En la cárcel La Picota hay patios de patios. En algunos las visitas conyugales son atendidas como en la suite de un buen motel. Los parapolíticos, por ejemplo, gozan en sus alcobas de sala de recepción, agua caliente, cama doble y televisor gigante con acceso a cable. En otros, los domingos, la actividad sexual de los reclusos solía darse a la vista de todo un conglomerado, como en una plaza de mercado.
En el patio donde cientos de internos recibían a sus familias, de a montoncitos podían verse arrumes de cobijas en movimiento que delataban la actividad de sus moradores. Así continuó siendo hasta que una tutela cayó en el escritorio del magistrado Alberto Rojas Ríos. Provenía de un interno que como a muchos bajo esa cobija, le hubiera pasado lo mismo: oyendo niños chillar, guardias poniendo orden a madrazos y vendedores de golosinas promoviendo sus productos, sencillamente no podía lograr una erección.
La providencia elaborada en su despacho fue galardonada para el premio Justicia y Género, que otorga la fundación internacional Womens Link Worldwide a los mejores pronunciamientos judiciales en el mundo que amparan la diversidad de género y los derechos sexuales.
Coherente con su espíritu liberal, reintegró en un cargo público a un transexual a quien lo habían echado por no tener libreta militar y amparó el derecho a la intimidad de una cadete, a la que habían expulsado de la escuela por haberle enviado a su novio un par de videos en los que, con la camisa camuflada encima, se masturbaba en un baño del batallón.
Rojas Ríos le ha venido enseñando a sus alumnos -durante sus 25 años de cátedra en la Universidad Externado-, que las instituciones jurídicas están diseñadas con el único fin de salvaguardar al individuo de los desmanes sociales, de ahí su preocupación constante por las minorías y sus derechos.
La libertad y la dignidad son principios que cobran vida en las hojas de sus sentencias como escuderos del ser humano y colonizadores de una sociedad cada día más tolerante. “Rojas escribe sus fallos para quien de verdad los necesita”, dicen quienes lo conocen en la Corte, aquella de la que fue despedido a pesar de que sus colegas magistrados, de manera unánime estamparon sus firmas el 17 de julio del año pasado, en un comunicado que lo elogiaba.
¿Qué fue lo que pasó con este jurista, quien en el año 2000 ya había sido ternado para la Corte Constitucional y en el 2010 la misma Corte lo postuló como Contralor General?
En plena polémica por el nombramiento de Rojas Ríos el presidente Santos lo posesionó en el Palacio de Nariño
Vamos por partes.
Rojas, a quien ya lo había absuelto la justicia, fue condenado por un columnista que le hizo caso a la versión de una señora que atestiguaba, que el magistrado le había robado una plata producto de la indemnización que mereció como viuda de Julio Cesar Rodríguez, su señor marido, quien murió en 1991, después de haber sido atropellado por una volqueta del municipio de Funza.
Isabel Cristina Marín Niño le otorga poder a Rojas Ríos, para que la represente en la demanda por responsabilidad en contra del municipio. El proceso es adelantado sin pormenores según lo muestra el primer expediente, hasta que finalizando sus hojas mohosas, en uno de los folios, aparece una autorización expedida por la viuda en octubre de 1995, dirigida al doctor Rojas, para que un señor llamado Héctor Hernando Betancourt Monsalve reciba el monto de la condena que le correspondía a la viuda. Hasta ahí el problema había sido entre ella y el Estado, que era quien debía responder por la muerte de su esposo.
Después de haber digerido la primera parte de los cuadernos que componen el proceso, me veo obligado a desanudar el hilo blanco con el que amarramos los expedientes y que agrupa los folios organizados que narran la historia de lo que vino después. El problema que tuvo Rojas con la viuda.
Fue hasta el año pasado, en junio, cuando me dio por conseguir el pronunciamiento del Consejo de Estado que puso a Rojas fuera de la Corte. Era evidente al leerlo, que aun teniendo a los magistrados en contra suya estos fundamentaron su decisión en un tecnicismo, pero son claros en recalcar la inocencia de Rojas en el caso de la viuda.
Empiezo entonces a rebuscar en las piezas procesales y a ubicar a sus intervinientes. Lo primero fue verificar quién era el que había recibido la plata. Es decir, quién era el señor que figuraba en el documento como autorizado por doña Isabel Cristina, para recibir la indemnización producto de la condena al Estado.
Héctor Hernando Betancourt era un oficial que se retiró de capitán. Un abogado que había dirigido el departamento jurídico de la Fuerza Aérea y había llegado a ser Juez de Instrucción Penal Militar. Es decir, era alguien que sabía muy bien lo que conllevaba el ejecutar una falsedad, un fraude procesal y una estafa agravada, conocía la norma y sus límites. El tipo de persona que si comete un delito, lo hace bien. No de la forma en que la viuda le dijo al fiscal que lo había hecho: que Rojas y Betancourt, falsificaron el papel que autorizaba a éste último para recibir una plata que no se merecía.
