Hace cuatro años, el 8 de septiembre de 2020, varios policías le arrebataron la vida a Javier Ordóñez mediante tortura con pistolas taser, seguida de golpes en el CAI de Villaluz, Bogotá. Esto ocurrió en medio de una pandemia que nos mantenía confinados.
El abuso policial desmedido provocó que muchas personas salieran a manifestarse, lo que resultó en una masacre que dejó 13 muertos y 400 heridos. Estos hechos formaron parte de una serie de eventos que culminaron en el estallido social de 2021 en Colombia, marcado por la brutalidad policial, desapariciones, hostigamiento y espionaje, en una grave vulneración de los derechos humanos. Este periodo quedará grabado en la historia de Colombia, junto con los nombres de sus responsables, encabezados por el entonces presidente Iván Duque.
Cuatro años después, el panorama sigue siendo sombrío. La promesa de desmantelar el ESMAD se limitó a un cambio de nombre, pasando a ser la UNDMO, mientras que los asesinatos de líderes sociales ya superan los 80 casos. La brutalidad policial y la infiltración en manifestaciones continúan siendo una realidad. No podemos olvidar la entrada ilegal de cuatro agentes de la UNDMO a la Universidad Pedagógica Nacional en 2024, ni el intento de ingreso a la Universidad Nacional en 2023 por órdenes de la Alcaldía de Claudia López.
Por su parte, la administración de Carlos Fernando Galán no ha sido diferente: el hostigamiento con drones y las actividades de inteligencia en los campus universitarios se han intensificado, así como los montajes judiciales contra estudiantes y la persecución constante a líderes políticos, estudiantiles y sociales. La creciente hostilidad de la fuerza pública parece encontrar respaldo en las inclinaciones políticas de derecha del alcalde, quien ha mostrado indiferencia ante la violación de los derechos humanos y la estigmatización de la educación pública, pese a ser egresado de un colegio vinculado de manera directa con una universidad pública.
Estos hechos evidencian la necesidad urgente de una reforma policial, que sigue pendiente pero es esencial para avanzar hacia la reparación histórica que la sociedad colombiana exige. La participación de toda la ciudadanía en esta reforma es fundamental para construir un país más inclusivo, que abarque tanto las zonas urbanas como rurales en una apuesta por la paz total, así como la unión que permita la libertad de los presos políticos, capturados por un país mejor. Las propuestas pedagógicas son vitales para garantizar que estos abusos no se repitan; es hora de dejar atrás el enfoque punitivo y enfocarnos en la reparación social, así como tener en cuenta la escuela y las diferentes instituciones que hacen posible la educación para la construcción de la memoria y reconciliación, y que paradójicamente, son las primeras en ser afectadas y violentadas por la guerra.
El gobierno nacional debe convertir sus promesas en acciones. De lo contrario, la situación, que nos sigue marcando día tras día, no hará más que empeorar.
¿Algún día amanecerá en Colombia?
