Con la firma del acuerdo de paz quedó pactado entre el Estado y la sociedad que no se volvería a repetir la crueldad, el horror y la maldad padecida en época de guerra. Si esto ocurriera sería indicativo de que la paz está en camino. Sin embargo, el pacto no se está cumpliendo a pesar de las disposiciones constitucionales.
De hecho, el mal presagio es que el autoritarismo arrecia, para malestar de la nación entera, y que los patrones comunes aprendidos para violar derechos humanos reavivan su vigencia, como puede leerse con solo revisar lo ocurrido en la última semana (3 a 10 de julio 2021) que descubre un retroceso total del país en sus propósitos humanos.
Como si se tratara de una película de horror, las “gentes de bien” promueven la muerte de quienes defienden la vida y los derechos de todos, recordando que la barbarie debe ser reconocida como tal, para que el Estado pueda ser el legítimo promotor del respeto y cuidado de la dignidad humana.
En el primer episodio, la JEP (a partir de las propias confesiones de los victimarios) imputó a 1 general y 9 militares más por 120 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y 24 desapariciones forzadas, lo que indica que hubo planeación, política, sistematicidad e intencionalidad y por tanto habrá responsables políticos y determinadores de crímenes de lesa humanidad, cometidos entre 2007 y 2008.
En el segundo episodio, el gobierno reaccionó airado con su ya tradicional retórica autoritaria, descalificando el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, aparte de señalar la crueldad y sevicia de agentes del Estado en el marco de la movilización y paro nacional, reafirma la existencia de violaciones de derechos humanos (asesinatos, desapariciones forzadas, vejaciones sexuales, torturas, entre otras), que superan el concepto de exceso de fuerza y entran en la órbita de los crímenes de lesa humanidad, de los que también habrá responsables políticos.
Además, el tercer episodio del tenebroso cuadro resalta la criminalidad de un grupo de 26 militares, muchos de ellos exaltados en Colombia como héroes, detenidos en territorio extranjero actuando con sevicia y barbarie, en el marco del asesinato del presidente de Haití, justamente donde Bolívar recibió apoyo para emprender la libertad de América.
Queda la percepción de que hay temores en el partido en el poder, bien porque se rompió el pacto de silencio o porque la CPI está muy cerca en torno a estos episodios. Estas son las preguntas previsibles: ¿por qué Acore se pronunció contra la JEP y el partido en el poder llama a acabarla?, ¿por qué la reacción hostil, de agravio y censura del alto gobierno a la CIDH si su informe apenas ratifica lo que han dicho la ONU, el Congreso Americano, la Unión Europea, los grandes periódicos, Human Rights y cientos de organizaciones de derechos humanos en el mundo?, ¿por qué el afán del gobierno y del partido en el poder en enviar a “sus” mejores hombres de inteligencia militar a “ayudar” a resolver el crimen del presidente de Haití?, ¿no sería mejor promover una comisión de expertos de la ONU o de una corte internacional de justicia, totalmente distante de los hechos?
Las prácticas de guerra sucia, operaciones encubiertas y acciones de escarnio y terror han sido una constante de sistematicidad porque hubo (¿hay todavía?) una efectiva enseñanza y formación de personal de las fuerzas militares para provocar vulneraciones. Las violencias con asesinatos selectivos y los “hechos de terror” (disparos de precisión al cuerpo, gases y bombas indiscriminadas, uso de armas letales, torturas) en las movilizaciones sociales reflejan un aprendizaje que entra en la lente de los crímenes internacionales, de lesa humanidad, asociados al incumplimiento del deber de los gobernantes de respetar y hacer respetar los derechos humanos, por lo cual la Corte Penal Internacional podrá intervenir, juzgar y condenar, atendiendo que no prescriben tales crímenes.
¿De dónde vienen las enseñanzas para ponerse por fuera de las reglas y justificar los crímenes? Un par de experiencias no distantes de enseñanzas para vulnerar los derechos humanos, pueden resumirse primero en el horror del campo de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, que la ONU calificó de genocidio y responsabilizó a los militares israelíes, que en 1982 entre las 6:00 p.m. del 16 de septiembre y el 18 cometieron violaciones, torturas, mutilaciones y asesinaron entre 2400 y 3000 civiles.
Con esa masacre tuvo relación el militar mercenario Yahir Klein, contratado por Pablo Escobar, para “formar terroristas en Colombia”, con pleno conocimiento, apoyo, anuencia, resguardo y connivencia de altos cargos del Estado y de las fuerzas militares, jefes políticos de los partidos, “gentes de bien” (empresarios, ganaderos, otros), al mismo tiempo que el gobierno realizaba contratos con el gobierno de Israel para modernizar las fuerzas militares.
Otra significativa experiencia de formación para la crueldad, la constituye la Escuela de las Américas (del Comando Sur, creado en 1949) de la que el presidente panameño que la expulsó dijera que era la base más grande para la desestabilización de América Latina. Por allí pasaron más de 83.000 “estudiantes” (alrededor del 15% colombianos) que aprendieron y luego implementaron la Doctrina de Seguridad Nacional para reforzar el control sobre los países latinoamericanos y erradicar el comunismo.
Allí los dictadores de América Latina y sus ejércitos violadores de derechos fueron adiestrados como nazis en técnicas de exterminio de las insurgencias, eliminación de opositores tortura y criminalidad para ejercer en la guerra sucia, según revelaron los manuales de entrenamiento (expuestos públicamente en 1996) que aconsejaban aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos.
En 2001, la escuela cambió su nombre (no su papel) por el de Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental, donde “presuntamente” recibieron formación miles de oficiales activos o retirados del país que recorren el mundo como mercenarios y francotiradores (contratistas) o actúan internamente desestabilizando gobiernos locales no afines al partido en el poder, provocando la “destrucción” de la protesta social, ayudando al exterminio de líderes sociales y excombatientes y siempre disponibles para ser reservistas en acción del lado de las elites y de “la gente de bien”, para impedir, negar y proscribir los derechos humanos, bajo la premisa de que un militar se forma con una doctrina férrea para toda la vida. La instrucción militar duradera y la entrega por “su” patria, tiene un buen ejemplo en la película El Clan (2015, Pablo Trapero), de la familia Puccio en el tránsito de la dictadura al gobierno civil de Alfonsín en Argentina.
En Colombia, el acuerdo de paz permitió creer que las fuerzas militares cambiarían su aprendizaje a la doctrina Damasco para la paz, pero el no del partido en el poder definió el retroceso hacia la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno, provocando al menos cinco décadas de retraso en la comprensión, respeto y defensa de los derechos humanos, e impidiendo que el nuevo ser humano colombiano que parecía nacer para la paz, fuera negado y la esperada sociedad de derechos mutilada en su capacidad para curar y cerrar las heridas de sus últimos 50 años de barbarie.
Posdata. La existencia de presumibles responsabilidades del Estado y del gobierno por crímenes de lesa humanidad, permite entender las molestias, sobresaltos, desaires, intolerancia, temeridad y desacatos del alto gobierno y mandos militares cuando son llamados a atender o responder por las sistemáticas violaciones a derechos humanos, que son el soporte de la democracia y el límite al poder.