Dicho papel fue objeto de un estudio grafológico realizado en el año 2003 por un técnico criminalístico que se atrevió a dictaminar que la firma en el poder que daba la viuda, era falsa. Recordé al doctor Rojas con el agua al cuello, su imagen sacudida por un columnista, y especialmente algo que no se me olvida: Su silencio.
— ¿Por qué doctor?, ¿Por qué no se defendió?. —Le pregunté después de haber consultado todos esos cuadernos repletos de folios y convencido ya de su inocencia.
Rojas tenía todo para haberlo hecho en su momento. Ningún periodista dio a conocer el segundo dictamen que se rindió dentro del mismo proceso penal, el del 2008, el que vino a hacer un experto grafólogo y no un simple técnico. Experto que sí cotejó las firmas siguiendo el principio de la coetaneidad; es decir, comparando las firmas de 1995 con las que la viuda había hecho en esa época en otros documentos, no como lo hizo el primero, que le tomó la firma a la viuda en el 2003 y la comparó con otra de 8 años antes.
Cualquier abogado imberbe y recién graduado, sabe que con el tiempo las características de los trazos mutan, y que si la idea era probar una rúbrica de 1995 debía cotejarse con un documento firmado en la misma época y no 8 años después, porque la variación del pulso impide la idoneidad del dictamen. Y en efecto, cuanto el dictamen se hizo como debía haberse hecho, es decir comparando documentos coetáneos, arrojó la veracidad de las firmas tanto de doña Isabel Cristina viuda de Rodríguez como de la notaria que la protocolizó.
Años más tarde, a Rojas lo ternan para la magistratura en la Corte Constitucional y termina ganando por más de 40 votos en el Senado de la República. Las razones de tan holgado triunfo, se le abonan a su hoja de vida: Rojas se doctoró en la Universidad de Valencia, se graduó con honores de la Maestría de Derechos Humanos, Democracia y Justicia del Institut de Droit Humans, es especializado en derecho procesal, administrativo y constitucional, catedrático que se había desempeñado como procurador y viceprocurador general de la nación. Por esto es que sale en hombros del Congreso.
Y ahora sí, confirmado Rojas como magistrado, aparece la misteriosa viuda con una historia jamás contada. Nunca había hablado la señora, ni en el año 2000 cuando a Rojas lo postula la Corte Suprema de Justicia, ni en el 2010 cuando la misma Corte Constitucional lo terna para Contralor.
Lo cierto es que Isabel Cristina viuda de Rodríguez, 22 años después del fallecimiento de su esposo, al otro día de la elección, sale vestida de negro en un noticiero hablando mal del magistrado.
Muchas cosas dijo la Doña. Dejó de decir otras. A la señora Isabel le hizo falta decir que ella había vendido el proceso. En derecho se llama venta de derechos litigiosos y es un negocio regulado por el Código Civil, significa que yo negocio un futuro incierto: vendo ahora el resultado de un proceso. Compro la mala o buena suerte que habrá de deparar el porvenir.
Tampoco contó nada de las reuniones que sostuvo con el capitán Betancourt a las que asistió con su novio de la época, un señor de apellido Roa. No cuenta cómo fue ella la que le rogó al capitán que le comprara sus derechos en el proceso en contra del Estado. Se le olvidó que después perdió el proceso penal que inició en contra de Rojas. Que fue contundente el caudal probatorio que evidenciaba la honestidad del magistrado y que el proceso culminó con un fallo absolutorio que ni ella, ni el fiscal, ni el ministerio público apelaron. Ni mucho menos se le iba a ocurrir a la viuda hablar de los 12 millones de pesos que recibió de manos del oficial, hecho que no solo fue probado en juicio, sino que fue ratificado por el propio capitán y exjuez penal militar Héctor Hernando Betancourt en declaración juramentada del 13 de marzo de este año, en la que da fe de que si el doctor Rojas le hubiera entregado la plata a la viuda, ahí sí hubiera cometido un delito, pues su deber como abogado era entregarle la indemnización, como en efecto lo hizo, pero al capitán que le había comprado a la viuda las resultas del proceso.
Por todas estas razones fue que en providencia del 30 de julio de 2009, el juzgado 21 absuelve a Rojas y mucho tiempo después el Consejo de Estado también corrobora su inocencia, junto con la docena de magistrados y conjueces que vuelven y reiteran lo que dicen los hechos y las pruebas, que vinieron siendo las únicas que le devolvieron su cargo de magistrado y que traducen una verdad innegable: Alberto Rojas Ríos, no tuvo jamás por donde ser culpable.
— ¿Por qué doctor?”, —le insistí. ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué, teniendo cómo, no denunció a todos los que lo calumniaron?
—Piénsalo Daniel, —me respondió. Enfócate en el derecho, en la constitución, en la ley. Recapacita sobre lo que debe ser la justicia y sobre ese deber ser de la democracia.
