo; la hegemonía de las elites actuales y el pensar único son lesivos para todos, la supervivencia del planeta y de las especies está en primer plano.
Como se ve, hay similitudes en los que ha pasado en los dos países después de los días críticos del 18 de octubre y del 21 de noviembre. Es la consecuencia de la crisis de modelos económicos que promueven los gobiernos que ahondan la inequidad, se enfocan a garantizar la riqueza de unos pocos (los de siempre y los emergentes) con instrumentos como la reforma tributaria del ministro Carrasquilla en Colombia y que evitan, con cinismo, la esperanza de los trabajadores, principalmente los jóvenes, que no ven sino una perspectiva oscura en el horizonte principalmente laboral de los dos países sudamericanos.
