Se abusa con frecuencia de la palabra crisis para caracterizar determinadas coyunturas del sistema de poder prevaleciente en el Estado y de la economía capitalista dependiente. De tanto recurrir a dicho vocablo se pierde el rigor en el análisis y en las conclusiones correspondientes. De pronto lo que se ve como convulso no es más que una leve alteración de la normalidad, que el tremendismo se encarga de sobredimensionar.
Por eso la cautela inicial al abordar el nuevo escándalo de corrupción gestado con el destape de los sobornos multimillonarios de la constructora brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales, en el año 2014. En principio se dijo que todo esto se hacía para restarle importancia al tema de la paz en el debate electoral que culminara escogiendo Presidente en el mes de mayo del 2018. Como el uribismo caminaba holgado con su oposición a los consensos de paz, pues su triunfo en el plebiscito le dio alientos para ir por la presidencia nuevamente, incrustar el tema de la corrupción como cortina de humo lucia como una estrategia perfecta. Típica maniobra del pokerista de marras.
No obstante, con lo que ya se conoce hoy sobre las andanzas de Roberto Prieto, mano derecha por muchos años del señor Santos, como encargado de la tesorería de varias de sus campañas políticas, el desconcierto es generalizado.
Allí hay de todo. Las peores lacras. Un parapolítico, Otto Bula, protagonista del despojo de tierras y del desplazamiento de cientos de campesinos, socio de la tenebrosa Oficina de Envigado, aliado de Mario Uribe, primo del Caballista de Ubérrimo, entregando un millón de dólares a un carnal de Prieto para sufragar los gastos personales de los más importantes operadores de la campaña del actual Jefe de la Casa de Nariño. Odebrecht era la fuente de dicha suma. Un soborno para amarrar la licitación de la doble calzada Ocaña Gamarra.
Licitación en la que metieron las manos las Ministras santistas Parodi y Álvarez para favorecer a la constructora carioca e incrementar fortunas familiares con puertos fluviales utilizados en toda clase de torcidos menesteres.
Por supuesto, los jerarcas del gamonalato oficialista, los aliados del Presidente que han sido favorecidos a manos llenas con los cupos de mermelada en el Fonade, Ñoño Elías y compañía, también hicieron su correspondiente agosto con el tráfico de influencias para incrementar sus fortunas y poderes regionales.
Roberto Prieto está en el ojo del huracán. Sus nexos con Odebrecht se rastrean desde el 2010, año en el que se dan los primeros sobornos, 400 mil dólares, para los afiches electorales de Santos, y otro millón para costear una encuesta muy favorable al candidato.
La abultada contratación de Prieto con el actual gobierno es una evidencia de su enorme poder en las distintas esferas gubernamentales. Pago a su vagabundería.
Pasan los días y se conocen nuevos episodios de esta historia delincuencial, otra más, de la casta politica nacional.
Obviamente los impactos políticos son demoledores. La gente no sale del estupor y las encuestas muestran una caída generalizada de su estado de ánimo. El desprestigio de Santos es de proporciones gigantescas. Su aceptación esta por el suelo, incluso por debajo de la de Samper (1995) a raíz del proceso 8000 y de la de Pastrana (2001), por su torpe gestión del proceso de paz del Caguan que catapultó a Uribe Vélez a la Presidencia desde el 2002 hasta el 2010.
Santos esta por el piso y su gobernabilidad completamente anulada. El combustible apenas si le da para evitar caerse, como sucedió con Samper. ¿O será que si renuncia como ya lo pide abiertamente la prensa?
Ahora si la crisis política es múltiple y demoledora. Lo que obliga a pensar, desde la izquierda, en los escenarios inmediatos. En las alternativas progresistas y democráticas, para que no sea la ultraderecha terrateniente y el militarismo quienes terminen capitalizando todo este desbarajuste y desplome del poder oligárquico, con la marcha del próximo 1 de abril convocada por el expresidente Álvaro Uribe.
En ese sentido surgen muchos interrogantes sobre las principales políticas adelantadas por el gobierno de Santos, manchado por los sobornos de Odebrecht y la mermelada de Cárdenas, uno de los artífices del desfalco de Reficar.
Me pregunto: ¿sucumbirá el proceso de paz y los acuerdos que se han firmado hasta el momento con las Farc? ¿Desmantelará el gamonalato oficialista, mediante el Fast Track, el contenido de cada uno de los acuerdos de paz como acaba de suceder con aspectos nodales de la Justicia Especial de paz como la participación política de los integrantes de las Farc y la impunidad de los financiadores del paramilitarismo y la masacre? ¿Se quedaran en el papel los temas agrarios y de la democracia ampliada? ¿Se profundizara el sabotaje de la burocracia de la paz a las Zonas veredales? ¿Continuara la masacre de los líderes sociales y la indiferencia cómplice del Ministro de la Defensa? ¿Regresaremos nuevamente al conflicto violento de las últimas décadas?.
Es lamentable decirlo, la paz es la mayor damnificada en este escándalo de los sobornos y el cohecho promovido por los operadores de la corrupción para favorecer a Odebrecht y acumular más fortunas de origen ilegal.
La pérdida de legitimidad del gobierno de Santos y la ruina de su gobernanza se lleva por delante el sueño de la paz de millones de colombianos.
Los grandes poderes del latifundio, de la banca, del generalato, de la corrupción, representados en el Congreso de la República por Senadores y legisladores de la Cámara, están despedazando y van a desnaturalizar a fondo el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon, tal como en su momento lo advertimos y denunciamos.
Como Santos, los gamonales están utilizando la paz para hacer buenos negocios en la agroindustria, la minería y los hidrocarburos.
El reto consiste en buscar salidas. Hay que defender lo avanzado hasta el momento, pero se requiere romper el bloqueo de las nuevas burocracias políticas deslumbradas por prebendas menores otorgadas por las cumbres oficialistas. Lamentable que algunos estén pensando, desde este lado, que mediante regalos clientelares de Santos, Pardo y Jaramillo, la paz puede sobreaguar.
La paz necesita del pueblo. La paz no puede ser un cometido individualista ni una empresa de elementos cargados de codicia, soberbia y afán de figuración como novedades legisladoras.
¿No será mejor regresar a la idea del poder constituyente de la multitud para dar el salto que demanda la descomunal crisis que nos oprime y defender la paz? ¿No será que ese poder constituyente trasciende en su potencia el estiércol del Congreso de la Republica, en el que ciertas almas ingenuas de la Izquierda electoral y académica confían tanto, después de ser sus más recalcitrantes críticos?
Paradoja todo lo que ocurre. Santos, como suele ocurrir con él, despego el 2017 manipulando el tema de la corrupción pensando en bajarle el perfil al asunto de la paz, en que supuestamente el uribismo es fuerte, pero a estas alturas lo que logro fue darle un golpe de muerte a los acuerdos para poner fin a la guerra. Se pegó un tiro en el pie, como con el plebiscito del pasado 2 de octubre.
Estamos a tiempo para impedir que Odebrecht entierre la paz.
Hay que actuar y proceder a la movilización social en defensa del derecho a vivir sin la muerte y la violencia atroz.
