Al estar fuera del gobierno y no vinculada directamente con el sector salud, es muy difícil conocer exactamente lo que está sucediendo, o las explicaciones que se tienen para las crisis recurrentes de las cuales se quejan permanentemente los usuarios, en su mayoría pobres o de clase media. Por ello, más que entrar a juzgar la situación actual del sistema, lo pertinente es hacer algunas de las preguntas obvias que muchos usuarios frustrados se hacen permanentemente.
Por un lado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria es el mejor calificado dentro del gabinete del presidente Santos, y con razón: es un hombre inteligente, serio y bien intencionado. De eso, los que lo conocemos, podemos dar fe. No se trata en el caso de la salud de tener al frente a alguien que esté haciendo politiquería sino por el contrario, realmente trabajando. Por otro lado, pareciera que el problema es de plata. Cada día toma más fuerza la crisis en los hospitales y las clínicas a las que se les adeudan más de 5,3 billones de pesos. Pero, ¿no han sido varias por no decir muchas EPS las que han despilfarrado recursos de la salud comprando canchas de golf, haciendo inversiones con el dinero de los usuarios de sistema en el exterior y pagando sueldos y primas fabulosas a los miembros de sus juntas directivas? Por lo menos ese gran desfalco fue anunciado por el mismo presidente hace un tiempo y, hasta donde se tiene información, no hay nadie en la cárcel.
Sería además interesante que nos explicaran por qué las cajas de compensación, llenas de recursos, están tan retrasadas en sus pagos a las IPS cuando todos los días anuncian beneficios extras para sus afiliados. Las cajas ya empiezan a verse enredadas por malos manejas de algunos de sus directivos. La Caja de Compensación del Valle, es un ejemplo, porque después de anunciar los abusos de su eterno director se calló todo el mundo, inclusive la superintendente de estas instituciones que, da la casualidad, también es un ficha política de ese departamento.
Sin duda, la informalidad laboral del país ha llevado a que el régimen subsidiado esté creciendo desmesuradamente y como no inyecta recursos al sistema lo tiene desbalanceado financieramente. Hay que reconocer que la afiliación debe haber crecido, entre otras, por exceso de demanda de los usuarios cuando tienen un servicio gratis porque no tienen límites.
Pero, por qué se ignora que aun si el sistema fuese perfecto, cuando se diseño se partió de la base de que el régimen contributivo después de un tiempo crecería más que el subsidiado; que la economía se mantendría en tasas altas de crecimiento; que la Superintendencia de Salud sería eficiente y que las EPS no armarían un cartel bajo la premisa de que lo que es bueno para ellas es malo para el paciente. Es decir, las soluciones no plantean temas de fondo sino alternativas como darles créditos subsidiados precisamente a estas entidades sin el menor cuestionamiento de qué han hecho durante 23 años con los recursos que han manejado tranquilamente.
En síntesis, resulta inexplicable que en este país este vedado el tema de replantear la Ley 100 en salud. Ya prácticamente se tiene cobertura universal en salud, pero de mala calidad, ¿por qué no se revisa la posibilidad de tener un sector donde los privados participen sin duda, pero con la conciencia de que manejan recursos públicos y donde el Estado tenga verdadero control? ¿Por qué produce tanto pavor plantear la necesidad de llegar a lo que se entiende por una verdadera universalidad en salud, donde el lucro no exista, así sea camuflado en supuestas entidades sin ese ánimo?
¿Será esta, otra de esas columnas que solo sirven para dejar constancias históricas, si logran ser leídas por un buen número de colombianos?
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