Hacia mediados del mes de febrero entraron en vigor las modificaciones a los Documentos Tipo de infraestructura de transporte, aplicables a los proyectos de obra pública, interventoría y consultoría. Los Documentos Tipo son un conjunto de condiciones que el Gobierno Nacional establece para cierto tipo de contratos estatales.
Estos pliegos estandarizan la manera en que las entidades del Estado contratan obras, haciendo expedita y eficiente la celebración del contrato que lleva a la construcción de esta, y evitando potenciales casos de corrupción devenidos de la implementación de pliegos sastre, que no es más que el amañamiento de procesos competitivos por parte de ordenadores del gasto estatales para beneficiar a terceros cercanos, coima por medio.
Además, una de las bondades claves de la aplicación de los Documentos Tipo es el propiciamiento de la competencia entre los distintos proveedores. Así, en el contexto de una licitación pública, a la manera de una subasta inversa, la competencia es realizada vía precios, de manera que los proveedores buscan dar ofertas más atractivas con tal de hacerse con el contrato, es decir, ofertas a menor valor, haciendo, en últimas, que haya una eficiencia del gasto estatal, obteniendo el Estado, mayor valor por dinero y, en muchos casos, haciendo que el valor adjudicado sea menor al valor oficial, suscitando un excedente: ahorro estatal.
En pocas palabras, que si la Alcaldía de un municipio había destinado, digamos, $10 pesos para la construcción de un puente, producto de la competencia, el precio propuesto por los proveedores se desgató hasta llegar a $7 pesos, deviniendo esto en un ahorro de $3 pesos (el 30%) para el Estado, dinero que, en el mejor de los casos, debería reinvertirse en programas claves de interés social, como la alimentación escolar o la construcción de centros de atención médica, mejorando las condiciones sociales y económicas de las poblaciones vulnerables regentadas por gobiernos locales, aquellos mismos que, claro, siempre están apretados de dineros.
Desde su entrada en vigor, hasta inicios del año 2025, se estima que el ahorro que la implementación de los Documentos Tipo le ha propiciado al Estado colombiano alcanza entre los $1,1 y los $1,3 billones de pesos.
Resultan clave, en particular, los Documentos Tipo enfocados a la construcción de infraestructura vial, dado el probado impacto positivo que la construcción de vías de comunicación tiene sobre el crecimiento económico y el desarrollo social de un país; ya lo decía Marx: “La industria del transporte forma, por una parte, una rama independiente de producción y, por tanto, una base especial de inversión del capital productivo”, y, en Colombia, Cárdenas (1995) —quien fuera ministro de Hacienda del gobierno Santos II— calculó la elasticidad producto de la infraestructura de carreteras en 0,53: o sea que, poniéndolo en términos rasos, por cada obra pública que conecte un centro productivo con un centro de colocación y distribución de productos, en promedio, el PIB experimentaría una variación positiva de 0,53 puntos porcentuales. Además, de los 13 principales sectores de gasto e inversión de la compra y contratación pública, el sector Infraestructura de transporte acopla cerca del 41,80% de los recursos (más o menos $30,7 billones de pesos).
Otra arista muy importante, tiene que ver con la participación de la denominada Economía Popular en la contratación pública. El accidentado Documento Tipo para la contratación de infraestructura vial con Organismos de Acción Comunal ya había rendido sus frutos antes de que el Concejo de Estado lo tumbara y el gobierno respondiera jurídicamente ante esta acción.
Hacia abril del 2024, mediante este mecanismo, el Estado había perfeccionado un total de 1049 procesos contractuales, cuyas cuantías sumaban poco más de $138.120 millones de pesos: dinero adjudicado directamente a las comunidades para satisfacer necesidades de las comunidades, beneficio por una vía y por la otra (oferta y demanda), evitando los tentáculos de las mafias locales.
En materia de contratación pública transparente, los retos siguen siendo muchos: quizá ese sea el estado natural de esta materia: la dialéctica antagónica que mueve la historia de cómo los Estados han contratado sus obras, bienes y servicios, pero seguro serían más y más complejos si no se contara con los Documentos Tipo y sus actualizaciones, herramienta que le permiten al Estado colombiano contratar de manera más transparente y eficiente.
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