La independencia del Banco de la República amerita una revisión, pues lo que necesita Colombia es la efectiva interdependencia entre los poderes del Estado, ante las actuales crisis sistémicas. Además, esa Institución, tecnócrata, incurre en la eterna locura de seguir haciendo las mismas disfuncionalidades, esperando resultados diferentes.
La guerra comercial declarada por Estados Unidos incrementará los precios y a la empobrecida o vulnerable clase media. En Colombia, además, el salario mínimo es débil e inflexible, y los tecnócratas insisten en controlar la inflación, antes que estimular el crecimiento mediante el consumo interno y la redistribución del ingreso. Impertinente es procurar medidas de "economía de guerra", en un país eternamente conflictuado.
La negociación del mínimo es consistente con la actitud y mentalidad de nuestros representantes: beligerante, estrecha y miserable. Verbigracia, tranzando limosnas, los sindicatos exigían incrementarlo 12%, aunque ni siquiera ese ajuste era suficiente, pues la canasta básica para 1 soltero cuesta aproximadamente el 362% del salario mínimo.
Además, minimizar el salario promedio es la tendencia del mercado laboral, mientras que las empresas, por avaricia, maximizan la inflación, reduciendo la calidad de los productos (reduflación) e imponiendo engaños que capitalizan nuestras imperfecciones mentales —trastornos, sesgos y heurísticas—.
Los fanáticos del mercado deberían reconocer la insensible manipulación de los precios. Los calienta como a la “Rana Hervida”, y cada coyuntura afianza alguna cuota de especulación. Además, aunque la tecnología eliminó intermediarios, los precios al consumidor parecen insensibles, pues se rebajan: los márgenes de ganancia de los productos para aseo personal son desproporcionados, lo que cobran por un crédito es abusivo, comparado con lo que le reditúan por su equivalente en ahorro, la vivienda alberga otra “burbuja” y la nutrición parece prohibitiva.
Para cumplir metas o reportar récords, tras haber exprimido al consumidor, las descaradas empresas liquidan inventarios, residuos o productos a punto de caducar, aplicando promociones, descuentos o combos 2x1. Empero, en un país tan pobre como Colombia, ¿por qué no venden desde el principio los productos a precios justos?
En piloto automático, la obtusa respuesta del BanRepública siempre es incrementar el costo del dinero, para que los “nadie” sigan sacrificando sus necesidades esenciales o se endeuden mucho más. Y el gobierno Petro defraudó a quienes esperábamos que regulara los precios: respecto a la energía pregona que redujo el espacio de la especulación y honraría a la Constitución, ordenando que las tarifas expresen los “verdaderos costos”.
Entretanto, la Superintendencia de Industria y Comercio no interviene la canasta familiar, implementando controles de precios, y la SuperFinanciera incrementó la usura, que prácticamente triplica a la tasa de referencia con la que el BanRepública subsidia a los bancos. Las reformas tributarias de Petro tampoco estimularon la creación de empleos, no corrigieron la inequidad ni estimularon la competitividad de los productos locales.
Finalmente, Galán encareció el pasaje de Transmilenio, sin haber controlado a los colados, el hacinamiento ni la “guerra del centavo” que impulsa a ese deshumanizado servicio.
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