A pesar de la pandemia y sus consecuentes medidas de aislamiento, la ciudadanía continúa ejerciendo su derecho a la protesta social para manifestar su inconformidad con la preexistencia de problemas que la aquejan hace varios años. Luego de decretarse la “nueva normalidad” las organizaciones sociales han vuelto a manifestarse, retomando muchas de las demandas de las organizaciones y sectores sociales que se movilizaron el año pasado a propósito del paro nacional.
Las movilizaciones en septiembre han ocurrido en las principales ciudades del país. En Bogotá entre el 9 y 12 de septiembre, se reportó el uso de armas de fuego contra la población, detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza, violaciones sexuales y ataques a personas y viviendas en varios sectores de la ciudad; actuaciones que iban en contravía de las disposiciones de la alcaldía distrital. Estos hechos claramente reflejan vulneración de los derechos humanos, el DIH y los protocolos de actuación que debe seguir la policía.
Presuntamente, por la actuación del Esmad, entre el 9 y 12 de septiembre, en Bogotá hubo 305 civiles heridos, de los cuales 75 fueron heridos por armas de fuego, 43 con armas cortopunzantes y 187 por otro tipo de lesiones. De manera desafortunada, 10 personas murieron en Bogotá y 3 en Soacha, 9 de ellas por arma de fuego. También 216 miembros de la fuerza pública fueron heridos, 4 de ellos por armas de fuego.
El 21 de septiembre se realizaron nuevas protestas denunciando la actuación violenta del Esmad que produjo personas muertas; se marchó en defensa de la vida, el respeto a las instituciones y la exigencia al gobierno nacional de implementar acciones para contrarrestar el desempleo y la crisis económica que afronta el país por la emergencia del coronavirus.
Ante los actos de uso desmedido de la fuerza del Esmad, los altos mandos de la Policía Nacional han buscado “individualizar” los actos de violencia o justificarlos, negando la extensión del problema y su carácter institucionalizado. Incluso ante varios cuestionamientos a estos abusos, el general Hoover Penilla, respondió que “la policía no necesita permiso para hacer uso de las armas, sino que pueden proceder si lo ven necesario”. Por su parte, el gobierno nacional no ha asumido responsabilidad contundente sobre el abuso de poder y fuerza de la policía. Pero aún más grave ha sido la adopción de narrativas y discursos que estigmatizan y censuran la protesta social.
La tesis que maneja el gobierno nacional sobre la intervención del ELN y las disidencias de las Farc en los actos vandálicos en las marchas del 9 y 12 de septiembre no se ha sustentado con pruebas veraces y contrasta con evidencias que circulan en las redes sociales, en los cuales se observa los desmanes y el uso de armas de fuego de la policía de manera indiscriminada contra las personas y sus bienes.
A raíz de estas situaciones, varias autoridades civiles, periodistas, congresistas y miembros de la sociedad civil, han planteado la necesidad de reformar estructuralmente el cuerpo policial. El procurador propuso evaluar una reforma a la policía nacional, desde la óptica de ratificar su espíritu civil y con apego a los DD. HH. Por su parte, el editorial de El Espectador del 13 de septiembre también hizo eco de iniciar la reestructuración de este cuerpo, desmilitarizándolo, delimitando sus funciones y repensando el uso de las armas.
En relación con la conducta de la policía en las marchas, la Corte Suprema de Justicia se pronunció ante una tutela interpuesta por 49 ciudadanos. En efecto, emitió una decisión judicial sobre la actuación del Esmad en las diferentes jornadas de protesta social en el país en noviembre de 2019. En esta decisión se establece que la fuerza pública, en especial el Esmad, ejercen una “intervención sistemática, violenta y arbitraria” en contra de las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta y, señaló que los agentes estatales incurren en reiteradas y constantes agresiones, con uso desproporcionado de la fuerza, contra quienes ejercen su derecho fundamental a la manifestación.
De otro lado, ordena al Esmad suspender el uso de escopetas calibre 12 en las diferentes movilizaciones sociales, debido a su uso en la marcha del 21 de noviembre que ocasionaron la muerte de Dilan Cruz. El presidente deberá expedir un acto administrativo, en los próximos 30 días, en el cual se ordene a todos los miembros de la rama ejecutiva nacional mantener la neutralidad en las manifestaciones pacíficas; elaborar un protocolo de acciones y adicionalmente, insta al ministro de Defensa a presentar disculpas públicas por los excesos de la fuerza pública en las marchas que se han presentado en el país a partir del 21 de noviembre.
Los pronunciamientos tanto del ministro de Defensa como del presidente Duque demuestran un distanciamiento de las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia. Para el gobierno el Esmad no ha incurrido en excesos, cuentan con protocolos claros y precisos para su actuación y los hechos sucedidos reflejan la actuación individual de algunos miembros de la fuerza policial; además, señalaron que solicitarán a la Corte Constitucional la revisión del fallo de la CSJ y se evidencia alta resistencia a pedir perdón a la ciudadanía y a los familiares de las víctimas.
Las distintas reacciones de la opinión pública ante la acción de la policía, las respuestas del gobierno nacional y del cuerpo policial, alejadas de los derechos ciudadanos y los requerimientos del fallo de la CSJ, constatan la urgencia de reformar la policía en la mira de desmilitarizarlo, de propiciar un diálogo permanente entre el gobierno nacional, las entidades territoriales y las fuerzas militares para coordinar y tomar decisiones sobre el manejo de las movilizaciones ciudadanas en el marco de los DH y el DIH; en esa línea es urgente la elaboración y puesta en marcha de un protocolo para las movilizaciones sociales, con la participación de la ciudadanía, atendiendo los principios de un Estado social de derecho en el que se estipula el derecho a la protesta social como una expresión válida de la ciudadanía para manifestar su descontento. Estas decisiones son inaplazables y la Corte Suprema de Justicia así lo ha establecido y sus fallos deben ser acatados por todos y todas, incluyendo al gobierno nacional.
