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“El poder no corrompe; revela”.
El nuevo proceso por injuria agravada que enfrenta Armando Benedetti ante la Corte Suprema de Justicia no es un hecho aislado. A lo largo de su carrera, ha acumulado un historial que lo ha puesto en el centro de múltiples controversias. En esta ocasión, las acusaciones provienen de Lina María Arbeláez, exdirectora del ICBF, quien lo denunció por presuntas declaraciones injuriosas en su contra.
Pero más allá de este nuevo episodio judicial, es imposible ignorar el prontuario que ha marcado la trayectoria del ahora ministro del Interior. Desde señalamientos en casos de corrupción hasta escándalos personales, su presencia en el gobierno despierta un debate necesario sobre la ética pública y los criterios de idoneidad en la política colombiana.
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Un prontuario que no pasa desapercibido
Entre las investigaciones que lo han salpicado, una de las más relevantes ha sido su presunta participación en el Caso Fonade, donde se le ha vinculado con el tráfico de influencias en la adjudicación de contratos estatales. A esto se suman denuncias por violencia de género, episodios de conducta agresiva y un reconocimiento público de problemas con el consumo de alcohol y drogas.
Si bien los procesos judiciales deben respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, la acumulación de cuestionamientos sobre Benedetti no deja de generar inquietud. Más aún cuando se le confiere un rol clave en el Gobierno, en el que se espera liderazgo, criterio y responsabilidad.
“La política no debería ser refugio de quienes buscan impunidad, sino escenario de quienes buscan justicia.”
¿Un problema individual o un síntoma de algo mayor?
El caso Benedetti no solo pone en tela de juicio su propio actuar, sino que refleja un fenómeno recurrente en la política colombiana: la normalización de escándalos éticos en el ejercicio del poder. La pregunta no es solo si él debe rendir cuentas, sino hasta qué punto el país tolera este tipo de liderazgos sin exigir consecuencias reales.
La ética pública no puede ser un valor negociable. Quienes ocupan altos cargos deben ser ejemplo de integridad, no protagonistas de una historia de escándalos y disculpas tardías. La confianza ciudadana en las instituciones se erosiona cuando quienes legislan o gobiernan lo hacen con una sombra de duda constante sobre su conducta.
“Donde la impunidad reina, la justicia agoniza.”
Colombia ha sido testigo de muchos casos en los que la justicia llega tarde, o simplemente nunca llega. Pero tarde o temprano, el juicio más implacable no es el de los tribunales, sino el de la historia.
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