En los últimos días, en redes sociales han circulado alrededor de 22 videos donde grupos de personas de diferentes ciudades golpean presuntos ladrones, personas acusadas de violación o personas que debido a su comportamiento trasgreden ciertas normas sociales, como el consumo de licor. En todos estos videos tres cosas parecen comunes. Por un lado, los ciudadanos se alientan unos a otros para golpear a los presuntos ladrones o agresores, como si se tratara de una competencia de quién es el más fuerte. Lo segundo, es que las autoridades policiales parecen impotentes ante las agresiones de la comunidad y en muchas ocasiones deben proteger al ladrón o agresor. En varios de estos videos parece que la policía se ha convertido en un cuerpo para evitar linchamientos. Por último, en la conducta de los ciudadanos parece existir una cierto sentimiento de desespero. Son comunes las frases como “para que no lo vuelva a hacer”, “denle para que coja escarmiento”, “la policía nunca hace nada” entre otras.
Todos estos comportamientos no son un problema únicamente de una emoción que invade a personas durante un corto periodo de tiempo, o de falta de cultura ciudadana. El tema parece ser más complejo, y gran parte de la responsabilidad de este tipo de comportamientos estaría del lado institucional. Varios datos indicarían esta situación.
La más reciente encuesta de Gallup, más allá de la imagen del Presidente, o de alcaldes y candidatos a alcaldías y gobernaciones, entrega varios datos interesantes. Por ejemplo, la ciudadanía en un 83% percibe que el tema de corrupción está empeorando en el país, mientras que solo el 9% percibe que mejora. A largo plazo se ve una tendencia sostenida de crecimiento de la percepción negativa.
Otro de los datos interesantes se refiere a la sensación de inseguridad, ya que el 84% de los ciudadanos cree que está empeorando y solo el 10% considera que mejora. La encuesta se realizó en las grandes ciudades, por lo que los resultados de la percepción de inseguridad se refieren a temas de delincuencia urbana y crimen organizado y no tanto a la presencia de grupos armados ilegales. Al igual que en el caso de corrupción se viene presentado un incremento constante en los últimos años.
Luego se dan otra serie de datos interesantes y en cierto sentido dramáticos. Por ejemplo, el 46% de los encuestados estarían de acuerdo en perder libertades para mejorar la seguridad. Igualmente para el 79% de los encuestados la imagen del sistema judicial es desfavorable.
¡Te pasaste de tragos! ¿Te gusta dar papaya en los andenes? Dicen que todo borracho tiene su ángel, los de este ciudadano visten de verde, pero ojo, no siempre tus acciones contribuyen con la seguridad.
Posted by Policía Nacional de los Colombianos on Lunes, 22 de junio de 2015
Los datos anteriormente expuestos no solo permiten concluir la gran desconfianza de la ciudadanía hacia ciertas instituciones estatales, sino que además se percibe la ineficacia del Estado para contrarrestar la inseguridad o la corrupción. Así las cosas estos linchamientos no necesariamente significan una descomposición social, aunque podrían llevar a ello si se suman otros ingredientes. Este tipo de comportamientos por el contrario tendrían cuatro explicaciones
Por un lado, todo parece indicar que el problema central se encuentra en la ausencia de respuesta a la ciudadanía. Por ejemplo, en diferentes entrevistas realizadas, las habitantes de Bogotá manifiestan que la Policía no llega cuando se llama al 123 o NUSE o al número telefónico del cuadrante. Igualmente existe una queja constante en que los trámites para interponer una denuncia son complicados y dispendiosos, además los casos generalmente nunca se cierran y la ciudanía no recibe una respuesta rápida. Esto lleva a una sensación de abandono e impotencia de la ciudadanía.
Adicionalmente en muchos casos la respuesta rápida no pasa más allá de una notificación. Según estadísticas del NUSE el hombre que llega borracho a su casa y agrede a su esposa o hijos generalmente lo repite en promedio seis veces en el año. Las seis veces, los vecinos o familiares llaman a la policía y esta puede llegar pero más allá de molestar al agresor, o trasladarlo a la UPJ, no pasa nada, de hecho la esposa o compañera del agresor generalmente no interpone denuncia, y al otro día el agresor queda en libertad.
En segundo lugar, en muchos casos la ciudadanía no entiende cómo funciona el Estado de derecho, por ejemplo una persona que consume marihuana no es un delincuente o algunas contravenciones no necesariamente significan cárcel. Para una buena parte de la ciudadanía esto se trata de corrupción o de indiferencia institucional, ya que no se entienden los principios de garantías al debido proceso, la presunción de inocencia entre otros. Además la población percibe que la ley es bastante laxa a la hora de combatir el crimen, lo que causa una percepción negativa de la ciudadanía frente a la institucionalidad.
En tercer lugar, se comprueban casos de corrupción delicada en la institucionalidad. En diciembre pasado fueron capturados 46 personas en Antioquia, 19 de los cuales eran policías que al parecer pertenecían a una banda dedicada al narcomenudeo, el mes pasado (mayo), otros nueve policías fueron capturados esta vez en Ibagué que trabajaban para una banda conocida como La Mina. Esta situación hace aún más complejo la intención de que la ciudadanía acuda a la institucionalidad en caso de algún delito.
Por último, existe una crisis del sistema judicial en todo el país, malos procedimientos, colapso del sistema carcelario, ausencia de investigación en los casos y escándalos de corrupción han hecho que sencillamente la ciudadanía no crea en el sistema judicial.
*Ariel Ávila: Politólogo, Master en Sociología. Coordinador del Observatorio Paz y Reconciliación y consultor internacional
