En el mes de julio de 1996 miles de campesinos cocaleros del Putumayo, navegando por los caudalosos ríos amazónicos o caminando durante horas por los caminos de herradura, se concentraron en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito, La Hormiga, Villagarzón y la inspección de El Tigre, para exigir al gobierno nacional inversión social, la suspensión de las fumigaciones con glifosato y expresar su voluntad para sustituir de manera gradual y voluntaria los cultivos de coca a cambio de garantías efectivas para la producción y comercialización agropecuaria de la región. A pesar del hostigamiento militar y la persecución a los dirigentes sociales, estas marchas duran varios meses, tiempo durante el cual se paralizan las actividades comerciales y la producción petrolera. Además, se presentan enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos, dejando victimas que aún la historia no ha logrado cuantificar.
Estas marchas cocaleras de 1996 marcaron la memoria colectiva de los colombianos. El país que le había dado la espalda a estos territorios cocaleros conocía de la voz de los habitantes del campo, que Colombia se convertía en el primer productor de coca del mundo, que miles de familias campesinas estaban siendo envenenadas con glifosato y que la producción de esta planta, lejos de ser la “mata que mata”, era la única opción para garantizar el sustento económico de los hogares campesinos. Estas manifestaciones reflejaban también el olvido al que eran sometidas las comunidades por parte del Estado, tal y como lo expresa un campesino de la región: “aquí la coca ha sido Ministerio de Educación, de Salud, de Agricultura etc. En pocas palabras la mata de coca aquí ha sido el estado.”
Como resultado de estas manifestaciones y los compromisos que adquirió el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper, se firma el 20 de agosto de 1996 el “Pacto de Orito” acta de acuerdos que contemplaba la inversión social y un plan de sustitución, documento firmado por Eduardo Díaz Uribe, hoy actual Director de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas. En un acto de confianza los campesinos erradicaron sus plantaciones de coca esperando el cumplimiento por parte del estado, inversión que llego sin concertación y desconociendo las vocaciones productivas del territorio y de las familias o que jamás llego; por lo que se retomaron los cultivos de coca como forma de subsistencia económica.
Con estos antecedentes el gobierno de Andrés Pastrana avanza en la implementación de Plan Colombia, estrategia contrainsurgente y de lucha contra las drogas que permitió la agudización de las fumigaciones, sirvió como escenario para la persecución a líderes sociales y fue la puerta de entrada de inversiones jamás vistas en esta región en proyectos que fracasaron por corrupción, falta de asistencia técnica o porque desconocían el contexto cultural y ambiental del Putumayo. Además instaló en el ideario del país que quienes cultivaban coca son criminales, narcotraficantes y guerrilleros; discurso que ha generado encarcelamiento de miles de campesinos por delitos asociados al cultivo de coca, asesinato y hostigamiento de líderes sociales.
En muchas oportunidades las comunidades han denunciado que se han visto obligados a cultivar mata de coca por que no se ha atendido sus demandas y necesidades, que el único medio para que el gobierno los escuche es mediante la movilización. El detonante de las marchas del 96 fue la aspersión aérea con glifosato y la pobreza en la que estaba sumergido el campesinado, en el 2014 las comunidades salieron a protestar además de todas las problemáticas anteriormente expuestas por la crisis ambiental que viven en la región a razón de la explotación desmedida de petróleo que tiene a comunidades enteras sin el acceso a agua para el consumo.
Hoy, agosto de 2016 el panorama no es alentador. El departamento del Putumayo es el segundo productor de coca del país; en el sector rural la conectividad de la red vial es precaria al juzgar por el estado de las vías, las cabeceras municipales no cuentan con equipamientos colectivos o sociales, es limitado el acceso a salud y educación, la cumple algo más de 40 años en la región, ha dejado impactos sociales, ambientales y económicos que agudizan las precarias condiciones de vida que adolecen hoy las familias.
Esta realidad, hace que miles de campesinos vuelvan a las calles a exigir lo mismo que hace 20 años: respeto y garantía de los derechos humanos, inversión social, concertación de un plan de sustitución de cultivos de uso ilícito que resuelva de manera definitiva la crisis que enfrenta en departamento, atención de la problemática desde una perspectiva social garantizando la permanencia en el territorio y no desde el tratamiento militar, pero además reclaman la posibilidad de discutir y concertar la política minero energética de la región que ha dejado impactos nefastos, evidentes para todos los habitantes de este territorio, sin embargo el gobierno se niega a dialogar este tema con los campesinos.
Hoy la construcción de la paz como el sueño más noble de todos los colombianos está en el centro de debate del país. Como habitantes de esta Colombia profunda y olvidada presenciamos un escenario histórico que busca por la vía del diálogo, la terminación de un conflicto armado de más de cinco décadas. Eso representa un reto para la búsqueda de respuestas concretas a las problemáticas más aun cuando la guerra ha marcado la historia de las comunidades, desafío que se complejiza para un estado que ha invertido cuantiosas sumas de dineros propios y de cooperación sin encontrar soluciones reales y que al contrario ha generado profundas desconfianzas por parte de las miles de familias que habitan esta región.
Después de 20 años de insistir en propuestas de desarrollo rural integral que reconozcan como cimiento de la política la participación efectiva de las comunidades, las organizaciones sociales que hacen parte de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbios avanzan en la construcción del Plan de Desarrollo Integral AndinoAmazónico 2035” (PLADIA 2035).
El PLADIA 2035 es, para las comunidades de la región, el instrumento técnico-político por medio del cual las falencias estructurales, en garantía de derechos que motivan la movilización social, se convierten en propuestas concretas aunando esfuerzos y recursos de actores estatales y no estatales para el mejoramiento de las condiciones de vida de los territorios. Como estas, son muchas son las manifestaciones de voluntad por parte de las comunidades de la región; la historia dará cuenta si la paz que pregona gobierno nacional se cimentará bajo la base de la justicia social o si este territorio tendrá que soportar otros 20 años de abandono.
