El negocio abierto y descarado de los avales políticos, las alianzas sin principios que se hacen en casi todos los departamentos y municipios, la concesión de aval a numerosas personas comprometidas con conductas delictivas, la prioridad que se le da al interés de ganar una elección a cualquier costo pasando por encima del interés público, el nepotismo y la utilización del “dedazo” en la escogencia de los candidatos, todo esto y mucho más, ha quedado en evidencia durante las últimas semanas al interior de todos los partidos políticos en Colombia. En unos más que en otros, unos con más visibilidad y escándalos que otros, pero ninguno se libra de esas prácticas corruptas y nada éticas. Es el fruto de colocar la conveniencia inmediata por encima de los más elementales principios democráticos. “El todo vale” en su más cruda expresión.
Esta última semana dicho fenómeno se hizo más notorio con lo ocurrido al interior del partido “Alianza Verde”, por cuánto dicha agrupación se fundó por Antanas Mockus con el objetivo de colocar la ética y la transparencia al frente de la política. Sus consignas “No todo vale” y “yo vine porque quise, a mí no me pagaron”, mostraban ese principal objetivo de limpiar la política de clientelismo, corrupción e influencia de las mafias de todos los pelambres que han surgido al interior de la precaria “democracia colombiana”.
Un grupo de ciudadanos –en su mayoría jóvenes– se movilizaron a Bogotá desde el Valle del Cauca con el lema de “El Verde se respeta”. Mucha gente creía que era una barra brava del equipo de fútbol Nacional, pero eran apasionados militantes “verdes” que con gritos, tambores, trompetas y vistosas pancartas se ubicaron frente al Concejo Distrital, en donde queda ubicada la sede principal de ese partido, para protestar contra las decisiones de sus directivas de respaldar candidatos como Angelino Garzón para la alcaldía de Cali y Lilian Francisca Toro para la gobernación de ese departamento, mientras que se niegan a avalar sus propios candidatos.
Igual situación ocurre en muchos municipios y departamentos. Uno de los casos más significativos es lo que ha ocurrido en el Cauca. Allí el dirigente Santiago Zambrano, quien ya fue candidato a la gobernación por los “verdes” hace 4 años, fue empujado por la dirigencia de ese partido a conseguir a última hora el aval del Polo Democrático Alternativo. Lo hizo porque los “verdes” le negaron el respaldo. Sucedió que el parlamentario verde del Cauca, Oscar Ospina,se sumó a la convergencia encabezada por Roy Barreras, Aurelio Iragorri Hormaza y el parlamentario de la U, John Jairo Cárdenas, que apoyan un candidato con un historial oscuro (aliado en el pasado de Juan Carlos Martínez Sinisterra). Pero lo más crítico y paradójico es que después de dar la batalla contra esa decisión con la intervención pública de la senadora Claudia López, el actual secretario nacional de la Alianza Verde, Jaime Navarro, hermano del senador Antonio Navarro, decidió arbitrariamente y en contra de las bases verdes, apoyar al candidato de bolsillo del actual gobernador Temístocles Ortega, quien conformó otra coalición con liberales con el apadrinamiento de Jesús Ignacio García, gamonal político derrotado en las pasadas elecciones parlamentarias.
Estos ejemplos son la constante en casi todas las regiones y localidades de Colombia. Y lo sufren todos los partidos sin excepción, unos con más incidencia que otros. El Centro Democrático de Uribe se descompone en Antioquia ante el poder clientelista de Fabio Valencia Cossio. En el Partido Liberal Vivian Morales renunció a la dirección nacional y ha denunciado la forma nada ética como Horacio Serpa ha repartido avales a diestra y siniestra. En Cambio Radical renunció su presidente Carlos Fernando Galán por esos mismos motivos. En el Partido dela U la constante es mirar para otro lado y dejar hacer. La Corporación Paz y Reconciliación ha denunciado cómo en las próximas elecciones participarán miles de candidatos vinculados al paramilitarismo y a la delincuencia organizada.
Esta situación no es nueva pero sorprende que en medio de los propósitos por “modernizar la democracia” o “democratizar el país” de cara a la superación del conflicto armado, este fenómeno en vez de disminuir pareciera haberse acrecentado. ¿Qué está sucediendo?
En forma sintética nos atrevemos a formular una serie de hipótesis que están respaldadas por la simple observación de los hechos:
- La política es en Colombia una actividad rentable, una forma de ascenso social y de enriquecimiento fácil.
