En 2020 la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) presentó la publicación ‘Callar y fingir’, el más reciente informe que vislumbra los hechos amenazantes con los que tienen que vivir a diario los periodistas.
Callar y fingir que nada pasa, que las amenazas son simples cantos de sirena que se ejercen contra unos profesionales a los cuales es connatural recibir presiones, extorsiones y amenazas. Curiosamente es el periodista, el defensor de los derechos humanos, quien padece en carne propia la violación de sus propios derechos sin que reciba las adecuadas medidas de protección por parte de entidades y funcionarios estatales que en la mayoría de los casos los revictimizan por el simple prurito de "que simplemente se trata de amenazas...".
En este informe de la FLIP se destaca el hecho de que "Los cruentos relatos de comunicadores en los años 90, en donde eran atemorizados e incluso asesinados por los carteles de la mafia por sacar información en su contra, no son tan visibles hoy, sin embargo, lo que deja de presente el informe es que se siguen registrando actos de censura con nuevas modalidades".
Igual de cruentos, intimidatorios y peligrosos. Afrenta a una profesión cuyos actores deben enfrentarse con su pluma y su libreta de apuntes al engorroso trámite burocrático de unas entidades y funcionarios que parecen solazarse con el dolor y el temor de quien se atrevió a escribir y denunciar sobre hechos censurables y punibles.
En CALLAR Y FINGIR se presentan cifras que permiten entrever la indiferencia del Estado colombiano con sus periodistas, especialmente los de provincia: "El 2019 dejó 177 comunicadores amenazados, dos asesinados y cuatro exiliados, según las cifras expuestas por Jonathan Bock, director ejecutivo de la Flip. Para el directivo el año pasado terminó siendo uno de los más violentos para los periodistas en Colombia, pues además de la censura a la que se enfrentan tienen que cargar consigo los desplazamientos entre regiones e incluso zonas vedadas de trabajo. En departamentos como Arauca, Nariño y Putumayo, la mayoría de los comunicadores se han enfrentado a las amenazas constantes, esto sin contar que han tenido que salir del territorio por el riesgo que corre su vida".
En su periplo profesional en busca de protección se obliga al periodista a una serie de requisitos que prácticamente lo someten al escarnio público. Tiempos extensos y dolorosos además de agobiante que lo sentencian a CALLAR Y FINGIR que nada pasa, que es normal que reciba amenazas y actos de violencia y agresión. Formularios tediosos, preguntas e insinuaciones grotescas en las cuales se obliga, prácticamente, al periodista a cambiar de oficio por "su propio bien".
Se deja al comunicador a su suerte, a la deriva de unas decisiones burocráticas que se vuelven cómplices de sus verdugos.. Muchas veces llega tarde esa protección y se inicia el camino de la impunidad. Para algunos funcionarios es el momento perfecto para alcanzar su sed de venganza contra alguna nota publicada por el periodista en la cual analizaba algunas medidas propias de su dependencia.
Nos recuerda este informe el asesinato de periodistas en Nariño y Arauquita: "El caso más reciente reportado por la Flip es el de Mauricio Lezama, quien llevaba varios meses grabando un documental en Arauquita, cuando dos hombres le dispararon en siete ocasiones ocasionándole la muerte el 9 de mayo del año pasado. Un mes después, también fue asesinado Libardo Montenegro, en Samaniego, Nariño, porque, al parecer, estaba organizando una manifestación para rechazar el regreso de la violencia a su municipio".
Nadie los protegió, se cansaron de tocar puertas oficiales y de hablar con funcionarios indolentes e insensibles. Los sometieron a rutas interminables de una burocracia estatal. Los dejaron solos, a merced de los sicarios, que no tuvieron recato alguno a la hora de exterminarlos.
No hay protección para el periodista, “Durante los últimos tres años fueron amenazados 583 periodistas en Colombia. En el trienio anterior, es decir, desde 2014 a 2016, esa cifra fue de 257”, reposa en el documento y añade que esta es una radiografía que hace la Flip y que pone en alerta no solo a los comunicadores sino a las autoridades". No obstante la crudeza y realidad de lo informado y denunciado, la situación para los periodistas no ha mejorado mucho.
Entre la denuncia y la toma de decisiones por parte de las diferentes entidades en procura de su protección transcurre entre seis meses o un año. Mientras tanto está total ente expuesto a la agresión de sus victimarios. Debe callar, fingir que nada pasa, guardar su pluma y apagar su micrófono. El culpable de sus males es su palabra y como tal debe acallarla..
Muchas veces se revictimiza al periodista mediante medidas administrativas que más parecen un nuevo castigo o amenaza. Se lo destituye, se lo reubica en otra sección periodística o se lo borra de la nómina. Nada importa su seguridad o la de su familia. Debe implorar perdón por ejercer su profesión con ética y en honor a la verdad.
Hay presiones que parecen no ser violentas contra el periodista : "De otro lado, para el experto está claro que hay una narrativa tendiente al despido de reporteros que hacen críticas en contra del Estado. “Hay presiones distintas que no son violentas”. Por ejemplo, el columnista Daniel Coronell, quien ha sido acérrimo opositor de los Gobiernos y ha dejado en la luz pública más de una denuncia, también, en algún momento de su carrera, en 2019 se vio obligado a dejar de publicar sus columnas en la Revista Semana. Sin embargo, al cabo de unos días regresó".
Muchos no regresan. Se apagan en su silencio, en su angustia y su dolor. Les asfixia esa maraña burocráticas tejida por funcionarios que cumplen con su deber sin entender la importancia del mismo. Que se limitan a llenar formularios, formular preguntas de rigor y que de ninguna manera pueden constituirse en protección para el periodista, amenazado y muchas veces sentenciado.
Para LA FLIP "Los curtidos reporteros regionales conocen bien esas viejas formas de represión que, a finales de los noventa y principios del 2000, socavaron en Colombia la libertad de informar. Pasmadas, las autoridades han optado por un discurso que deslegitima el trabajo de los reporteros y el valor del periodismo, y que buscan imponer una narrativa de ficción. Sin embargo, los hechos están ahí para recordarnos que los periodistas han tenido, nuevamente, que exiliarse en el extranjero; que los columnistas y las voces críticas son tachados de las parrillas; y que, las palabras y expresiones gráficas son borradas de las paredes".
Lamentablemente y como se ha comprobado muchas de las amenazas surgen de entidades o funcionarios del mismo Estado: "Resulta muy peligroso que algunos funcionarios del Gobierno y empleados del Estado consideren a la prensa como una amenaza a la “estabilidad de las instituciones democráticas”. Este no puede ser el discurso de un gobierno democrático, pero se ha hecho frecuente el uso de estrategias mediáticas de desprestigio a periodistas impulsadas por funcionarios que les sirven a grupos políticos. Y no son sólo tácticas de en redes sociales, también incluyen tareas de inteligencia y seguimientos ilegales que, aunque son advertidas, encuentran en la impunidad el mejor refugio".
Lo dice la FLIP y lo expresamos nosotros desde la provincia colombiana "La violencia contra la prensa dejó nuevas cicatrices, difíciles de disimular. Pero esos ataques también se entrelazaron con otras fórmulas más sutiles por el control de la información y de las ideas, que buscan que la prensa calle y al mismo tiempo que finja y pretenda que todo está en orden. Una censura que, aunque vieja, se viste con nuevos ropajes".
Callar y fingir, la única ruta que siguen los amedrentados periodistas que osaron enfrentar la verdad.
