El contralor, Edgardo Maya, y el fiscal, Eduardo Montealegre, tienen listas decisiones por hallazgos en la Unidad Nacional de Protección por los que deberán responder las directivas anteriores al secretario general, Alonso Miranda, y el exdirector, Andrés Villamizar. El informe que ordenó el contralor será conocido en julio y da cuenta de la ausencia de soportes de un contrato de supervisión por $1.400 millones, así como distintas falencias en el orden administrativo. Diego Mora, el nuevo director de la entidad desde diciembre de 2014, solicitó el acompañamiento de la Procuraduría en todos los procesos contractuales. La Fiscalía también investiga la entidad y nuevos casos distintos a las denuncias presentadas por el exdirector Villamizar contra su subalterno, Julián Marulanda, quien se encuentra prófugo de la justicia. La Unidad se creó en 2010 y tiene bajo su responsabilidad la protección de tres mil personas amenazadas y con riesgo inminente en el país.