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Los grandes conglomerados económicos transnacionales y “nacionales” envilecen la política. Pagan campañas políticas desde un concejal o edil hasta la de un senador, alcalde, gobernador y/o presidente de la República para defender sus intereses económicos en todos los niveles del Estado.
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Las mafias narcotraficantes, las de la minería ilegal, los grupos armados ilegales y la delincuencia organizada, hace lo mismo en pueblos, ciudades intermedias y en todo el país.
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Las dirigencias regionales y locales de la mayoría de partidos políticos han ido adquiriendo un inmenso poder y se comportan como mafias que van detrás del control de los recursos de las regalías, los contratos y la burocracia estatal.
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Por ello las campañas políticas –en sí mismas–, se han convertido en un lucrativo negocio. Muchos, al estilo de Francisco Maturana, “ganan perdiendo”.
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Los sueldos, privilegios y poder que adquieren los representantes políticos, tanto ejecutivos como legislativos, son un atractivo para personas y profesionales que no se pueden destacar en otras actividades productivas, y que en ese terreno, lleno de trampas y mañas, desarrollan sus habilidades como resultado del espíritu rebuscador del colombiano.
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Mucha gente –influida por la “cultura traqueta”–admira y premia ese comportamiento “avivato”, lo ve cómo una forma de lucha de “los de abajo” (así como admiraban a Pablo Escobar y hoy lo hacen con el “Chapo” Guzmán), y reciben sus favores clientelistas de buen grado.
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El sector de la JUSTICIA ha sido totalmente permeado por estas prácticas y es, a la vez, causa y consecuencia de ese fenómeno, en donde la impunidad, parcialidad y corrupción campean desde el juzgado local hasta los tribunales y las altas cortes.
Sin embargo –a pesar de lo que se está presentando– las reservas democráticas dentro de nuestro pueblo y sociedad están latentes y pujan por expresarse a plenitud. La lucha contra la “rosca politiquera y corrupta” está vigente y la inconformidad ciudadana se expresa de múltiples formas por las redes sociales y medios de comunicación. Por ello hay que desencadenar un movimiento ético-político contra toda práctica corrupta al interior y por fuera de los partidos políticos.
La principal bandera que en este terreno levantamos desde el colectivo Somos Ciudadanos es acabar con los privilegios de la “elite política”, reducir los sueldos y prebendas, volver a hacer de la política una actividad de servicio público, romper la ligazón-relación cómplice entre los grandes intereses de las empresas transnacionales y mafias de toda clase por medio de la construcción de una verdadera democracia ciudadana, control popular desde barrios, localidades y veredas, hacer viable la revocatoria del mandato, construir una cultura ciudadana de castigo y sanción social al corrupto y al corruptor.
Es por lo anterior que este Colectivo Ciudadano –actuando con una visión supra-partidista–ha decidido apoyar, desde nuestra iniciativa ciudadana y con nuestras incipientes fuerzas, a candidatos de diferentes partidos que muestren de verdad un espíritu de nuevo tipo, de cumplir con el lema neo-zapatista de “mandar obedeciendo”, que desde la campaña electoral demuestren su intención de ir más allá de la simple elección y desarrollen acciones pedagógicas que sirvan para reconstruir el sentido de comunidad, que se comprometan a organizar veedurías ciudadanas y a ejercer un estricto control ciudadano al manejo de nuestros recursos públicos, a acabar con la intermediación de las famosas y hoy todopoderosas ONGs (fundaciones y corporaciones) que se quedan con los dineros del Estado, y en fin, en luchar decididamente, no de palabra y en el papel, sino con hechos contundentes, contra la corrupción política y administrativa.
A la vez que impulsamos ese modesto apoyo insistiremos en la tarea inaplazable de construir un Nuevo Proyecto Político –que sin desconocer la experiencia, los avances, los aportes y desarrollos importantes de algunas agrupaciones políticas existentes–, sirva de herramienta para transformar radicalmente la forma de hacer política en Colombia y, a la vez, nos permita recuperar esa actividad humana para el conjunto de la población, rescatando y construyendo una verdadera democracia para lograr metas superiores para la humanidad: equidad, justicia social, bienestar colectivo, salvar la naturaleza de la crisis ambiental, superar la descomposición moral surgida del consumismo desaforado y de las ansias de enriquecimiento material, y en fin… construir felicidad.
